El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha reclamado este martes al Gobierno la liberación de los condenados por el ‘procés’ antes de las elecciones catalanas previstas para el próximo 14 de febrero, ya sea a través de la reforma penal o de los indultos, para garantizar que los comicios se celebran con «normalidad», en el marco del debate sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Asens ha aprovechado su turno de palabra para reprochar al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que haya abierto la puerta a incumplir el plazo que se dio él mismo para presentar antes de final de año el borrador de la reforma del Código Penal para rebajar las penas de los delitos de sedición y rebelión y ajustarlas a los estándares europeos.
«Celebramos que Europa le abriera los ojos en este asunto, pero ahora es el momento de pasar de las palabras a los hechos, no podemos esperar más», ha dicho Asens, afeando al ministro que Unidas Podemos lleva meses esperando a que responda a su propuesta de reforma penal. «Nada es más injusto que una justicia tardía y cada día que pasa sin abordar esa reforma es un día más de injusticia», ha argumentado.
En la misma línea, ha instado a Justicia a agilizar la tramitación de dichos indultos. Asens ha esgrimido que «las próximas elecciones catalanas deben celebrarse con normalidad y es una anomalía que haya todavía presos independentistas en prisión». «Necesitamos acabar con esa anomalía», ha sostenido, reivindicando que «cualquier propuesta de desbloqueo del conflicto en Cataluña pasa inevitablemente por su desjudicialización».
En una rueda de prensa posterior, Asens ha incidido en que la excarcelación contribuiría a «destensar» el clima político en Cataluña y, en concreto, «facilitaría» que los debates electorales no versaran sobre la situación de estos presos. Desde su punto de vista, habría tiempo para que los estuvieran en la calle para entonces, bien porque el Gobierno les indulte, bien por la reforma del delito de sedición.
El diputado ‘morado’ ha subrayado que Unidas Podemos tiene claro desde que se dictó la sentencia del ‘procés’ que deben ser indultados pero que su «socio de gobierno quiere esperar a ver todos los informes» antes de llevar el tema al Consejo de Ministros. Además, ha apuntado a una posible dilación de plazos. Según Asens, el Tribunal Supremo «lleva más de un mes para lograr un informe que no debería costarle más de una tarde». «Queremos pensar que no es una demora intencionada», ha deslizado.
«MONEDA DE CAMBIO»
El portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha criticado precisamente a Campo por permitir que se use al Ministerio de Justicia como «moneda de cambio» para conseguir el apoyo de ERC y Bildu a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). «Es una vergüenza que los presupuestos se cambien por indultos, por la reforma de los delitos de sedición y rebelión y que se mire para otro lado cuando se hacen homenajes a presos etarras», ha denunciado.
En un tono similar, el diputado del PP Luis Santamaría ha criticado al PSOE por las «cesiones ignominiosas que avergüenzan al socialismo de bien» porque –según ha dicho– «han cambiado presos por presupuestos» y pretenden «blanquear a Bildu». Frente a ello, ha insistido en la propuesta ‘popular’ de crear una sección en la Fiscalía de la Audiencia Nacional para esclarecer los crímenes no resueltos de ETA.
Asens ha contestado a Bal que «no hay ningún intercambio de cromos», ya que se trata de «un compromiso de legislatura de PSOE y Podemos», y ha dado expresamente las gracias a ERC, Bildu y PNV por «querer dejar atrás unos presupuestos de austeridad, un legado del PP marcado por la degradación de los servicios públicos, los recortes de derechos y la corrupción».
Otro de los temas que ha marcado el debate parlamentario han sido las negociaciones entre PSOE y PP para renovar el actual Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva casi dos años caducado. En este punto, Asens ha vuelto a cargar contra Campo por anunciar «un supuesto pacto inminente» con los ‘populares’. «Es intolerable», ha afirmado, haciendo al mismo tiempo un llamamiento a «poner fin a la situación de secuestro y atrincheramiento que la derecha mantiene del Gobierno de los jueces».
El diputado de Vox Javier Ortega Smith también se ha referido al CGPJ pero en su caso para acusar tanto a PSOE como PP de «repartirse» durante décadas los doce vocales de procedencia judicial, que ha considerado que «deberían haber sido elegidos entre y por jueces y magistrados». Así, ha instado a ambos partidos a acabar con el bloqueo del CGPJ sacando «las sucias manos de los partidos políticos de los órganos de la justicia».
POCO DINERO DE LA UE
La oposición ha reprochado de forma generalizada a Campo que de los 27.000 millones de euros del dinero que recibirá España de la Unión Europea para la recuperación tras la pandemia de coronavirus el Ministerio de Justicia solo haya conseguido 27 millones de euros para los PGE de este año.
«Es solo una milésima parte», ha precisado Santamaría. En su opinión, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «le ha hecho una cobra presupuestaria» por la «falta de agallas» de Campo, al que ha comparado con «la lamentable actuación» de Cagancho en Almagro. Para corregirlo, ha pedido al ministro que llame a Sánchez y, «aunque sea en actitud genuflexa, se coma el orgullo y suplique por esos fondos».
PP, Vox y Ciudadanos han coincidido en denunciar la falta de plazas para jueces y fiscales, subrayando que España se sitúa por debajo de la media europea, y han solicitado más. Campo ha considerado que el hecho de que los nuevos PGE contemplen 240 nuevas plazas para 2021 es una «gran noticia», si bien se ha mostrado consciente de que «debemos mantener un ritmo estable de creación que esperamos poder continuar y en su caso aumentar en un futuro».
Las cuatro asociaciones judiciales han reclamado a Justicia que convoque urgentemente las 300 plazas de oposiciones para jueces y fiscales anunciadas para 2020 y que aumente las previstas para 2021. Campo ha comunicado por carta a la Comisión de Selección que ya ha impulsado la oferta de las 300 plazas pendientes desde el pasado mes de marzo, conforme al máximo que establecen los PGE prorrogados de 2018, según ha informado este martes el Ministerio.
UN PGE PARA LA «TRANSFORMACIÓN» DE LA JUSTICIA
Campo, que ha expuesto en detalle las cuentas de su Ministerio –que asciende a 2.144 millones de euros (un 7,5 por ciento más que en las cuentas anteriores)–, ha defendido que «son unos presupuestos de transformación de la administración de justicia» que permitirán emprender «reformas estructurales en un esquema de cogobernanza» con las comunidades autónomas.
Una de las piezas clave de estos PGE es la digitalización, para la cual se contemplan 110,49 millones de euros (un 2,1% más) y que incluye inversiones en equipos e infraestructuras y actualizaciones de bases y sistemas tecnológicos. Destacan la implantación del expediente judicial electrónico «sostenible» para pasar del papel a los datos y de los servicios audiovisuales en las salas de vista.
El ministro ha reconocido que los 410 millones de euros que Justicia recibirá a lo largo de tres años de la UE son un elemento esencial de este proyecto. Los 27,74 millones de euros de 2021 se usarán en las medidas tecnológicas frente a la COVID-19, como la inmediación digital, la cita previa y el teletrabajo. Una vez aprobadas las leyes de eficiencia organizativa, procesal y digital –ha explicado Campo–, 2022 y 2023 serán para ejecutar el grueso de los fondos europeos, 382 millones de euros, «de forma realista y coordinada».
