La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) ha resaltado que el balance riesgo-beneficio del uso de test de antígenos en cribados poblacionales o a demanda en las farmacias es «incierto» y el coste-oportunidad se prevé «importante», puesto que supondrá «derivar recursos de la sanidad pública, fundamentalmente de la Atención Primaria, a profesionales de ejercicio profesional privado».
«Se produce la externalización de una prestación y se introduce en el sistema un nuevo y desconocido instrumento de colaboración público-privada. Las farmacias son un recurso comunitario y la Ley General de Salud Pública contempla su colaboración en programas y estrategias de salud pública. No obstante, no estamos en un contexto que justifique suficientemente derivar de forma generalizada (y sin una profunda reflexión y planificación previa) la prestación de este servicio sanitario a ámbitos, a priori, poco adecuados», señalan en un comunicado.
Según explican, la utilización de los test de antígenos puede estar justificada cuando haya «escasez de ensayos de PCR o si el tiempo de respuesta del resultado es superior a 24 horas». «Ahora bien, si un Estado decide utilizarlas, deben ser realizadas por personal sanitario capacitado, conforme a lo previsto en las instrucciones de su fabricante y en los protocolos para la obtención y el manejo de muestras eficientes», indican.
«En situaciones de alta transmisión y medidas restrictivas, con escasez de PCR o demora diagnóstica y gran presión asistencial en centros de Atención Primaria, sería necesario poner en la balanza los riesgos derivados de los falsos negativos (particularmente en entornos de alto riesgo) y falsos positivos con el beneficio de detectar y aislar con rapidez casos potencialmente contagiosos en el ámbito comunitario, en función de los recursos y capacidades disponibles», resaltan al respecto.
SESPAS asegura que mantiene una visión «amplia, pluridisciplinar y cooperativa» de la salud pública y de la Atención Primaria y Comunitaria que, además de médicos y enfermeras, ha de incluir también a otros profesionales como farmacéuticos, psicólogos, trabajadores sociales, etc. «Ahora bien, la presión social y mediática para realizar cribados masivos e indiscriminados y de ligar su automática realización de forma directa a las farmacias nos parece un argumento engañoso y no exento de riesgos y de importantes problemas», puntualizan.
«El principio de precaución exige evaluar primero si ese tipo de pruebas masivas son o no pertinentes y, de ser así, elaborar después un plan que atienda siempre a criterios de salud pública. Solo después de realizar estas actuaciones previas se puede valorar la idoneidad de realización de test en las farmacias para casos excepcionales», añaden.
Así, consideran que la realización de estas pruebas rápidas en las farmacias debería realizase, en todo caso, «garantizando todas las condiciones necesarias para llevarlos a cabo de forma segura, eficaz y perfectamente coordinada con Atención Primaria y Salud Pública, en el marco de la detección precoz, vigilancia y control de la COVID-19, lo que implica formación, disponibilidad de equipos de protección individual y establecimiento de circuitos de sucio y limpio». «Todo ello obliga a actuaciones bajo el principio de seguridad. A este respecto, no se puede pasar por alto la infraestructura y las características de las farmacias, lógicamente acordes con su actividad principal», concluyen.
