EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha advertido este martes de que su formación no dará ‘ni un voto’ al Gobierno si Cataluña no es excluida del reparto de los menores migrantes llegados a Ceuta.
- ¿Quién está detrás? Junts, el partido que con sus siete diputados sostiene la mayoría parlamentaria de Pedro Sánchez; la declaración fue difundida por la propia Nogueras en sus redes.
- ¿Qué impacto tiene? La amenaza pone en vilo la capacidad del Ejecutivo para sacar adelante el plan de acogida y cualquier otra iniciativa que requiera el apoyo de la mayoría de investidura.
La advertencia de Miriam Nogueras, difundida este martes, condiciona cualquier respaldo futuro de Junts en el Congreso a la exclusión de Cataluña del mecanismo de distribución de menores que el Gobierno prepara tras la crisis migratoria de la semana pasada. El aviso llega en un momento especialmente delicado para el Ejecutivo: el plan de acogida aún está en fase de diseño y necesita el respaldo de todos los grupos que facilitaron la investidura de Sánchez.
La línea roja que Junts vuelve a dibujar
Nogueras no ha dejado margen a la ambigüedad: ‘Junts no da ni un voto si NO se deja en Catalunya FUERA del reparto’, ha publicado en su cuenta de ‘X’, según ha recogido Europa Press. La dirigente independentista ha recordado que en 2025 ya logró lo que califica como ‘lo que nunca había hecho nadie’: que Cataluña fuera la única comunidad autónoma excluida del sistema de traslados.
Y lo hizo, ha subrayado, sin el respaldo del resto de diputados catalanes, a los que ha acusado de aceptar ‘como siempre y sin recursos’ que España ‘siguiera abusando de los catalanes y se siguiera tensionando a un país que ya no puede más’.
En su mensaje, Nogueras ha anticipado críticas: ‘Algunos nos tacharán de racistas’, ha dicho, para acto seguido defender su postura como un acto de defensa de Cataluña frente a ‘la palabrería’ y la ‘arrogancia’ de otros perfiles catalanes. Los repartos que tensan a Cataluña, insisten, son un ejemplo de esa presión insoportable.
El precedente de 2025: la exclusión que marcó la diferencia
El año pasado, Junts condicionó su voto a la Ley de Acogida para que Cataluña quedara fuera de los cupos obligatorios. El Gobierno de Sánchez, entonces con una aritmética aún más ajustada, accedió a una excepción territorial que permitió desbloquear la norma. Aquella cesión generó fuertes tensiones en el resto del Grupo Parlamentario Socialista y críticas tanto del PP como de los socios de izquierdas, que vieron en la exclusión un agravio comparativo.
Ahora, la crisis de Ceuta –con un número aún sin precisar oficialmente de menores llegados en apenas unos días– vuelve a colocar al Ejecutivo ante una disyuntiva similar: ceder a la exigencia de Junts para preservar la mayoría o intentar un reparto solidario que sume apoyos suficientes sin el partido de Carles Puigdemont.
El Gobierno necesita los votos de Junts, pero ceder a la exclusión territorial reabre la herida con otros socios y con la militancia socialista.
El Eje del Poder Socialista
En Ferraz se sigue con atención cada movimiento de los socios parlamentarios. La amenaza de Nogueras, aunque esperada, desestabiliza el frágil equilibrio que permitió a Sánchez superar la investidura hace tres años. El equipo de María Jesús Montero, como principal interlocutora con los grupos, ve la exigencia como un nuevo pulso que puede escalar si no se gestiona con cintura.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista se insiste en que cualquier solución debe conjugar la solidaridad territorial con el interés superior de los menores. Sin embargo, el precedente de 2025 resta margen al argumentario oficial. Si Cataluña queda fuera, el resto de comunidades autónomas –muchas gobernadas por el PP– redoblarían sus críticas. Si no se cede, Junts podría bloquear votaciones clave. En la Moncloa, fuentes del Ejecutivo reconocen que la amenaza es real, pero confían en que el diálogo con otros grupos, como EH Bildu o el PNV, permita compensar la minoría si finalmente los de Puigdemont retiran su apoyo.
En el plano interno, la dirección federal es consciente de que una nueva cesión unilateral a Junts abriría un flanco con el PSC y con otros barones socialistas, como Emiliano García-Page o Adrián Barbón, que defienden una política de acogida equitativa. Pedro Sánchez, como en otras ocasiones, apuesta por la negociación hasta el último minuto, buscando un equilibrio que evite la fractura. Sumar –socio de Gobierno– defiende un reparto obligatorio para todas las autonomías, lo que añade otra variable a la ecuación. Si Junts consigue su objetivo, otras fuerzas nacionalistas como ERC o el PNV podrían reclamar el mismo trato, multiplicando los problemas de gestión.
La crisis de Ceuta añade urgencia al debate. Los menores ya están en centros de acogida saturados y el Gobierno necesita un plan de distribución antes de que la situación humanitaria se agrave. El próximo Pleno del Congreso –aún sin fecha fija, pero esperado antes de finales de agosto– podría convertirse en el primer test de fuerza si se presenta una iniciativa sobre el reparto.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: La gobernabilidad exige negociación permanente con todos los socios, pero la solidaridad entre territorios en la acogida de menores vulnerables es un principio irrenunciable.
- Protagonista: Miriam Nogueras (portavoz de Junts en el Congreso).
- Próximo hito: Posible votación en el Congreso sobre el plan de distribución de menores, aún sin calendario confirmado por el Gobierno.
