La crisis migratoria vivida en Ceuta entre el 27 de julio y el 2 de agosto de 2026 ha dado un nuevo salto con la presentación de una amplia querella ante la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia. La acción judicial, promovida por HazteOír mediante el ejercicio de la acción popular, solicita que se investigue si la entrada masiva de decenas de miles de personas en la ciudad autónoma fue el resultado de una acción concertada organizada desde Marruecos y reclama además que se depuren posibles responsabilidades de autoridades españolas por las decisiones adoptadas durante aquellos días.
El escrito, de más de doscientas páginas, pretende acumularse a las Diligencias Previas 64/2026, abiertas tras una denuncia anterior y en las que ya se ha solicitado un informe policial para determinar si la avalancha migratoria respondió a una organización criminal o a una operación dirigida desde el extranjero. La querella sostiene que existen nuevos hechos e indicios que justificarían ampliar la investigación.
Más allá de las consecuencias políticas, el documento intenta trasladar el debate al ámbito penal. Para ello, no solo dirige la mirada hacia presuntos responsables marroquíes, sino también hacia diferentes autoridades españolas por las órdenes impartidas durante la gestión de la emergencia, una circunstancia que convierte este procedimiento en uno de los más ambiciosos derivados de la crisis de Ceuta.
Una querella que plantea una operación organizada y no una simple crisis migratoria
El eje central del escrito consiste en sostener que los acontecimientos registrados en la frontera de Ceuta no fueron un episodio espontáneo, sino una actuación organizada y dirigida. La querella afirma que la irrupción masiva habría contado con la participación o la colaboración de miembros de los servicios de inteligencia marroquíes, de responsables de la Gendarmería Real y de otros organizadores cuya identidad todavía no ha sido determinada. Se trata, sin embargo, de acusaciones formuladas por la parte querellante que deberán ser objeto de investigación judicial.
Según el documento, durante los días 30 y 31 de julio accedieron a Ceuta entre 50.000 y más de 60.000 personas, dependiendo de las distintas cifras recogidas por el Ministerio del Interior y el Gobierno de la Ciudad Autónoma. La querella también recoge que el presidente del Gobierno calificó públicamente aquellos hechos como un «ataque a la integridad territorial de España», aunque atribuyéndolos a las mafias y destacando al mismo tiempo la colaboración de Marruecos.
Uno de los aspectos que mayor relevancia adquiere en el escrito es la referencia a informaciones periodísticas según las cuales el Estado Mayor de la Guardia Civil habría detectado mediante el sistema de videovigilancia la presencia de agentes de inteligencia marroquíes mezclados entre quienes cruzaban la frontera. Asimismo, la querella menciona testimonios publicados en distintos medios internacionales y nacionales para sostener la hipótesis de una actuación planificada. Todos estos elementos son incorporados como indicios cuya veracidad deberá ser comprobada durante la instrucción.
El documento también sitúa el contexto previo de la crisis. Recuerda que días antes el Tribunal Supremo había fijado doctrina sobre la imposibilidad de aplicar devoluciones en frontera a quienes accedieran a nado, al tiempo que señala que no se instalaron elementos de contención marítima hasta después de producirse la entrada masiva. Del mismo modo, sostiene que existían señales previas de incremento de llegadas y que las autoridades disponían de información suficiente para prever un escenario de alta presión migratoria.
Las decisiones del Gobierno y las responsabilidades que la querella pide investigar
Además de centrar buena parte de las acusaciones en la supuesta actuación coordinada desde Marruecos, la querella dedica un extenso apartado a analizar la respuesta ofrecida por las instituciones españolas durante la crisis. El escrito sostiene que existieron decisiones y omisiones que deberían ser investigadas para determinar si pudieron tener relevancia penal, una cuestión que, en todo caso, corresponderá dilucidar a la Audiencia Nacional durante la instrucción.
Uno de los principales argumentos de la acción popular gira en torno a la petición formulada por el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta para que el Gobierno declarara la emergencia de interés nacional y estableciera un mando único que coordinara todos los recursos disponibles. Según recoge el documento, esa solicitud fue rechazada por el Ministerio del Interior, que argumentó que la normativa de Protección Civil no contempla los flujos migratorios entre los supuestos previstos para activar ese mecanismo extraordinario.
La querella también incorpora como elemento de investigación las supuestas órdenes transmitidas a los efectivos policiales durante las primeras horas de la avalancha. Entre ellas destaca la instrucción que, según diversas publicaciones recogidas en el escrito, habría indicado a los agentes: «Garantizad vuestra integridad, dejaos ver, pero sin intervenir», limitando la actuación a situaciones de riesgo vital. Igualmente, el documento sostiene que el despliegue de las Fuerzas Armadas se produjo de manera progresiva y con funciones limitadas de apoyo logístico y vigilancia, sin asumir competencias propias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
A partir de estos hechos, la querella solicita que se investiguen posibles delitos como prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, denegación de auxilio, omisión del deber de impedir determinados delitos e incluso eventuales responsabilidades por imprudencia grave derivadas de la gestión de la emergencia. El propio escrito aclara que esa calificación jurídica tiene un carácter «indiciario y provisional», pendiente de lo que determine la investigación judicial.
Otro de los aspectos destacados es el amplio catálogo de diligencias que se solicita practicar. La acusación popular reclama la conservación de grabaciones de videovigilancia, comunicaciones oficiales, órdenes operativas, imágenes captadas por drones, registros del 112 y documentación de distintos ministerios. También solicita informes al Centro Nacional de Inteligencia, a la Guardia Civil, a Frontex y a otros organismos nacionales e internacionales con el objetivo de reconstruir cronológicamente lo ocurrido durante aquellos días.
Una investigación que puede marcar el futuro judicial de la mayor crisis migratoria reciente
Más allá de la trascendencia política, la querella refleja la intención de trasladar al ámbito judicial todas las incógnitas que siguen rodeando la mayor crisis migratoria registrada en Ceuta desde 2021. El documento insiste en que deberán aclararse aspectos como el origen de la movilización masiva de personas, la eventual participación de agentes extranjeros, la respuesta de las autoridades españolas y las consecuencias humanas, económicas y sociales derivadas de aquellos acontecimientos.
Entre esas consecuencias, el escrito menciona el elevado número de fallecidos cuya cifra definitiva todavía debería determinarse oficialmente, la saturación de los recursos destinados a menores extranjeros no acompañados, los daños sufridos por el comercio, la hostelería y el turismo de Ceuta, la suspensión de la Feria de 2026, así como el importante despliegue posterior de efectivos policiales, militares y sanitarios para recuperar el control de la situación.
La querella concluye solicitando formalmente su admisión a trámite, la personación de HazteOír como acusación popular y la práctica de todas las diligencias propuestas para esclarecer los hechos y depurar, en su caso, las responsabilidades penales que pudieran existir. La decisión sobre si la investigación amplía su alcance corresponderá ahora al órgano judicial encargado de las diligencias, que deberá valorar los indicios aportados y determinar qué actuaciones resultan procedentes.
