El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) lanza a consulta pública la modificación del Reglamento de la Planificación Hidrológica para actualizar los requisitos y procedimientos que se tendrán en cuenta para los próximos planes hidrológicos –actualmente también en participación pública– y con los futuros planes especiales de sequía, cuya aprobación está prevista para 2022 y 2024 respectivamente.
El Reglamento de la Planificación Hidrológica vigente, que es el principal referente normativo para estas cuestiones, fue aprobado en 2007. Esta actualización prevé mejorar la normativa actual e incorporar asuntos que no estaban contemplados en los documentos originales, según subraya Medio Ambiente.
El nuevo reglamento propone una modificación en los contenidos mínimos exigibles de los planes especiales de sequía, además de actualizar los procedimientos de elaboración, tramitación, aprobación, seguimiento y revisión. Además, se incorpora la variable del cambio climático en la planificación hidrológica para cumplir con los objetivos la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
Esta actualización también establece criterios comunes para garantizar la coherencia normativa de los planes hidrológicos en todo el país, renueva los requisitos de publicación y notificación a la Unión Europea de los planes con el uso de las nuevas tecnologías, organiza los programas de medidas que impulsarán las administraciones competentes y refuerza y clarifica los requisitos que justifican las exenciones al logro de los objetivos ambientales para reducir los litigios.
Este proyecto de reforma ha sido acordado con la Comisión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En concreto, se recoge dentro del Componente 5 del Plan, sobre espacio litoral y recursos hídricos. De esta manera, el nuevo Reglamento de la Planificación Hidrológica deberá estar aprobado para finales de 2021 o principios de 2022.
La actualización de este reglamento tiene un amplio carácter participativo. Tras el periodo de consulta pública, se requerirán informes de órganos colegiados como el Consejo Asesor de Medio Ambiente o el Consejo Nacional del Agua y de otros departamentos ministeriales.
También será necesario el dictamen del Consejo de Estado antes de que la propuesta sea elevada a Consejo de Ministros. Los comentarios y alegaciones se pueden realizar hasta el próximo 27 de septiembre a través de este buzón de la Dirección General del Agua.
