Greenpeace ha celebrado que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y el gobierno de la Región de Murcia se hayan reunido esta semana para ponerse «por fin» a trabajar de forma conjunta en las soluciones para revertir la contaminación en el Mar Menor aunque reprueba que no lo hicieran hace ya cinco años, cuando se produjo el primer episodio de «sopa verde» de contaminación.
Para la ONG si se hubiera actuado ya en 2016 no se hubiera llegado a la situación actual. Además, el responsable de la campaña de agua de Greenpeace, Julio Barea, califica de «error» no seguir el dictamen del Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor, de la comunidad autónoma, y del Estudio de Impacto Ambiental Vertido Cero, aprobado por el Ministerio para la Transición Ecológica.
«Las pautas científicas para salvar la laguna ya están sobre la mesa y pondrían freno al colapso y esperemos que las decisiones no vayan en la línea de salvaguardar los intereses del lobby del agua», valora Barea, doctor en Hidrogeología.
En un informe publicado esta semana, Greenpeace señalaba que el «origen de la muerte de la laguna» es el Trasvase Tajo Segura, porque el exceso de agua a través del citado acueducto conllevó un «desarrollo exponencial de la agricultura de regadío intensiva e industrial, basada en agrotóxicos, y su consiguiente contaminación de las aguas, que ha provocado la muerte de la mayor laguna salada de Europa.
Por ello, exige que se establezca un «trasvase cero a la zona» porque, de lo contrario, «no habrá vertido cero a la laguna y por tanto no habrá solución al problema». Además, Barea asegura que para salvar la laguna es preciso salvar también a la agricultura tradicional murciana.
Por otro lado, la ONG forma parte del frente de organizaciones que reclama la protección del Mar Menor en los tribunales. La organización ecologista se sumaba en 2020, junto a Ecologistas en Acción y ANSE, a la investigación judicial del llamado ‘Caso Topillo’, que investiga la degradación del Mar Menor por los posibles vertidos agrotóxicos a la laguna. Un caso que nacía en 2017 por la denuncia del por entonces fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo.
La causa, que se investiga en el Juzgado nº 2 de Instrucción de Murcia, investiga a 80 empresas agrícolas, a autoridades políticas y funcionarios como posibles responsables que podrían haber incurrido en conductas de prevaricación por omisión en la persecución del delito ambiental.
