Cismary Marcano, mujer del opositor venezolano Ernesto Quintero, ha «suplicado» este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que frene la extradición de su marido, acusado de estafar 40 millones de dólares por el Ejecutivo de Nicolás Maduro, asegurando que es «inocente» y advirtiendo de que, si vuelve al país caribeño, podría ser «asesinado».
Quintero, que actualmente se encuentra en la cárcel de Soto del Real, en Madrid, a la espera de ser enviado a Venezuela, fue detenido el miércoles después de que tanto el Gobierno como la Audiencia Nacional autorizaran su extradición a petición de las autoridades venezolanas.
El fiscal general de Venezuela, Tareck William Saab, acusa a Quintero de ser miembro de la cúpula directiva de una agencia de cambio de divisas que habría estafado 40 millones de dólares. Sin embargo, el opositor sostiene que él era un mero empleado y que nada tiene que ver con los delitos que se hubieran podido cometer.
Hasta el día de hoy está preso por el Gobierno de España y yo le pido a Pedro Sánchez y a todo su equipo que, por favor, no extraditen a mis esposo», ha dicho Marcano, en declaraciones a la prensa en un acto de protesta que ha tenido lugar en los alrededores de la Audiencia Nacional.
La mujer, que ha incidido en que su marido es inocente, ha pedido a Sánchez que le dé la oportunidad de demostrarlo, denunciando que «se han metido todos los recursos y se han llevado todas las pruebas» pero «nada se ha tomado en cuenta».
Marcano ha avisado a Moncloa de que, si es enviado «a la dictadura de Venezuela», al llegar «puede ser torturado y más, puede ser asesinado». «Si a mi esposo le llega a (pasar) algo… Yo acuso a Pedro Sánchez por lo que le pueda pasar», ha indicado, para insistir al borde del llanto: «Le suplico que, por favor, me ayude».
La mujer ha contado que desde que fue detenido el pasado miércoles no ha podido verle y solo ha podido hablar por teléfono con él «a duras penas». «Para decirme que está bien y, en ese está bien, se le siente un poco más angustiada su voz», ha relatado.
RECLAMAN UNA «RESPUESTA INMEDIATA»
En un tono más calmado, el político opositor Winston Flores, diputado de la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó, se ha mostrado consciente de que «hay procedimientos» que cumplir cuando se solicita una extradición y ha afirmado que «el Gobierno de Pedro Sánchez ha respetado la integridad y los Derechos Humanos de los venezolanos», si bien le ha reclamado «una respuesta inmediata en este caso, porque lo que hay es una gran equivocación, un gran error».
El ‘embajador’ de Guaidó en España, Antonio Ecarri, también se ha sumado a la petición. «Hago un exhorto al Estado español para que sea escuchado el clamor de esta familia», ha dicho en un comunicado, asegurando que, si bien respeta «escrupulosamente» las decisiones del Poder Judicial y entiende que «España es un país democrático y constitucional», subraya que «no así Venezuela» y alerta de que «cualquier extradición de un venezolano en este momento es condenarlo a muerte».
Interrogado acerca de si han planteado directamente el caso de Quintero al Gobierno español, Flores ha contestado que lo han hecho a través de Ecarri y por «vías internas» y que han obtenido como respuesta que «están ya revisando el caso» y que tendrán «toda la colaboración». No obstante, ha explicado que han querido realizar este acto para manifestar su apoyo al opositor detenido.
LLAMAMIENTO DE ACNUR
Los hechos que le imputa el Gobierno bolivariano se remontan a 2014. Según Marcano, las autoridades venezolanas «fueron a por los dueños de la empresa, no los encontraron y dijeron: ‘Me llevo a estos (los trabajadores) por delante'». De acuerdo con el entorno de Quintero, salió de Venezuela hacia Colombia por miedo y llegó a España en noviembre de 2018.
El proceso judicial en Venezuela siguió su curso con él ‘en rebeldía’ y se emitió una orden de busca y captura a través de Interpol. En febrero de 2019, han señalado estas mismas fuentes, Quintero fue interceptado por la Policía Nacional en un control rutinario y, al ver la alerta roja de Interpol, le detuvieron, comenzando así el proceso de extradición.
En un auto del pasado 6 de octubre, la Audiencia Nacional autorizó la extradición de Quintero, que fue acordada igualmente por el Consejo de Ministros en su reunión del 12 de enero. En consecuencia, en otro auto del 2 de febrero, la Sala de lo Penal de este tribunal ordenó la detención e ingreso en prisión de Quintero con el fin de «garantizar la entrega por Interpol a las autoridades judiciales de Venezuela».
Así las cosas, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) emitió el 4 de febrero –a petición de la defensa de Quintero– un pronunciamiento en el que instó a las autoridades españolas a «valorar el no retorno del señor Quintero a Venezuela», «teniendo en cuenta la información de país de origen, la situación humanitaria y de seguridad de Venezuela».
A este respecto, ACNUR recordó en este documento, que «la mayoría de los nacionales venezolanos están en necesidad de protección internacional sobre la base de las amenazas para sus vidas, seguridad o libertad, resultantes de los hechos que han alterado seriamente el orden público en Venezuela».
La agencia de la ONU incidió en que, «cuando el Gobierno (de Maduro) quiere intimidar o amenazar a alguien, abre una investigación penal y acusa a la persona, pero a esta no se la declara ni culpable ni inocente», y en que «el país carece de un sistema judicial imparcial, transparente y funcional, y los tribunales están politizados».
MANIOBRA ‘IN EXTREMIS’
Además, ACNUR solicitó a las autoridades españolas que se haga una «valoración adecuada» de las necesidades de protección internacional de Quintero, dado que pidió asilo pero le fue denegado por tener antecedentes penales, precisamente, debido a esta acusación de estafa, mientras que su mujer y la hija del matrimonio, de 7 años, sí obtuvieron asilo. En concreto, pidió tener en cuenta «los principios de la unidad familiar».
El nuevo abogado de Quintero, que se hizo cargo del caso hace apenas 24 horas a título ‘pro bono’, Ismael Oliver, del Despacho Oliver Abogados, ha presentado este mismo viernes una nueva demanda de asilo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional con «documentos novedosos» para que le reconozca la protección internacional.
Entre los documentos aportados, la defensa de Quintero ha entregado un informe de la ONU sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela y un relato de los hechos realizado por el propio Quintero «donde detalla aspectos fundamentales de su caso respecto al informe» de la ONU. También ha alegado que España no reconoce como legítimo al Gobierno de Maduro ni a los órganos emisores de la orden de captura, por lo que no debería ejecutarse dicha orden.
Oliver se ha dirigido en un segundo escrito a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para solicitar la suspensión cautelar de la extradición de Quintero, aduciendo que no se debe proceder a la entrega hasta que se resuelva la nueva demanda de asilo, y reiterando que «el Gobierno de Venezuela no tiene potestad para solicitar la extradición, dado que no ha sido reconocido por la UE por ser dictatorial y por vulnerar reiteradamente los Derechos Humanos».
En tercer lugar, la defensa de Quintero ha avanzado en este segundo escrito que también presentará «inmediatamente» un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra el auto del 6 de octubre en el que se acordó la extradición, y «cuyo plazo de 30 días empezó a contar el pasado jueves», para que la suspenda. «Lo que me dicen es que, en el primer vuelo que salga a Caracas, allí van a enviar a mi esposo», ha alertado Marcano.
