Los miembros de la Sindicatura Electoral del 1-O han sostenido este jueves en el juicio que no desobedecieron al Tribunal Constitucional (TC) porque renunciaron al cargo antes del referéndum y no desarrollaron ninguna de sus funciones después de la suspensión de las leyes de desconexión.
Los cinco acusados han declarado en la segunda sesión del proceso en el Juzgado Penal 11 de Barcelona, han afirmado que desde el 7 de septiembre no hicieron más tareas como síndicos y han explicado que renunciaron al puesto cuando el TC les dio 48 horas para hacerlo y con la advertencia de una multa de 12.000 euros diarios si no lo hacían.
La Fiscalía les acusa de presunta desobediencia y usurpación de funciones públicas, y todos han explicado que se reunieron por primera vez el 7 de septiembre de 2017 en el Parlament durante todo el día para empezar con sus tareas como síndicos, asistidos por personal de la Cámara.
Han mantenido que esa fue también la última reunión de trabajo que hicieron y han afirmado que no hicieron ninguna de las tareas que correspondían a la Sindicatura, como validar el censo electoral y el procedimiento del voto exterior, y también han negado haber coordinado a las sindicaturas provinciales.
La Fiscalía pide una condena de dos años y nueve meses de prisión, o bien una multa de 5.400 euros, para el catedrático de Ciencia Política de la Universitat de Barcelona (UB) Jordi Matas, que presidió la sindicatura; la profesora de Ciencia Política en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) Tània Verge; el profesor de Derecho Constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Josep Pagès; la abogada Marta Alsina; y el profesor de Derecho Administrativo en la UB Marc Marsal.
En sus declaraciones, los acusados han apelado a la libertad académica al ejercer como síndicos y se han referido a los posicionamientos de apoyo de universidades y de asociaciones internacionales de politólogos.
Verges, que ha tachado la causa de persecución ideológica, lo ha defendido como una forma de transferencia de conocimiento al aplicar sus estudios a la práctica de la jornada de votación.
LEYES DE DESCONEXIÓN SUSPENDIDAS
El TC notificó la suspensión de las leyes y requirió a los afectados evitar que se desplegaran la noche del día 7, han explicado al declarar como testigos el secretario general del Parlament, Xavier Muro, y el entonces letrado mayor, Antoni Bayona, si bien las notificaciones presenciales fueron días más tarde.
Muro ha asegurado que tras recibir la notificación sobre las 23 horas del día 7 ordenó que la Cámara no acreditara «a ninguna persona en calidad de miembro de la Sindicatura Electoral» ni se les permitiera usar las dependencias del Parlament para reunirse.
Sobre el mismo día 7, los acusados han relatado que accedieron al Parlament identificándose como síndicos, sin ningún «inconveniente» para entrar, y que personal de la Cámara les asistió durante la jornada de trabajo en una sala de la planta superior del edificio.
Han explicado que tomaron varios acuerdos y que entre sus funciones no estaba emitir resoluciones ni comunicados, lo que el abogado de la defensa, Ramon Setó, ha destacado porque en la causa constan varios documentos publicados y que se atribuyen a la Sindicatura, lo que el letrado cuestiona.
