Un total de nueve partidos, en su mayorÃa aliados parlamentarios del Gobierno, han registrado este martes en el Congreso la petición de creación de una comisión de investigación sobre las presuntas actividades ilÃcitas atribuidas a Juan Carlos I, incluida la «venta ilegal de armas».
La iniciativa lleva la firma de ERC, Bildu, Junts, PDeCAT, la CUP, Más PaÃs-Equo, CompromÃs, BNG y Nueva Canarias. Se trata de la décimo cuarta petición de comisión de investigación sobre el Rey emérito que se registra en lo que va de legislatura y se ha formalizado antes incluso de que la Mesa del Congreso se pronuncie sobre otra similar registrada a finales de junio.
Hace menos de un mes los partidos independentistas, CompromÃs y Más PaÃs-Equo insistieron en la necesidad de que la Cámara abriera pesquisas sobre supuestas irregularidades de los «miembros de la Casa Real y las influencias polÃticas, diplomáticas y comerciales con Arabia Saudû.
Pero ahora, sumando la firma de Nueva Canarias, exigen que se investigue también la supuesta «venta de armas de manera ilegal por parte de Juan Carlos I», desvelada por ‘público.es’. Según este periódico digital, Juan Carlos I habrÃa reunido su fortuna con el dinero que obtenÃa por la venta de armas a paÃses árabes junto a su amigo Manuel Prado y Colón de Carvajal y el traficante de armas Adnan Khashoggi.
En este contexto, los firmantes de la iniciativa, recogida por Europa Press, reclaman que la Cámara investigue si las empresas públicas españolas Instituto Nacional de Industria y Fomento del Comercio Exterior, participadas de la sociedad Alkantara Iberian Exports, «sirvieron como pretexto» para que Juan Carlos I «y sus cómplices» se beneficiaran de las posibles actividades de comisionista derivadas de la venta de armas realizada por esa empresa.
ESTRUCTURAS OPACAS Y BLANQUEO
Según las informaciones publicadas, Alkantara Iberian Exports se creó en 1978 con sede en Londres, su presidente era el amigo del Rey emérito, y estaba participada en un 25% por el Instituto Nacional de Industria y en otro 25% por Fomento del Comercio Exterior, que formaba parte del Banco Exterior de España, pero operaba desde Panamá.
Además, estas formaciones quieren que se esclarezca si las exportaciones de armamento realizadas por esta empresa se ajustaron a los cauces legales y administrativos establecidos, asà como la existencia de «posibles estructuras opacas», con participación del entonces jefe del Estado, para la adjudicación de contratos comerciales.
La comisión de investigación deberÃa ocuparse, asimismo, de analizar las posibles cuentas irregulares de Juan Carlos I en paraÃsos fiscales y el origen de sus fondos, asà como si incurrió en blanqueo de capitales y las «posibles actividades como comisionista» del padre de Felipe VI y de los responsables jurÃdicos de las empresas participadas.
¿SE BENEFICIÓ FELIPE VI?
Los beneficios de esas supuestas actividades ilÃcitas también deberÃan formar parte del objeto de la comisión, a la que se encomendarÃa, asimismo, la tarea de aclarar si entre los beneficiarios está el actual jefe del Estado, Felipe VI.
Los firmantes de la iniciativa insisten también en que el Congreso investigue las influencias que las relaciones de la MonarquÃa española con Arabia Saudà «hayan podido ejercer sobre las relaciones diplomáticas y comerciales del Estado español» con aquel paÃs.
«Más allá de las responsabilidades legales o penales, el Poder Legislativo tiene la obligación de investigar los hechos para depurar las responsabilidades polÃticas que puedan derivarse, asà como asumir las medidas que se consideren oportunas para fiscalizar la actuación de la Familia Real y personas vinculadas y evitar que se puedan cometer futuras ilegalidades o actuaciones ilÃcitas aprovechando la situación privilegiada que ocupan», argumentan estas formaciones.
Esta comisión de investigación como las otras 13 relativas al Rey emérito que se han registrado en el último año y medio no tiene visos de prosperar. La tramitación de todas las anteriores ha sido frenada en la Mesa del Congreso con los votos de PSOE, PP y Vox, alegando que la Cámara no puede ejercer el control sobre el jefe del Estado y que su figura es «inviolable», según la Constitución. Sólo Unidas Podemos ha apoyado la conveniencia de que el Congreso abra pesquisas sobre este asunto.