Vox ha asumido el control de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género de Andalucía, un servicio que el partido ha cuestionado durante años por su presunto sesgo ideológico y que ahora queda bajo la Consejería de Justicia que dirige Manuel Gavira, vicepresidente segundo de la Junta. La cesión, incluida en los decretos de estructura aprobados el pasado jueves por el Gobierno andaluz, supone un paso firme del partido de Santiago Abascal en la gestión de unas competencias que hasta hace poco tildaba de “chiringuitos ideológicos”.
Qué ha obtenido Vox y con qué argumentos lo defendía
La Consejería de Justicia, pilotada por Gavira tras el reciente pacto de coalición con el PP, concentra ahora la organización de los equipos psicosociales de apoyo a la Administración de Justicia, los equipos técnicos de menores y, sobre todo, la capacidad de diseñar los protocolos que rigen las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género. Estas unidades, adscritas a los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, elaboran los informes psicológicos y sociales sobre mujeres maltratadas que luego los juzgados emplean para decidir sobre órdenes de protección o la concesión de ayudas públicas.
Vox sostiene que, durante años, esos equipos han funcionado con criterios políticos y carencia de rigor profesional. Ya en 2019, siendo fuerza de apoyo externo al primer Ejecutivo de Juanma Moreno, la formación exigió —sin éxito— una relación detallada con nombres y apellidos de los funcionarios encargados de esos dictámenes, con el objetivo declarado de “depurar” entre los trabajadores a aquellos que no estuviesen debidamente colegiados o actuasen por “motivos ideológicos”. La respuesta de la Junta de entonces fue ampararse en la Ley de Protección de Datos para no entregar el listado. Ahora, siete años después, el partido de Abascal no solo conoce a esos profesionales sino que tiene la potestad de redefinir su labor.
“Revisar y derogar las leyes ideológicas” es uno de los ejes del documento de gobierno suscrito entre PP y Vox. La formación verde defiende que las normas autonómicas en materia de igualdad de género y contra la violencia machista están lastradas por un “adoctrinamiento” que debe eliminarse. Con la tutela directa de las unidades de valoración, Vox puede alinear los protocolos con su visión de una justicia no ideologizada, centrada en criterios científicos y no en el relato de género que consideran distorsionador.
Impacto inmediato y reacciones a la cesión de competencias
Las fuentes del PP andaluz consultadas restan trascendencia al movimiento. Subrayan que la Consejería de Justicia tiene un margen de maniobra muy acotado, pues la mayor parte de las competencias en materia judicial corresponden al Estado. “La administración de Justicia es prestacional: se limita a proveer medios materiales y humanos, pero no puede dictar cómo deben resolver los jueces”, ilustran. En la práctica, Gavira no puede dar órdenes a los magistrados ni interferir en los procesos, pero sí puede modificar la composición de las unidades, cambiar los protocolos de actuación e incluso suprimirlas, una posibilidad que ya ha puesto en guardia a los sindicatos del sector y a la oposición.
Manuel Gavira y su equipo no han detallado aún sus planes concretos para estos servicios. Este diario ha solicitado información a la Consejería sin obtener respuesta hasta el momento. La incertidumbre es alta: “Podría intentar una reestructuración que choque frontalmente con los representantes de los trabajadores y, probablemente, con el propio PP”, comentan fuentes cercanas al Gobierno andaluz.
La cesión de las unidades de valoración no es un trámite inocuo: coloca a Vox en posición de influir sobre informes determinantes para órdenes de protección y ayudas a víctimas.
Mientras, desde las filas socialistas y de otras formaciones de izquierda se ha denunciado lo que califican de “entrega de la protección a las mujeres al partido que niega la violencia de género”. Las críticas arreciaron durante la sesión del Consejo de Gobierno que dio luz verde a los decretos, y prometen convertirse en uno de los caballos de batalla de la oposición en el Parlamento autonómico.
La estrategia de Vox: gestión creíble y pulso al PP por la derecha
Lejos de un conflicto puramente administrativo, la jugada tiene una lectura estratégica nítida. Vox logra por primera vez un control directo sobre herramientas de diagnóstico social que llevaba años cuestionando, y lo hace desde una consejería que, aunque acotada, le brinda un altavoz permanente en el ámbito de la Justicia. Es la materialización de su discurso contra el “supremacismo de género” y un mensaje a su electorado de que el pacto con el PP no diluye sus señas de identidad.
Para Santiago Abascal, la imagen de un vicepresidente de Vox al frente de Justicia es, además, un contrapunto útil frente a la estrategia de moderación que persigue Moreno. El PP andaluz necesita a Vox para gobernar y, en contrapartida, le otorga un trozo de gestión que permite a los de Abascal presentarse como un partido serio capaz de traducir sus tesis en políticas concretas. Sin embargo, el reto no es menor: la realidad administrativa y legal puede imponer límites que obliguen a Gavira a modular sus promesas más radicales. Pero el logro simbólico ya está conseguido.
Este movimiento refuerza, de paso, el perfil propio que Vox busca marcar ante futuras citas electorales. Mostrar músculo en una competencia tan sensible para la izquierda —y tan cargada de carga ideológica— le permite distanciarse del PP sin necesidad de rupturas. Y para el partido de Moreno, ceder en algo que hace tres años consideraba irrenunciable refleja hasta qué punto la aritmética parlamentaria ha modificado el tablero.
