La jueza que instruye el caso Erial, en el que se investigan presuntos sobornos a cambio de adjudicaciones de las ITV y el Plan Eólico Valenciano, ha iniciado el procedimiento para el decomiso de bienes del fallecido exconseller y expresidente de Les Corts, Juan Cotino, que murió el pasado mes de abril por coronavirus y que figuraba como investigado en este proceso junto con su sobrino Vicente y el expresidente de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana.
Así lo ha revelado el fiscal Anticorrupción Pablo Ponce en una entrevista en Les Notícies del matí de À Punt, donde ha señalado que Fiscalía Anticorrupción mantiene activos entre diez y 12 casos de corrupción en la Comunitat Valenciana. De los que él se ocupa, uno se mantiene bajo secreto y es relativo a adjudicaciones en el Ayuntamiento de València.
Ponce ha detallado que la responsabilidad penal se extingue con la muerte de la persona pero ha detallado que la ley también prevé el «decomiso sin condena», que es cuando la acción civil se dirige contra los bienes de una persona fallecida para recuperarlos.
En el caso Erial, ha confirmado que se ha iniciado el procedimiento correspondiente para recuperar los bienes de la persona fallecida, en este supuesto, Juan Cotino, cuya responsabilidad penal también quedó extinguida en el juicio por la visita del Papa Benedicto XVI a València en 2006, dentro del caso Gürtel.
LOS MÁS COMPLICADOS
El fiscal ha subrayado que los casos más complicados son aquellos en los que figuran más personas investigadas, como Taula –relativo al presunto blanqueo y ‘pitufeo’ en el grupo municipal ‘popular’ en la época de Rita Barberá– o el propio Erial, destacado por la cantidad de dinero que se ha conseguido recuperar y que ha cifrado en nueve millones de euros, además de propiedades intervenidas y otro tipo de objetos.
En este caso, ha expuesto lo complicado que ha sido poder seguir el rastro del dinero y ha elogiado el trabajo conjunto y secreto de Policía, Fiscalía y juzgado. Asimismo, ha defendido como «absolutamente necesaria» la prisión para Zaplana al inicio del procedimiento, y ha reconocido que le produjeron sorpresa algunas declaraciones sobre la situación personal del exministro, por su enfermedad, cuando «estaba perfectamente atendido en prisión y medicalizado».
Sobre la recuperación del dinero en otros procedimientos como el caso Cooperación, que ha afectado al exconseller de Solidaridad con el PP, Rafael Blasco, no se ha conseguido recuperar todo el dinero malversado, si bien ha precisado que en cada caso se va «aprendiendo» a manejar mejor la relaciones con las instancias internacionales. «El hecho de que se produzca aquí la acción delictiva no implica que este aquí el dinero, es muy fácil que esté en el extranjero porque es muy sencillo llevarlo fuera», ha resumido.
Ponce ha reconocido que existe un retraso en el caso Taula, por problemas de diversa índole pero no por inactividad de Fiscalía ni de los cuerpos policiales, y ve necesario que se ponga fin «con serenidad» a la instrucción, mientras que el de Alquería, que investiga presuntas irregularidades en contrataciones de la empresa Divalterra, está esa investigación acabada y a la espera de que el juez decida si dicta procedimiento abreviado o sobresee porque no hay diligencias pendientes.
CORRUPCIÓN SIN COLOR POLÍTICO
El fiscal Anticorrupción, que ha hecho hincapié en que la corrupción no tiene «ningún tipo de color» político porque se realiza en cualquier tipo de ámbito y por cualquier persona, ha confirmado que la Comunitat Valenciana es una de las autonomías que más procesos acumula porque es «tradicionalmente rica», hay dinero, tiene costa y operaciones inmobiliarias.
Asimismo, ha hecho ver la falta de medios del ministerio público para afrontar estos casos, en especial informáticos y de análisis, que son fundamentales para desarrollar su trabajo. «Seguimos trabajando con papel y esa es la realidad», ha indicado.
En su opinión, la administración de justicia «muchas veces» llega «tarde» en los casos de corrupción porque se inician tarde, ya que no se denuncia en el momento en el que sucede el hecho, sino con posterioridad, y suele pasar cuando se producen cambios de gobierno. «No hay conciencia de denunciar», resume el fiscal, que recuerda que existe una directiva comunitaria de 2019, que debe trasponer España como tarde en 2021, para crear dentro de las empresas públicas y privadas canales de denuncia y proteger de represalias al denunciante.
Para esa transposición, se debería reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y, en relación con esta reforma, ha apuntado también que en el anteproyecto de ley que concede al fiscal el papel instructor, no se trata de sustituir el juez por el ministerio público sino «renovar una ley del siglo XIX que funciona muy bien para casos sencillos pero no para complicados» y con un sistema de recursos pensado para cuando se sentaba en el banquillo una persona desfavorecida y no presidentes o ministros.
A su juicio, la corrupción «en unos países se combate mejor y en otros peor» pero, lo que debe «avergonzar» es «que no se pongan los medios para combatirla». Para el fiscal, se trata de algo que «no se puede terminar porque es insita a la naturaleza humana», por lo que se debe hacer es «estar en primera línea para prevenirla y sancionar los comportamientos corruptos».
