La Fundación Madrina, ante el inicio de la campaña del IRPF, ha solicitado que las personas en riesgo de exclusión social en ERTE o que estén percibiendo el Ingreso Mínimo Vital (IMV), motivado por la crisis económica, y que están condenadas muchas de ellas a las colas del hambre, estén exentas de declarar y pagar a Hacienda.
Los perceptores del IMV están obligados a hacer la declaración de la renta con independencia de la cuantía de sus ingresos y los trabajadores en ERTE también por haber tenido más de un pagador en 2020.
A Fundación Madrina le llama «seriamente» la atención que a un grupo vulnerable que apenas tiene medios para subsistir, «se le presupone una conexión estable a internet, una herramienta informática aceptable y hasta una firma digital, o bien con los recursos suficientes para pagar a Hacienda».
En la mayoría de los casos, la organización considera que las usuarias se verán obligadas a acudir a la fundación como fue en el caso de la solicitud de ingreso mínimo vital, «ya que no poseen internet o bien no saben ni tienen medios para hacerlo».
Según datos de Fundación Madrina, este gran colectivo vulnerable, nacido de la crisis económica, supone el 77% del total de familias vulnerables, de las que tan sólo el 2% ha recibido la ayuda social del IMV. El perfil de estas familias en ERTE o con IMV, son en su mayoría monoparentales con una media de dos hijos, y cuentan con una media de ingresos por ERTE o ayuda social de 850 euros mensuales para sacar adelante la familia.
«Si tenemos en cuenta que la vivienda en Madrid en un piso de 60 metros cuadrados ronda igualmente los 850 euros y suponiendo que -como en la mayoría de las situaciones-, estas familias viven hacinadas y compartiendo gastos, podrían pagar unos 400 euros de alquiler más gastos», sostiene la entidad.
En su opinión, la mayor parte de las familias con hijos, que reciben ERTEs o IMV, no tienen ingresos suficientes para sobrevivir y están «sobre endeudadas», pueden tener trabajos en negro pero solamente para pagar deudas.
Lo mismo ocurre, según la fundación, en el caso del 17% de las familias que se encuentra en situación de ERTE. Hacienda recuerda que esta prestación es un rendimiento del trabajo sujeto al IRPF y no exento, ya que el Gobierno se ha negado a hacer excepciones con estos contribuyentes.
«Los afectados por un ERTE en 2020 se pueden encontrar con dos problemas graves por haber recibido abonos del SEPE no procedentes, es decir, ERTEs pagados de más como tener que pagar una media de 1.000 euros extra en impuestos y presentar la declaración de la renta, al contar con dos pagadores, su empleador y el propio SEPE».
La Fundación Madrina solicita, por ello, que las personas en ERTE o no, con IMV o no, y en riesgo de exclusión social estén exentas de declarar y pagar a Hacienda. La Fundación entiende que son colectivos gravemente afectados por la situación actual y que «no pueden permitirse el pago de absolutamente nada extra, aunque sea fraccionado en seis meses».
