Hasta 3.500 euros ganaba un propietario de un coto de caza por permitir que se matara un lobo en su recinto. Los Ayuntamientos también han aprovechado el tirón que tenían las cabezas de estos animales en peligro de extinción dada la obsesión de los cazadores de colgarlas en sus salones. Si los polémicos y poco fiables censos daban luz verde a una cuestionable superpoblación, los tiros estaban al caer. Sin embargo, se les acabó el chollo. El «trofeo» más preciado de los cotos de caza, el lobo ibérico, no se podrá cazar en toda la península a pesar de las quejas de las asociaciones de caza, que argumentan que es un ataque al «medio rural», tal y como ha asegurado la Federación Española de Caza. Solo en Castilla y León, la caza del lobo supone una media de 400.000 euros anuales de beneficio para los que gestionan los cotos.
Ha sido la Comisión Estatal de Patrimonio Natural del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico la que ha aprobado este jueves 4 de febrero la inclusión de todas las poblaciones de lobo existentes en España en el listado de especies en régimen de especial protección. Esta decisión ha caído como un jarro de agua fría tanto para los cazadores, que no podrán decorar sus salones con cabezas de lobos abatidos, como para algunos ganaderos del norte de la península que aseguran que este animal acaba con parte de su ganado. «Durante años ha funcionado y ha dado como resultado el aumento y la recuperación de sus poblaciones”, han asegurado desde la Federación de caza. Pero como reza el chiste, no es que Noé tuviera que matar un par de lobos en el arca para conseguir que la especie sobreviviera.
El gran problema tras esto es el negocio millonario que se esconde tras la caza del lobo. Los cazadores pagan auténticas millonadas por abatir a este animal en el medio natural y llevárselo a casa. Concretamente, hasta 3.500 euros en anuncios que directamente se ven en Internet. La Sierra de la Culebra, en Sanabria (Zamora) es una de las regiones que más ha sufrido la matanza de lobos con la complicidad de la Junta de Castilla y León, que había aprobado en 2019 que en los siguientes tres años (en temporada de caza) se mataran hasta 339 lobos en contra del criterio de asociaciones conservacionistas como Wild World Family (WWF). Para los gestores de cotos y para la Junta no son un número de lobos determinado, sino prácticametne 1,2 millones de euros de beneficio.
Luego están las quejas del lado de los ganaderos. Este colectivo, especialmente en Galicia, Asturias y Cantabria, siempre se ha quejado de que el lobo acecha a sus ovejas. No les ha servido tener ayudas para la tenencia de mastines u otros métodos. Siempre se quejan de que el lobo amenaza su estatus y no quieren dar su brazo a torcer. Algunos directamente los han matado de forma ilegal y otros consideraban que era fruto de la superpoblación de estos animales. En cualquier caso, los ganaderos del norte han ejercido una notable presión sobre el Gobierno autonómico de cada cual para que se siguiera dando luz verde a la caza del lobo. Pero esto se acabó.
“Esta decisión, en la que comunidades que no cuentan con ningún ejemplar en sus territorios han tenido el mismo peso que quienes viven cada día el conflicto que supone la coexistencia del lobo y la ganadería, supone un nuevo abandono del Gobierno al mundo rural y se contrapone a una realidad que indica que allí donde se gestiona el lobo, su población se recupera, mientras que donde se protege estrictamente, disminuye, como es el caso de Portugal”, recalcan desde la Real Federación de Caza. Al parecer, ellos pagan 3.500 euros para matar un lobo por el bien de los ganaderos, tal y como se desprende de este comentario. Básicamente, argumentan que si se permite matar al lobo, la especie se recupera.
Ahora también se controlarán algunas prácticas curiosas propias de los gestores de cotos privados de caza. En una investigación de MONCLOA.com, este medio pudo comprobar que los gestores alimentaban en cebaderos a los lobos con una buena cantidad de animales muertos para promover la supervivencia y proliferación de lobos. Esto, reconocido a este medio por el propio gestor de un coto privado, contribuía, según ellos, a la supervivencia de la especie, pero hay asociaciones conservacionistas que lo que argumentan es que se buscaba que se reprodujeran y sobrevivieran más ejemplares para justificar su posterior caza.
Respecto a la inclusión del lobo en el listado de especies protegidas en toda la península, desde la Federación de Caza aseguran que los votos favorables han sido emitidos en su totalidad por comunidades que no tienen presencia alguna de la especie y que, por tanto, “desconocen totalmente el problema que sufren cada día los ganaderos de las comunidades autónomas con ataques continuos por parte de lobos, por lo que su voto solo puede achacarse a posicionamientos políticos y a presiones ecologistas”. La RFEC ha recalcado en un comunicado que esta decisión no es vinculante y ahora será el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, al que acusa de “un acercamiento continuo a posiciones ecologistas radicales”.
