El PSOE, el PP y Vox han vuelto a unir sus votos este martes en la Mesa del Congreso para no tramitar dos nuevas comisiones de investigación relativas al Rey emérito que habían registrado varios partidos, entre ellos muchos socios del Gobierno, destinadas a abrir pesquisas sobre las diversas irregularidades atribuidas a Juan Carlos I y determinar, entre otras cosas, si se lucró con la «venta ilegal de armas».
Según han informado fuentes parlamentarias, sólo Unidas Podemos ha apoyado estas solicitudes que han vuelto así a ser frenadas por el órgano de gobierno de la Cámara en aplicación del criterio expresado por los servicios jurídicos de la institución. En el año y medio que ha transcurrido desde el inicio de la legislatura, la Mesa ha vetado ya el debate de 14 peticiones de está índole.
Fieles a su posición habitual, los letrados se habían vuelto a mostrar contrarios a la tramitación de iniciativas que buscan investigar al padre de Felipe VI. Y lo hicieron con los mismos argumentos que venían esgrimiendo hasta ahora: que la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad y que distribuye libremente la cantidad global que recibe cada año de los Presupuestos Generales del Estado para el sostenimiento de su Familia y Casa.
En concreto, la Mesa del Congreso ha analizado dos peticiones relativas al Rey emérito. En ambos casos, los servicios jurídicos habían hecho la misma propuesta desestimatoria que ha sido atendida por PSOE, PP y Vox.
«Comunicar a los Grupos Parlamentarios autores del presente escrito que no procede su admisión a trámite teniendo en cuenta la posición institucional de la Jefatura del Estado en el marco constitucional y, especialmente, lo dispuesto en los artículos 56.3 y 65 de la Constitución, así como la interpretación que a este respecto se ha hecho por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y los precedentes existentes en la Cámara», rezaba la nota de los letrados.
NEGOCIOS CON KHASHOGGI
En concreto, Más País-Equo, Compromís ERC, Bildu, Junts, PDeCAT, la CUP, Más País-Equo, Compromís, BNG y Nueva Canarias, habían solicitado crear una comisión de investigación sobre la supuesta «venta de armas de manera ilegal por parte de Juan Carlos I», desvelada por ‘público.es’.
Según este periódico digital, Juan Carlos I habría reunido su fortuna con el dinero que obtenía por la venta de armas a países árabes junto a su amigo Manuel Prado y Colón de Carvajal y el traficante de armas Adnan Khashoggi.
En este contexto, los firmantes de la iniciativa reclamaban, entre otras cosas, que la Cámara investigase si las empresas públicas españolas Instituto Nacional de Industria y Fomento del Comercio Exterior, participadas de la sociedad Alkantara Iberian Exports «sirvieron como pretexto» para que Juan Carlos I «y sus cómplices», se beneficiaran de las posibles actividades de comisionista derivadas de la venta de armas realizada por esa empresa.
ESTRUCTURAS OPACAS Y BLANQUEO
Según las informaciones publicadas, Alkantara Iberian Exports se creó en 1978 con sede en Londres, su presidente era el amigo del Rey emérito, y estaba participada en un 25% por el Instituto Nacional de Industria y en otro 25% por Fomento del Comercio Exterior, que formaba parte del Banco Exterior de España, pero operaba desde Panamá.
Además, estas formaciones querían que se esclarezca si las exportaciones de armamento realizadas por esta empresa se ajustaron a los cauces legales y administrativos establecidos, así como la existencia de «posibles estructuras opacas», con participación del entonces jefe del Estado, para la adjudicación de contratos comerciales.
La comisión de investigación debía ocuparse, asimismo, de analizar las posibles cuentas irregulares de Juan Carlos I en paraísos fiscales y el origen de sus fondos, así como si incurrió en blanqueo de capitales y las «posibles actividades como comisionista» del padre de Felipe VI y de los responsables jurídicos de las empresas participadas.
La Mesa del Congreso también ha analizado otra petición, con la firma de todos los partidos que suscribían la relativa a supuesta venta de armas, salvo Nueva Canarias, destinada a investigar el resto de actividades ilícitas que se atribuyen a Juan Carlos I.
En concreto, esta otra petición, que los letrados también recomendaban inadmitir, buscaba abrir pesquisas sobre supuestas irregularidades de los «miembros de la Casa Real y las influencias políticas, diplomáticas y comerciales con Arabia Saudí.
