El Gobierno ha seguido «escrupulosamente» el procedimiento marcado en materia de catalogación de especies para la inclusión de todas las poblaciones de lobo existentes en España en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.
Así lo ha asegurado este jueves el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso, en contestación a la diputada Carmen Navarro, del PP, que ha cuestionado las votaciones realizadas en la Comisión Estatal de Patrimonio Natural del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), el pasado 4 de febrero, que dieron el visto bueno a la prohibición de cazar al lobo, así como el informe técnico en el que se basó la propuesta.
Por un lado, Navarro ha denunciado que el dictamen del Comité Científico en el que se basó la propuesta de incluir el lobo como especie a proteger en todo el país, está redactado siguiendo un «criterio científico poco formalizado y muy subjetivo». «La solución a un problema tan complejo no puede solucionarse con la radicalidad, la unilateralidad y el atropello que la ministra Teresa Ribera quiere imponernos», ha criticado la diputada.
Durante su intervención, Morán ha indicado que «se ha seguido escrupulosamente el procedimiento» marcado en materia de catalogación de especies, y ha defendido la actual composición del Comité Científico, formado por 19 expertos, que emitió el dictamen por unanimidad para avalar la propuesta de prohibir la caza del lobo. Según el secretario de Estado, los expertos de este Comité ya estaban cuando llegaron el PSOE y Unidas Podemos al Gobierno.
«La propuesta de inclusión del lobo en el Listado viene apoyado por el dictamen del Comité Científico que asesora al Ministerio, a las comunidades autónomas y al Comité de Fauna y Flora silvestres; la solicitud del dictamen está contemplada en el procedimiento de tramitación en este tipo de solicitudes», ha señalado Morán, que ha citado el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.
VOTACIONES CUESTIONABLES
La ‘popular’ también ha cuestionado el procedimiento de las votaciones realizadas durante la Comisión Estatal de Patrimonio Natural por las comunidades autónomas, que a su juicio fueron de «dudosa formalidad», ya que ha señalado que Ceuta, por ejemplo, no pudo formalizar su voto por «motivos técnicos».
En respuesta a ello, el secretario de Estado ha afirmado que «todas» las comunidades y ciudades autónomas fueron convocadas a la reunión y tuvieron la oportunidad de acceder a la misma y de realizar su votación en calidad de miembros de dicho órgano colegiado.
«La votación en la Comisión Estatal se realizó al objeto de recabar el informe favorable de este órgano de coordinación entre administraciones en el marco del procedimiento administrativo que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico debe realizar ante la recepción de una propuesta de modificación del Listado de especies silvestres en régimen de protección especial», ha dicho Morán, que recuerda que dicho procedimiento está recogido en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, así como en el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero.
Además, ha asegurado que la Comisión Estatal no se plantea tratar de nuevo aspectos relativos a la inclusión de poblaciones de lobo en el Listado al «no existir defectos formales al respecto».
De este modo, Morán ha reprochado al PP que se cuestione el procedimiento para la inclusión del lobo en el Listado de especie silvestre, mientras que no se cuestiona el procedimiento que se siguió para incluir la tórtola como especie vulnerable en el Catálogo de Especies Amenazadas. «En uno se cuestiona la legitimidad del procedimiento seguido y en el otro no, y se hicieron las dos en la misma sesión, no deja de ser curioso», ha deslizado.
NO HAY RELACIÓN ENTRA LA CAZA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
La diputada de PP ha dejado claro en su intervención que su partido aboga, por un lado, por la conservación del lobo como parte de su «compromiso con la biodiversidad», pero por otra parte, por la ganadería extensiva como sostén económico y social del medio rural y de las zonas d montaña. «La convivencia entre ambas es uno de los problemas más transcendentales del panorama español: el lobo se come al ganado», ha recordado Navarro al secretario de Estado.
Si bien, Morán ha enfatizado sobre que la protección al lobo se hace «respecto a un factor de mortalidad no natural de la misma, como es la muerte por disparo en eventos deportivos de caza». Por tanto, advierte: «no se considera que exista relación con la lucha contra el reto demográfico, ya que la ausencia de actividad cinegética no supone merma relevante de recursos económicos en el medio rural».
Así, insiste en que «la prohibición de la caza del lobo no está relacionada con la ganadería extensiva». «Es caza, no ganadería», ha recalcado Morán, que considera que la protección de la ganadería extensiva respecto a los posibles daños por los lobos, ha de ejecutarse mediante medidas preventivas de los rebaños, fundamentalmente, así como con pagos compensatorios en caso de pérdidas, a lo que se añade formación y sensibilización.
Igualmente, recuerda que en casos extremos, lo que se hacía era un «control de ejemplares conflictivos» de lobo, y que, con la nueva situación legal del lobo, dichos controles se podrán seguir realizando, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas por la normativa aplicable.
«No se ha adoptado una decisión que pudiera enfrentar a comunidades autónomas, sino que se ha tomado en base al interés general, a las evidencias científicas y a la necesidad de resolver problemas de índole legal y práctico que mejoren la seguridad jurídica y que incrementen las posibilidades de actuación para evitar los daños que se producen por especies silvestres en el caso de los aprovechamientos agrarios», ha aseverado Morán.
Y ha concluido su intervención anunciando que el Gobierno está «avanzando» en la elaboración de la orden ministerial que materializará la decisión tomada por la Comisión Estatal de Patrimonio Natural el pasado 4 de febrero, aunque no ha dado detalles sobre cuándo se publicará.
