El PP ha registrado la petición de comparecencia en el Congreso del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que explique la política de «beneficios» a los presos de ETA, dentro de una batería de preguntas sobre cuestiones como la petición judicial de los expedientes sobre el acercamiento de los etarras Harriet Iragui Gurruchaga y Juan Antonio Olarra Guridi, condenados por el asesinato de Luis Portero.
En una de esas preguntas, el PP se interesa por los motivos por los que Grande-Marlaska «oculta dichos expedientes», en algunos casos en contra del criterio de las juntas de tratamiento de las cárceles.
Los ‘populares’ aluden a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de admitir a trámite el recurso presentado por el presidente de la Asociación Dignidad y Justicia, Daniel Portero, contra el pase a segundo grado y el traslado a una cárcel de Logroño de los etarras Harriet Iragui Gurruchaga y Juan Antonio Olarra Guridi, condenados por asesinar a su padre, Luis Portero.
SIN COINCIDIR CON JUNTAS DE TRATAMIENTO
También pregunta por el dato que ofreció el 22 de abril el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, sobre que en «146 casos de presos condenados por terrorismo se había modificado el criterio de las juntas de tratamiento». «¿Cuántos eran traslados y cuántos beneficios penitenciarios», señala el PP.
En dicha comparecencia, Ángel Luis Ortiz cifró en el 13% las decisiones sobre presos de ETA que ha adoptado el organismo dependiente del Ministerio del Interior sin coincidir con el criterio de las juntas de tratamiento de las cárceles –incluyendo los casos en los que la decisión adoptada no favorece al interno–, una cifra «exactamente» igual, según subrayó, que en el resto de condenados con privación de libertad.
El secretario general rechazó que se aplicara un trato diferente a los presos de ETA, al sostener que la ley no permite hacer esta diferenciación por tipo de delito. También se detuvo en el papel de las juntas de tratamiento, los órganos colegiados con técnicos del ámbito penitenciario que proponen cuestiones como el traslado de prisiones, algo que es potestad de Instituciones Penitenciarias.
Según los datos de Ortiz, de estos 1.050 expedientes, el 86% (904) se han resuelto por Instituciones Penitenciarias de «manera idéntica» a las juntas de tratamiento, y en aproximadamente un 13% (146) «se ha modificado el criterio» al no ser coincidentes. «Es exactamente el 13% en otro tipo de delitos; estamos aplicando los mismos criterios jurídicos y la misma interpretación que con el resto de delitos», apuntó, añadiendo que hasta la fecha no había «ninguna decisión judicial en contra por ninguno de los traslados».
