La Audiencia Nacional vuelve a poner el foco en la trastienda financiera de una de las operaciones corporativas más polémicas de los últimos años dentro del sector de la aviación comercial española. El Tribunal Central de Instancia, a través de su Sección de Instrucción, ha dictado una providencia formal por la que ordena a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) la realización de un estudio riguroso, profundo y exhaustivo sobre toda la evolución histórica del capital social de la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas S.A.
La decisión judicial, firmada por el magistrado-juez José Luis Calama Teixeira, responde de manera directa a la petición formal elevada por el Ministerio Fiscal el pasado 31 de julio. La Fiscalía Anticorrupción considera imprescindible desentrañar los entresijos registrales, los movimientos accionariales y los flujos monetarios que permitieron la transformación corporativa de la compañía aérea, especialmente desde que se produjo la llegada masiva de inversores procedentes de Venezuela a partir del año 2017. Este procedimiento judicial avanza con paso firme para esclarecer cada uno de los aspectos económicos vinculados a la gestión de la entidad mercantil.
Del nacimiento en 2011 a la transformación accionarial
Constituida originalmente el 25 de agosto de 2011 por los socios fundadores Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, la entidad experimentó profundas modificaciones en su estructura corporativa con el paso de los años. Según consta en la documentación del procedimiento judicial, el punto de inflexión se sitúa de forma temporal en el año 2017, momento en el que diversas personas físicas y jurídicas vinculadas al entorno venezolano comenzaron a tomar posiciones de control estratégico tanto en el accionariado como en los órganos de administración y gestión de la empresa.
El ministerio público apoya su solicitud en un informe previo elaborado por la UDEF-BBCA a finales del año pasado, concretamente el 14 de noviembre de 2025. Dicho análisis policial ya dejaba constancia de que, en abril de 2021, la radiografía del capital social presentaba una composición sumamente heterogénea. Entre los principales partícipes figuraban nombres como Hani Sahatna, con un peso destacado dentro del capital social, seguido por sociedades como Tely Padin SL, Alba Brunswick Mena SL, además de Flavio Bórquez y Héctor Tobía, junto a una extensa lista de mercantiles e inversores particulares. La complejidad de este entramado societario ha exigido una revisión sistemática por parte de las autoridades judiciales para determinar el origen exacto de los fondos que sustentaron la actividad de la aerolínea durante los ejercicios posteriores a su reestructuración corporativa.
Los protocolos notariales y el desembarco de capital extranjero
El magistrado instructor y la fiscalía pretenden esclarecer con el máximo detalle la naturaleza jurídica y económica de las aportaciones dinerarias realizadas mediante diversos protocolos notariales. El informe de la fiscal interviniente, Elena María Lorente Pablo, subraya que el acceso de este capital extranjero a la estructura de la sociedad española se canalizó a través de múltiples escrituras públicas que ahora deben ser sometidas a una fiscalización minuciosa por parte de las unidades especializadas de la policía judicial.
Entre los inversores y gestores señalados expresamente en la causa figuran perfiles como Camilo Ibrahim Issa —quien cuenta con nacionalidad española—, Rodolfo Reyes Rojas, María Aurora López López, Héctor Antonio Tobía Roye y Flavio Bórquez Tarff. Asimismo, la investigación judicial contempla el papel desempeñado por otros actores que mantuvieron relaciones financieras directas o de responsabilidad orgánica con la compañía, tales como Raif El Arigie Harbie y Alcíades José Carion Carrión. La revisión de estos instrumentos notariales resulta clave para entender cómo se estructuraron las ampliaciones de capital y si estas respondieron a aportaciones reales de fondos procedentes del extranjero.
La lupa sobre la ayuda pública y los desembolsos efectivos
La enorme relevancia que adquiere esta instrucción judicial radica en la necesidad imperiosa de valorar qué incidencia real tuvo la inyección de este capital venezolano en la consideración y viabilidad de la aerolínea, justo en un momento tan sensible como la tramitación de la ayuda pública que la compañía solicitó formalmente el 1 de septiembre de 2021. La posible afectación de estos movimientos accionariales sobre la calificación jurídica de la empresa ante los organismos estatales de ayudas públicas centra gran parte de las pesquisas actuales en la Audiencia Nacional.
Por este motivo, el mandato judicial exige de forma expresa a la UDEF que trace una línea temporal completa y detallada desde los orígenes de la entidad mercantil hasta la actualidad. Los agentes policiales adscritos a la unidad especializada deberán auditar con luz y taquígrafos los desembolsos concretos y efectivos, la realidad económica de las aportaciones dinerarias y cualquier otro elemento financiero relevante que permita despejar de manera definitiva las incógnitas sobre la verdadera estructura de financiación de Plus Ultra bajo la estricta supervisión de la Audiencia Nacional.
