El PP de Las Palmas de Gran Canaria ha anunciado que pedirá en el pleno de este viernes que no se instalen más campamentos para inmigrantes en la capital y la salida ordenada de las personas que están en las tres «macro-instalaciones» que ya existen y de la que se abrirá en los próximos días.
Así lo ha señalado la portavoz popular, Pepa Luzardo, que explica que, en concreto, el Gobierno de España ha desplazado a miles de inmigrantes al campamento de Barranco Seco, al colegio León –en el barrio de El Lasso– y la instalación militar Canarias 50, en La Isleta, a lo que se unen los preparativos para la apertura inminente de una nave industrial propiedad de Bankia en pleno polígono comercial de El Sebadal, también en La Isleta.
«Es inasumible que nuestro municipio siga soportando sobre sus hombros buena parte de las consecuencias de la crisis migratoria, algo que es injusto para nuestros vecinos y para los migrantes, que se ven atrapados en instalaciones muchas veces deficientes, como vimos hace unos días tras llenarse el Canarias 50 de aguas fecales», expuso la concejal.
Por ello, la moción que defenderá el PP solicita además que se produzca una «salida ordenada» de las personas migrantes que ya están en el municipio, bien porque sean derivadas al continente o porque las devuelvan a sus países de origen en aplicación de la Ley sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros, conocida como ‘Ley de Extranjería’.
Además, los populares instan en su moción a que se refuerce tanto el Frontex como el SIVE, los sistemas que utiliza el Ministerio del Interior para garantizar el control de la frontera sur, y que son los encargados de detectar tanto las pateras como los cayucos.
Asimismo proponen en el texto de su moción que se refuerce la cooperación internacional para evitar que quienes emigran en estas condiciones se jueguen la vida en el mar.
Por último, Luzardo ha reclamado un refuerzo de los efectivos de la Guardia Civil y Policía Nacional en Las Palmas de Gran Canaria en tanto permanezcan abiertos los campamentos además instar al Gobierno de España a reforzar la presión diplomática para evitar que las mafias sigan actuando y trasladando a personas de forma irregular a Canarias, poniendo su vida en riesgo.
