El exdirector y subdirector de Interviú, Alberto Pozas y Luis Rendueles, respectivamente, procesados por la pieza ‘Dina’ del caso ‘Tándem’, creen que un nuevo análisis sobre la posibilidad de si se puede acceder a la información contenida en la tarjeta SD que fue sustraída en 2015 a la exasesora de Podemos Dina Bousselham es relevante para determinar si el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de la formación morada cometió algún delito.
Así lo han manifestado en un escrito, dirigido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, oponiéndose al recurso interpuesto por la defensa de Bousselham contra la decisión del juez de pedir a la Policía Científica que informe sobre si es técnicamente posible el acceso a la información contenida en la tarjeta de la exasesora de Podemos.
El magistrado comunicaba esta diligencia en una providencia del pasado 5 de febrero, en la que acrodó continuar con la instrucción de la pieza 10 del caso ‘Tándem’ tras la orden del Tribunal Supremo de seguir practicando pruebas.
Para la defensa de Bousselham, este requirimiento a la Policía Científica es «innecesaria e inútil» porque, según explica en su recurso, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional ya concluyó que los daños causados se deben a un «exceso de lijado, compatible con la técnica utilizada por los laboratorios especializados en recuperación de información».
LA TARJETA SE MANDÓ A LA EMPRESA DE RECUPERACIÓN YA DAÑADA
En su escrito, la defensa de los periodistas, ejercida por el abogado Sergi Mercé, no comparte esta visión y destaca que la exasesora de la formación ‘morada’ «ignora» que el «elemento fundamental» es que los daños que sufrió la tarjeta fueron los que motivaron su envío a la empresa especializada en recuperación de información.
«Nada tienen que ver con los posteriores daños que pudieron causarse a la tarjeta en el proceso de lijado encaminado a tratar de recuperar la información», subraya el abogado de Rendueles y Pozas. Añade que «resulta obvio que si se envió la tarjeta a una empresa especializada en recuperación de archivos es porque dicha tarjeta presentaba daños y resultaba ilegible; de lo contrario, ningún sentido tendría haber enviado la tarjeta a dicha empresa de recuperación».
Para Mercé, esta tesis «cuadra» con la declaración inicial que hizo Bousselham ante el juez, en la que afirmó que al recibir la tarjeta de manos de Iglesias, no pudo acceder a su contenido por resultar ilegible. Ello evidencia, continúa diciendo el abogado, «que, más allá de los daños que en el proceso de lijado pudieran haberse causado a la tarjeta, dicha tarjeta ya habría sufrido daños con anterioridad».
«ESFUERZOS EXTRAVAGANTES» Y VERSIONES «INCOHERENTES»
En este sentido, carga contra Bousselham por gastar «esfuerzos» que «resultan ciertamente extravangantes» para tratar de sostener en las siguientes declaraciones judiciales que la tarjeta sí funcionaba con versiones «incoherentes y contradictorias».
Y es que, según señala la defensa de los exdirectivos de Interviú, el director de la empresa de recuperación, cuyo testimonio se integró en la Orden Europea de Investigación, declaró que «a las 15.01 horas del 29 de septiembre de 2017 (es decir, más de año y medio después de que el sr. Pablo Iglesias recibiera la tarjeta) la ingeniera del equipo de Flash Triage, Bethany Gilder, concluyó, antes del proceso de lijado, que el dispositivo era ‘irrecuperable’ por su departamento».
Por todo ello, considera que la diligencia acordada por el juez García Castellón, «además de ser directa consecuencia de lo ordenado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, resulta plenamente útil y necesaria». «Sin duda resulta relevante para determinar si los hechos tienen encaje en alguna figura delictiva, saber si los daños a la tarjeta los causó el propio sr. Iglesias o incluso la sra. Bousselham, y ello independientemente de la voluntad que tenga ella de accionar o no penalmente contra él», explica.
EL CONTENIDO DE LA TARJETA
El escrito apunta que si se confirma que la tarjeta ya presentaba daños previamente al lijado, «tendría relevancia para valorar la existencia o no de responsabilidad penal de los hasta ahora investigados, entre otras cosas porque tales daños han provocado que desconozcamos qué es lo que había en la tarjeta en cuestión» y, por tanto, si su contenido coincide o no con la información sobre la exasesora de Podemos que se localizó en poder del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo.
Pozas y Rendueles han defendido a lo largo de todo el procedimiento que la tarjeta SD llegó de forma «anónima» a la redacción del periódico que dirigían y que Villarejo requirió la información debido a que había una investigación policial en marcha sobre Podemos y su líder, Pablo Iglesias.
Por ello, su defensa tampoco se opone a las diligencias solicitadas por Dina Bousselham ya que las «mismas van encaminadas a acreditar lo que esta parte ha venido siempre sosteniendo».
En cualquier caso, advierte que de determinarse que los daños a la tarjeta fueron causados de forma voluntaria podrían haberse cometido delitos de daños informáticos e incluso de obstrucción a la justicia.
«NO PUEDE PERSEGUIR A UNOS Y EXCLUIR A OTROS»
Asimismo, subraya que «existe una directa conexión entreel descubrimiento de secretos», del que, dice, sería autor Iglesias y el «descubrimiento» que se atribuye a los periodistas, dado que «se trataría –aparentemente– de la misma información, los hechos se habrían llevado a cabo en un mismo período temporal, y la actuación de unos y la del otro están estrechamente vinculadas, trayendo causa una de la otra».
Por tanto, considera que o bien Bousselham «persigue penalmente» al Iglesias, Pozas y Rendueles, o bien «los excluye a los tres, pero lo que no puede es perseguir a unos y excluir a otros».
