El PSOE, el PP y Vox han rechazado este martes en la Mesa del Congreso la tramitación de la iniciativa de Más País-Equo, Compromís y los partidos independentistas para crear una comisión de investigación relativa a la «neutralidad política» en el desempeño de la función de enjuiciamiento de la responsabilidad contable por parte del Tribunal de Cuentas.
Esto es, de la sección del fiscalizador encargada de las investigaciones abiertas contra ex altos cargos de la Generalitat catalana por la consulta independentista de 2014 o el conocido como ‘Diplocat’.
Esta iniciativa, que lleva la firma de ERC, Junts, el PDeCAT, el BNG, la CUP y Bildu, además de la de los partidos ya citados, se analizó este martes en la reunión de la Mesa del Congreso, donde el PSOE, el PP y Vox la rechazaron siguiendo las recomendaciones de los letrados de la Cámara. Unidas Podemos, por su parte, votó a favor, según confirmaron fuentes parlamentarias.
NO HA LUGAR
En su nota, los servicios jurídicos de la Cámara Baja se muestran contrarios a su admisión a trámite porque consideran que «no corresponde a las Cortes Generales el control del Tribunal de Cuentas» en relación con el ejercicio de su función de enjuiciamiento contable.
Con su solicitud, los partidos firmantes pretendían que la Cámara abriera pesquisas sobre «las preguntas irregularidades cometidas» por este órgano en su función de enjuiciamiento de la responsabilidad contable y determinase si tiene «legitimidad» y «competencia» para llevar a cabo estos procedimientos y con qué «límites» debe desarrollar su función jurisdiccional.
En concreto, demandaban que se aclarasen las «conexiones y vinculaciones personales de los consejeros y su incidencia sobre el principio de independencia», así como la «naturaleza política de las acusaciones» que, a su parecer, se han dirigido contra los independentistas catalanes.
SÓLO ACTÚAN CONTRA EL INDEPENDENTISMO
En la exposición de motivos de la iniciativa, estos ocho partidos denuncian que, pese a que el Tribunal de Cuentas constata «irregularidades» de variada índole en sus distintas fiscalizaciones, después no exige «responsabilidad» por ellas, y se limita a «recomendar mayor diligencia en materia de planificación, contratación, seguimiento o control» por parte de las entidades que analiza.
Para los firmantes de la petición, «esta situación contrasta» con la actuación llevada a cabo por el órgano que preside María José de la Fuente en relación con los procesos judiciales y causas policiales contra el independentismo catalán.
En este contexto, recuerdan que hasta ahora ya se han abonado más de 15 millones de euros en concepto de fianzas –«algunas de ellas duplicadas», según apuntan– en el marco de procedimientos derivados de la consulta del 9 de noviembre de 2014 y el referéndum ilegal de octubre 2017.
SESGO IDEOLÓGICO
«El sesgo ideológico que se desprende de este patrón de comportamiento es del todo incompatible con los principios propios de un Estado de Derecho como el de imparcialidad», argumentan.
A la vez inciden en que el hecho de que éste no sea un auténtico órgano jurisdiccional no «le habilita a quebrantar la neutralidad política que se le exige a cualquier instancia depuradora de responsabilidades», máxime teniendo en cuenta que el enjuiciamiento de la responsabilidad contable que realiza «tiene una dimensión política incuestionable pues se proyecta sobre la gestión de los fondos públicos»
Teniendo en cuenta todas estas denuncias, estas formaciones pedían que el Congreso investigase las «causas de abstención de los consejeros que concurrían en los procesos contra el independentismo catalán y no fueron planteadas, en «infracción», a su juicio, del principio de imparcialidad».
Otro de los puntos que querían que se esclarezca era si dichos procedimientos se están ejecutando con todas las «garantías procesales» previstas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Los firmantes, que denuncian las «naturaleza confiscatoria y disuasoria» de las fianzas exigidas a los cargos independentistas y planteaban que la Cámara se pronunciase sobre ello, así como acerca de la «incidencia» de la actuación del tribunal sobre el ejercicio de la libertad de expresión, la libertad ideológica y el pluralismo político.
Pero los impulsores de la investigación no se referían sólo a los procedimientos contra los independentistas y pedían que la Cámara investigue sobre «la autoría material de todas las operaciones irregulares» que, a su juicio, «no han sido debidamente enjuiciadas», la «responsabilidad» en la que se ha incurrido por ello y «los perjuicios causados a las arcas públicas» por esa falta de enjuiciamiento.
