Tres trabajadores de la campaña de Podemos para las elecciones generales del 28 de abril 2019 comparecerán este lunes en calidad de testigos ante el titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, que intenta determinar si la consultora política Neurona hizo el trabajo para el que fue contratada por el partido o si, por el contrario, hubo un contrato simulado para desviar dinero de las cuentas ‘moradas’.
La ronda de declaraciones comenzará a las 10.00 horas del 21 de diciembre con Tirso Nohales Escribano, cámara de Podemos para las campañas electorales. Según la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege, que ejerce de acusación popular en esta causa y fue quien pidió a Escalonilla esta citación, este empleado hacía el mismo trabajo para el que fue contratada Neurona.
A continuación, el juez escuchará de ‘motu proprio’ a Silvia Santana y Víctor Lasa, otros dos trabajadores de la campaña electoral de Podemos en 2019, la primera para la prestación de servicios audiovisuales y el segundo para la producción electoral de actos electorales, «de cara a comprobar la realidad de prestación por Neurona Comunidad S.L. de los servicios que presuntamente le fueron contratados por el partido político», según consta en el auto de citación.
La investigación de Escalonilla se centra en el contrato que Podemos suscribió con Neurona Comunidad por 363.000 euros para que realizara labores de consultoría política con motivo de dichas elecciones, ya que tanto el juez como la Fiscalía Provincial de Madrid y el Tribunal de Cuentas ven indicios de que pudo ser un contrato simulado –es decir, que no se prestó servicio alguno–, para desviar dinero de las cuentas del partido.
En concreto, el titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid ve «indicios racionales» acreditativos de que los cobros efectuados por Neurona a Unidas Podemos «no tuvieron como finalidad el pago de servicio alguno prestado», sino que habrían sido contratos simulados para ocultar «una distracción de dinero» de las cuentas del partido constitutiva de un delito electoral, conforme ha expuesto en sus autos.
En este contexto, una de las cuestiones principales es dilucidar si Neurona hizo realmente el trabajo para el que fue contratada por Podemos –aunque para ello subcontrató a la empresa mexicana Creative Advice– y si hubo algún tipo de duplicidad con los trabajos que ya hacían los propios empleados de la formación política, algo sobre lo que los tres testigos podrían arrojar luz.
Podemos ha aportado a la causa más de 1.400 documentos para probar que los servicios se prestaron, si bien Escalonilla ha ordenado a la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción (UCDE) que investigue los vídeos entregados pata determinar «la autoría y la fecha de su realización, y cuales otros datos informáticos se puedan obtener», según señaló en un auto.
SOBRECOSTES Y SOBRESUELDOS
La relación contractual entre Podemos y Neurona constituye en estos momentos el principal punto de interés. Sin embargo, Escalonilla investiga otras cuestiones, entre las que destacan los complementos salariales que la gerente y el tesorero del partido, Rocío Val y Daniel de Frutos, aprobaron para ellos y para la abogada Marta Flor y el sobrecoste en las obras de la nueva sede de la formación, que se licitaron por 649.000 euros y se adjudicaron por 1,3 millones de euros.
La causa parte de la denuncia presentada en diciembre de 2019 por el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente por cuatro supuestos ilícitos: los servicios electorales contratados con las empresas Neurona y ABD Europa; el destino de 50.000 euros transferidos de la Caja de Solidaridad del partido a #404 Comunicación Popular; el acceso no consentido al disco duro de una de las trabajadoras ‘moradas’ –la abogada Marta Flor–; y la licitación irregular de obras, incluida las de la nueva sede.
Escalonilla ha archivado las actuaciones en lo relativo a los contratos electorales con ABD Europa y a la llamada ‘Caja B’, pero continúa investigando lo demás. No obstante, la Fiscalía Provincial de Madrid le ha recomendado limitar sus pesquisas al contrato con Neurona, por considerar que las demás cuestiones denunciadas por Calvente son meros «rumores, sospechas o suspicacias».
