La nueva ley del Registro Civil, que llevaba en barbecho una década, finalmente ha entrado en vigor esta semana, alumbrando un nuevo modelo que se asienta sobre tres pilares: la desjudicalización, la digitalización y la implantación territorial para no dejar atrás a la ‘España vaciada’.
«Por fin» ha sido la frase más repetida entre las partes implicadas y afectadas por la nueva ley. Aprobada en 2011 durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, debía haber entrado en vigor en 2014, pero las sucesivas prórrogas, asociadas unas veces a revisiones del modelo ideado y otras a las dificultades técnicas para hacerlo realidad, lo postergaron hasta el 30 de abril de 2021.
La ley ha incorporado una reforma ‘in extremis’ aprobada esta misma semana para «redefinir algunos aspectos», entre ellos «preservar la naturaleza del Registro Civil como un servicio público y gratuito» y «garantizar el acceso a todos los ciudadanos, con una red de oficinas dotada de servicios electrónicos y adecuadamente capilarizada en todo el territorio nacional», de acuerdo con su preámbulo.
La ley del 2011 despliega sus efectos justo cuando se cumplen 150 años del nacimiento del Registro Civil para sustituir a una ley de 1957, basada en «el punto de vista clásico» sobre el mismo, «concebido como instrumento para la constancia oficial de la existencia, estado civil y condición de las personas», con el fin de acomodarlo a «la España de hoy, cuya realidad política, social y tecnológica es completamente distinta a la de entonces».
El principal cambio es que las oficinas del Registro Civil ya no estarán en manos de los jueces, aunque se mantendrán arraigadas en la administración de justicia. Ahora, sus distintas sedes estarán dirigidas por Letrados de la Administración de Justicia (LAJs) y gestionadas por funcionarios públicos. Y ello, expone la propia ley, para «una mayor uniformidad de criterios y una tramitación más ágil y eficiente de los distintos expedientes».
El Registro Civil será uno solo para toda España pero quedará estructurado en una Oficina Central, una Oficina General por cada comunidad o ciudad autónoma y otra más por cada 500.000 habitantes, y una red de oficinas consulares. A ellas se añaden las oficinas colaboradoras, que surgirán de la modernización de los actuales Registros Civiles Municipales en los juzgados de paz.
Victoria de Pablo, senadora socialista que ha sido ponente de la última reforma, ha destacado esta «implantación territorial total» como algo «muy importante para el mundo rural». «Hasta el pueblo mas pequeño va a poder tener la naturaleza de oficina colaboradora, lo que garantiza la cercanía de las funciones del Registro Civil al ciudadano en su territorio», ha explicado.
UN CÓDIGO PERSONAL PARA TODA LA VIDA
Otro de los hitos es que se pasa de un registro de hechos a un registro de personas, tal y como lo definió el ministro de Justicia, Juan Carlos, en una reciente entrevista.
Así, se suprime el tradicional sistema de división del Registro Civil en Secciones –nacimientos, matrimonios, defunciones, tutelas y representaciones legales– y se crea un registro individual para cada persona a la que desde la primera inscripción se le asigna un código personal que le servirá para el resto de su vida, una especie de DNI registral.
Además, se da el salto digital. El Registro Civil se transformará en una base de datos única de acceso electrónico para «eximir al ciudadano de la carga de tener que acudir presencialmente a las oficinas», señala el texto legal
Con todo, desaparece el Libro de Familia para dar paso a una hoja individual asociada a ese código personal donde constarán todos los datos de la vida del individuo, para dejar atrás la tradicional configuración del estado civil a partir de la filiación o el matrimonio.
La senadora socialista también ha querido resaltar «la huella feminista» en el nuevo Registro Civil, plasmada en «la agilización de los expedientes de cambio de apellido e incluso de identidad de los hijos de las mujeres víctimas de la violencia machista», que antes correspondían a los jueces encargados de las oficinas registrales, pero en su vertiente jurisdiccional, y ahora podrán decidir los LAJs de forma más rápida.
ALGUNAS «SOMBRAS»
A pesar de que el nuevo modelo de Registro Civil concita un amplio consenso, algo que se ha visto reflejado en el hecho de la última reforma se ha aprobado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios menos Vox, los letrados de la administración de justicia han advertido sobre determinadas cuestiones. «Hay algunas sombras», ha sostenido el presidente del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales (CNSJ), Rafael Lara.
Tanto Lara como Francisco Aguilar, de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ), y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) han reclamado que los LAJs que sustituirán a los jueces como encargados de las oficinas registrales reciban el mismo salario que estaban percibiendo los togados. «A igual trabajo, igual retribución», ha defendido el CNSJ.
La reivindicación salarial cobra aún más sentido, han esgrimido, si se tiene en cuenta que en aquellas oficinas con competencias mixtas –registrales y jurisdiccionales– el LAJ sumará a la actual llevanza de la oficina judicial la oficina del Registro Civil. Razón por la cual también han exigido que se refuerce el cuerpo de letrados de la administración de justicia.
Interrogada sobre esta sobrecarga de trabajo, De Pablo ha apuntado que la igualdad retributiva podrá fijarse en las normas posteriores de desarrollo, como el reglamento o la relación de puestos de trabajo, recordando en cualquier caso que la «vocación» de la ley es que los LAJ que se ocupen de las oficinas registrales las asuman como función exclusiva.
Otro de los asuntos sobre los que los LAJs han llamado la atención es el hecho de que en algunos casos la designación será discrecional. Lara ha considerado que, ya que «el puesto de trabajo es de contenido jurídico y fe pública, debería ser un concurso de méritos». La UPSJ, por su parte, pide eliminar la libre designación por suponer «una devaluación profesional y una mercantilización del cuerpo inasumible», y que primen los criterios de mérito, capacidad y transparencia.
Asimismo, Javier Jordán, portavoz de CSIF, ha puesto el acento en la necesidad de formar a todo el personal de la administración de justicia que trabajará en el nuevo Registro Civil, dado el desfase tecnológico respecto al trabajo que venían realizando. «La formación continúa es clave para la prestación de un buen servicio público», ha remachado.
FRUTO DEL ACUERDO
En cualquier caso, los LAJs y CSIF han coincidido en valorar «positivamente» la llegada del nuevo Registro Civil y han confiado en poder plantear sus reivindicaciones en futuras negociaciones con el Ministerio de Justicia.
De Pablo ha subrayado que esta ley no es el proyecto de un solo partido. «No es nuestra ley de 2011», ha afirmado, recalcando que se ha nutrido con las aportaciones que han hecho durante estos años otras fuerzas políticas y colectivos. Este inusitado acuerdo, ha augurado, es lo que permitirá que el modelo diseñado perdure en el tiempo.
Su implantación será gradual. Empezará con las Oficinas Generales de los actuales Registros Civiles Exclusivos de Madrid, cuyo despliegue está previsto para el próximo mes de julio, y concluirá a finales de 2022, dando forma definitiva a «el Registro Civil que necesitan los ciudadanos del siglo XXI», en palabras de la senadora socialista.
