miércoles, 11 diciembre 2024

Suspendida la declaración prevista del ex secretario general técnico del Popular

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso ‘Popular’ José Luis Calama ha decidido suspender la declaración prevista para este miércoles en calidad de testigo del que fuera secretario general técnico del Banco Popular Miguel Ángel Moral, después de que presentara síntomas compatibles con la Covid-19. De momento, no hay fecha fijada para su declaración en el marco de la causa que se sigue por las presuntas irregularidades que llevaron a la resolución y posterior venta de esta entidad a mediados de 2017.

Ésta era la segunda vez que se le citaba, dado que en la primera ocasión a mediados de noviembre el exdirectivo del banco extinto no compareció ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 porque hubo un problema con el trámite de citación. No obstante esta no fue la primera fecha que asignó el magistrado que propuso que declarara el 1 de diciembre.

Su declaración se iba a producir después de que el pasado jueves el juez decidiera imputar al ex director de Admisión de Riesgos del Popular Carlos Fernández después de haberle citado como testigo. La declaración duró apenas una hora y el testigo corrió la misma suerte que la que fuera directora de Auditoría Interna de la entidad Yolanda García Cagiao, que también salió finalmente como imputada tras haber declarado como testigo.

El caso ‘Popular’ se ha centrado en las últimas declaraciones en indagar sobre la financiación a clientes para que acudieran a la adquisición de acciones durante la ampliación de capital de 2016. El magistrado acordó en noviembre imputar a otros cinco exdirectivos de la entidad precisamente por presuntos delitos de estafa a inversores o falsedad contable en relación a esa financiación.

En esta causa, el juez investiga dos fases del proceso que acabó con la venta del banco por un euro al Santander: las presuntas irregularidades contables en las que el Popular habría incurrido con la ampliación de capital y las filtraciones a prensa un año después que habrían provocado la resolución a mediados de 2017.