El magistrado José Luis Calama ha autorizado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) a auditar más de sesenta cuentas bancarias de José Luis Rodríguez Zapatero, de sus familiares directos y de varias sociedades vinculadas a la causa que investiga el presunto tráfico de influencias en el rescate de Plus Ultra. Diez semanas después de que trascendiera su imputación, el auto dictado el pasado 29 de julio sitúa al expresidente socialista al frente de una trama que califica de «estructura organizada y estable».
La resolución judicial detalla que la pesquisa policial coloca a Zapatero como «líder» de una red que habría ejercido influencias ilícitas a cambio de contratos simulados de asesoría. El juez atiende así la petición de los investigadores para rastrear el flujo de fondos que, según los indicios acumulados, nutrió las cuentas personales del exmandatario y, de manera significativa, las de la sociedad Whathefav, administrada por sus hijas.
El cerco judicial a las cuentas y el papel de la empresa de sus hijas
El auto describe a Whathefav como «principal receptora de fondos del entorno societario» de Julio Martínez, el colaborador que habría intermediado. Entre 2020 y 2025, la empresa de las hijas del exdirigente recibió 242.423 euros de Análisis Relevante, 20.993 euros de Agropecuaria Lucena, 18.150 euros de Pickashop y, sobre todo, 561.440 euros de Inteligencia Prospectiva. Esta última sociedad, controlada por dos hermanos venezolanos, movió más de 2,6 millones de euros pese a no tener actividad económica acreditada, según la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF).
La UDEF sostiene que Whathefav funcionó como un instrumento para «generar facturación ad hoc y dotar de cobertura formal a movimientos financieros» cuyo verdadero fin era distribuir los fondos procedentes de clientes como Plus Ultra, Análisis Inteligente y Softgestor. El juez asume esa hipótesis como indicio sólido y mantiene que la organización «retribuiría los servicios ilícitos mediante contratos de asesoría simulados, permitiendo justificar pagos cuyo destino real serían José Luis Rodríguez Zapatero y la sociedad Whathefav».
La autorización para examinar más de sesenta cuentas alargará la instrucción durante meses, en una causa que ya apuntaba a una larga tramitación. Además, la resolución profundiza en los movimientos bancarios de las hijas del expresidente y de la secretaria personal de Zapatero, así como de Julio Martínez y de un amplio entramado de sociedades instrumentales. El juez no ha fijado aún fecha para el archivo o la elevación a juicio oral.
La respuesta del PSOE y el equilibrio entre justicia y estrategia
Desde que se conoció la imputación, la dirección federal del PSOE ha optado por un perfil institucional bajo. Ferraz evita cualquier comentario oficial que pueda interpretarse como injerencia en la causa, mientras fuentes del partido consultadas por este medio transmiten que el proceso afecta a un expresidente a título individual y no empaña la labor del actual Gobierno de coalición. Pedro Sánchez ha centrado su agenda en la gestión de los fondos europeos y en la preparación del próximo curso político, sin mencionar el caso en sus comparecencias.
Eso sí, el silencio no significa inacción: los equipos de comunicación del Grupo Parlamentario Socialista han preparado un argumentario que disocia la figura de Zapatero —cuyo legado como presidente sigue siendo reivindicado por sectores del partido— de la acción del Ejecutivo. La consigna es clara: «respeto absoluto a la investigación y confianza en la Justicia». En el ámbito territorial, barones como Emiliano García-Page han reiterado en privado que cada cual debe responder por sus actos, pero que el PSOE tiene hoy un proyecto de país anclado en las políticas sociales y en en la defensa de la cohesión territorial.
El caso Plus Ultra sacude al PSOE, pero el partido confía en que la separación entre la gestión actual y el pasado permita amortiguar el golpe político.
El Eje del Poder Socialista
El auto del juez Calama coloca al PSOE ante un desafío de equilibrios. Por un lado, la oposición —especialmente el Partido Popular y Vox— ha intensificado sus ataques, utilizando el caso para sembrar dudas sobre la integridad de todo el espectro socialista. Por otro, la coalición con Sumar se mantiene estable y los socios parlamentarios no han hecho del caso un elemento de presión, al menos de momento. En Ferraz evalúan que mientras la imputación se circunscriba al expresidente y a su entorno familiar, sin conexiones probadas con cargos en activo, el impacto electoral será limitado.
Desde el punto de vista territorial, los gobiernos autonómicos del PSOE —Castilla-La Mancha, Asturias, Navarra y la Generalitat de Catalunya— no han sufrido desgaste por esta causa. No obstante, la prolongación de las diligencias hasta bien entrado el otoño mantiene un ruido de fondo incómodo para la campaña de las generales, prevista para el año próximo. La lectura estratégica de la cúpula socialista pasa por blindar el relato de que la Justicia actúa con independencia y que el partido no tiene nada que ocultar.
Un precedente que pesa en el análisis interno es el caso Gürtel, que durante años lastró al PP hasta que la sentencia confirmó la financiación irregular. En el PSOE son conscientes de que cualquier sombra de corrupción, aunque afecte a un exdirigente, puede ser utilizada por los adversarios. De ahí que la consigna sea no alimentar el debate público con declaraciones que puedan ser tergiversadas y dejar que sean los tribunales quienes, con el tiempo, resuelvan.
El próximo hito judicial se espera en septiembre, con las declaraciones del empresario Julio Martínez y del exdirectivo de Plus Ultra Roberto Roselli. Ambos sostuvieron ante notario que contrataron a Zapatero creyendo que intercedería por el rescate de la aerolínea, aunque admiten no tener certeza de que gestionara realmente esas influencias. Para el partido, todo dependerá de si esas comparecencias arrojan nuevas pruebas o se limitan a reforzar indicios sin corroboración documental.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: Separación nítida entre el proyecto socialista de gobierno y los procesos judiciales individuales; respeto absoluto a la actuación de los tribunales.
- Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE).
- Próximo hito: Las declaraciones previstas para septiembre de los empresarios Julio Martínez y Roberto Roselli ante el juez Calama.
