La Fiscalía Europea ha dado un nuevo paso en una de las investigaciones más complejas relacionadas con la gestión de fondos europeos en España. Mediante un decreto fechado el 17 de julio de 2026, los fiscales delegados han decidido avocar nuevamente una pieza separada abierta por el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid para investigar la adjudicación del expediente 044/20-ED de Red.es, correspondiente al servicio Acelera Pyme-Servicio de apoyo y asesoramiento, al considerar que concurren los requisitos para que sea el órgano europeo quien dirija las pesquisas.
La decisión supone un movimiento de enorme trascendencia jurídica porque devuelve a la Fiscalía Europea el control sobre una investigación relacionada con un contrato financiado con fondos FEDER, después de varios meses de controversia competencial entre este organismo y el juzgado madrileño que instruye el conocido como caso Begoña Gómez.
Aunque el decreto tiene naturaleza estrictamente procesal, su contenido permite comprender que la investigación sobre determinados contratos públicos continúa abierta y que las instituciones europeas consideran que existen elementos suficientes para asumir directamente aquellas actuaciones que puedan afectar a los intereses financieros de la Unión Europea. Conviene recordar que esta decisión no implica la existencia de condenas ni prejuzga la responsabilidad penal de las personas investigadas, sino que determina qué órgano resulta competente para continuar las diligencias.
La resolución llega después de una larga sucesión de actuaciones iniciadas en 2025, cuando la Fiscalía Europea ya decidió asumir parcialmente la investigación relativa a varios contratos adjudicados por Red.es a la UTE Innova Next SLU-Escuela de Negocios The Valley, financiados con recursos comunitarios. Desde entonces se han practicado numerosas diligencias, incluyendo informes periciales de la IGAE, investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, declaraciones testificales y el análisis de abundante documentación administrativa.
Un contrato que vuelve al centro de la investigación europea
El nuevo decreto gira alrededor del expediente 044/20-ED, correspondiente al servicio de oficina Acelera Pyme, adjudicado a una UTE formada por Innova Next y KPMG y financiado mediante fondos FEDER. Según explica la resolución, este contrato había quedado inicialmente fuera de la avocación realizada anteriormente, circunstancia que motivó distintas actuaciones procesales y recursos por parte de las defensas.
Uno de los momentos clave llegó cuando el Tribunal Central de Instancia dejó sin efecto una anterior avocación al considerar que ese expediente ya había formado parte del procedimiento seguido por el Juzgado número 41 y que no podía reabrirse como una investigación independiente en esos términos.
Sin embargo, el escenario cambió posteriormente. La propia Fiscalía Europea explica que recibió información del juzgado madrileño indicando que el expediente 044/20-ED había pasado a tramitarse mediante una pieza separada, distinta del procedimiento principal y con diligencias propias aún pendientes de practicar.
Ese cambio resulta determinante para la decisión adoptada ahora. Los fiscales europeos sostienen que, al haberse segregado del procedimiento principal y no formar parte del futuro juicio derivado de las diligencias originales, concurren nuevamente los requisitos para ejercer el denominado derecho de avocación, mecanismo previsto por el Reglamento europeo para asumir investigaciones relacionadas con delitos que puedan perjudicar los intereses financieros de la Unión Europea.
La resolución insiste en que el expediente objeto de investigación no aparece incluido en el auto de transformación del procedimiento principal ni figura entre los hechos que serán objeto de acusación, motivo por el que entiende que debe investigarse de manera independiente bajo la dirección de la Fiscalía Europea.
Los posibles delitos que analiza la Fiscalía Europea
El decreto dedica una parte especialmente relevante a explicar cuáles son los posibles delitos que podrían llegar a apreciarse si las diligencias de investigación confirman los indicios existentes. La resolución aclara expresamente que la calificación es provisional y depende del resultado de las actuaciones pendientes.
En concreto, la Fiscalía Europea señala que los hechos podrían ser constitutivos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación administrativa, figuras penales que extendería igualmente al expediente ahora asumido por considerar que presenta el mismo contexto fáctico que otros contratos ya investigados.
La resolución añade que las pesquisas pretenden determinar si la adjudicación pudo provocar un eventual desvío de fondos europeos mediante una resolución administrativa presuntamente injusta, extremo que deberá acreditarse durante la investigación y que, por el momento, constituye únicamente una hipótesis de trabajo de los investigadores.
El decreto fundamenta además la competencia de la Fiscalía Europea recordando que el Reglamento comunitario atribuye a este organismo la investigación de aquellos delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión, especialmente cuando los contratos públicos estén financiados con recursos europeos como ocurre, según sostiene la resolución, con este expediente de Red.es.
La conexión con el caso Begoña Gómez y el papel de Juan Carlos Barrabés
La decisión de la Fiscalía Europea no puede entenderse sin el contexto de la investigación que desde hace más de dos años se sigue en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, donde se analizan distintas adjudicaciones públicas relacionadas con Red.es y con el empresario Juan Carlos Barrabés. Precisamente, la resolución recuerda que el procedimiento europeo nació a partir de una avocación parcial acordada en 2025 sobre varios contratos financiados con fondos europeos adjudicados a Innova Next y a la Escuela de Negocios The Valley, empresas vinculadas a algunos de los expedientes objeto de investigación.
Desde entonces, ambas investigaciones han avanzado de forma paralela. Mientras el juzgado madrileño continuó instruyendo aquellos hechos que entendía de competencia nacional, la Fiscalía Europea centró sus esfuerzos en los contratos sufragados con dinero procedente de la Unión Europea. Esa división de competencias explica buena parte de los recursos y discrepancias procesales que han marcado la evolución del procedimiento durante los últimos meses.
El decreto revela además que la investigación ha seguido ampliándose gracias a nuevas diligencias practicadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que entregó a la Fiscalía Europea el atestado 38/2026 tras analizar las comunicaciones electrónicas almacenadas en las cuentas de Office 365 de trece personas relacionadas con la tramitación de varios expedientes de Red.es. Ese informe constituye uno de los elementos que motivan la nueva decisión de asumir la investigación sobre el contrato 044/20-ED, al considerar que puede guardar conexión con el resto de contratos financiados con fondos comunitarios.
La resolución no entra a valorar la responsabilidad penal de ninguna persona concreta ni incorpora conclusiones definitivas sobre los hechos investigados. Su finalidad es exclusivamente determinar qué autoridad debe continuar la investigación. Aun así, el documento deja claro que los fiscales consideran que existen «las mismas circunstancias fácticas y jurídicas», con los mismos investigados y un supuesto modus operandi similar al analizado en el procedimiento europeo ya abierto, razón por la que entienden que resulta necesario mantener una investigación unificada respecto de los contratos financiados con fondos europeos.
Qué cambia tras la avocación acordada por la Fiscalía Europea
Uno de los aspectos más relevantes del decreto es el efecto inmediato que produce el ejercicio del derecho de avocación. Conforme al Reglamento europeo y a la Ley Orgánica 9/2021, cuando la Fiscalía Europea asume una investigación, las autoridades nacionales deben remitir toda la documentación relativa a esa parte del procedimiento y abstenerse de seguir practicando nuevas diligencias sobre esos mismos hechos, salvo aquellas actuaciones urgentes que resulten imprescindibles.
En consecuencia, el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid deberá remitir un testimonio completo de la pieza separada relativa al expediente 044/20-ED, mientras que la Fiscalía Europea pasará a dirigir íntegramente las actuaciones relacionadas con ese contrato. El decreto ordena igualmente comunicar la decisión tanto al juzgado como a la Fiscalía General del Estado, iniciándose una nueva fase procesal en la que serán los fiscales europeos quienes determinen las diligencias de investigación que consideren oportunas.
La resolución también delimita con precisión el alcance de esta decisión. Los fiscales subrayan que no todos los hechos investigados por el Juzgado número 41 pasan a ser competencia de la Fiscalía Europea. Aquellos contratos financiados exclusivamente con fondos nacionales y que no guarden una relación indisociable con los recursos europeos seguirán siendo investigados por la jurisdicción española. La avocación se limita exclusivamente al expediente 044/20-ED y a los hechos relacionados con la adjudicación de ese contrato financiado mediante fondos comunitarios.
Desde el punto de vista jurídico, la decisión refuerza el papel que la Fiscalía Europea viene desempeñando en España desde su creación. El organismo recuerda que su misión consiste en proteger los intereses financieros de la Unión y que su competencia alcanza aquellos delitos que puedan afectar al presupuesto comunitario, incluyendo supuestos de corrupción, malversación o fraude cuando exista financiación europea.
La nueva avocación no supone, por tanto, el cierre de la investigación ni anticipa un eventual juicio. Más bien abre una nueva etapa en la que los fiscales europeos tratarán de esclarecer si la adjudicación del contrato de Acelera Pyme respetó la legalidad y si existió alguna irregularidad que pudiera haber perjudicado a los intereses económicos de la Unión Europea. Hasta que esa investigación concluya, todas las personas afectadas mantienen plenamente la presunción de inocencia, principio que seguirá presidiendo un procedimiento que continúa en fase de instrucción.
Con este movimiento, la Fiscalía Europea vuelve a situarse en el centro de una de las investigaciones más relevantes sobre la gestión de fondos europeos en España. El desenlace de las diligencias determinará si los indicios apreciados hasta el momento se consolidan o quedan descartados, pero el decreto deja claro que, desde ahora, será la institución comunitaria quien marque el rumbo de esta pieza separada del caso Red.es.
