El PP de Málaga ha acusado este lunes al ministro de Transportes, Óscar Puente, de mantener a la provincia bajo una política de «inversión cero» en infraestructuras que, según los populares, «asfixia el crecimiento» de una Málaga que avanza hacia los dos millones de habitantes.
El senador y vicesecretario de Territorial del PP malagueño, Fran Oblaré, ha advertido que la provincia «crece a una velocidad que el Gobierno de España ni entiende ni acompaña», tras sumar más de 19.000 nuevos residentes en el último año. Oblaré ha insistido en que «Puente pretende que una provincia que camina hacia los dos millones de habitantes siga creciendo sin invertir en las infraestucturas que necesita».
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El senador ha ido más allá al reclamar la bonificación «inmediata» de la AP-7 de la Costa del Sol, «el peaje más caro de España», como medida para aliviar la presión sobre una A-7 cada vez más saturada. «Es difícil encontrar un ejemplo más claro del castigo de Puente a Málaga: no mejora la autovía y encarece la autopista de peaje que los malagueños usan como alternativa», ha denunciado.
Por ello, el PP de Málaga ha exigido actuaciones «reales» para ampliar y mejorar el Cercanías, impulsar de una vez el tren litoral, bonificar la AP-7 y ofrecer soluciones estructurales a la movilidad en la A-7.
Mientras Málaga suma habitantes, empresas y empleo, Transportes suma estudios, anuncios y excusas.
«. La provincia ganó más de 19.000 residentes en el último año y se acerca a los dos millones, un ritmo que presiona los servicios públicos y, sobre todo, la movilidad. Mientras la Costa del Sol se consolida como imán de inversión y talento, las grandes redes de transporte —Cercanías, autovías y conexiones ferroviarias litorales— muestran síntomas de saturación que preocupan tanto al sector empresarial como a los ciudadanos.
Aunque la Junta de Andalucía gestiona las carreteras autonómicas y tiene voz en la planificación territorial, los proyectos que reclama el PP malagueño —el tren litoral, la modernización del Cercanías o la gratuidad del peaje en la AP-7— dependen de las decisiones y los presupuestos del Ministerio de Transportes. La percepción de que el Gobierno central no está acompasando el ritmo de inversión al crecimiento de la provincia no es nueva, pero el tono de la reclamación se endurece a medida que los datos demográficos y de empleo obligan a planificar el futuro con más premura.
La próxima negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2027 se perfila como el escenario clave para que las exigencias de los diferentes partidos andaluces se concreten en partidas. Hasta entonces, la presión sobre la A-7 y la escasez de alternativas ferroviarias seguirán marcando el día a día de cientos de miles de malagueños, en una provincia donde la movilidad ya no es un tema técnico: es una cuestión de competitividad.
