Pedro Sánchez ha exigido este martes a Alberto Núñez Feijóo que rompa con Vox y se sume a un pacto de Estado contra el cambio climático, en la rueda de prensa de balance del curso político. El presidente del Gobierno ha puesto sobre la mesa la cifra de 170.000 hectáreas calcinadas en lo que va de año —seis veces más que en 2025— para urgir un acuerdo que, según ha asegurado, está abierto a las aportaciones de todos los grupos, incluido el PP.
La ofensiva de Sánchez, en plena negociación de los presupuestos de 2027, busca abrir una brecha en el centroderecha y colocar al PP en el brete de tener que elegir entre un pacto con el Gobierno y su alianza estratégica con Vox en las comunidades autónomas. Un movimiento que la Moncloa calibra a conciencia tras la oleada de incendios que ha disparado la preocupación ciudadana.
La posición de Vox: gestión forestal y escepticismo ante el catastrofismo climático
Desde la formación que lidera Santiago Abascal, el diagnóstico es otro. Vox rechaza el discurso catastrofista que atribuye al Gobierno y señala que el problema no es tanto el cambio climático como la falta de limpieza de montes, el abandono del mundo rural y unas políticas hídricas que, a su juicio, favorecen los intereses de la Agenda 2030 en detrimento de la soberanía nacional. La formación insiste en que la lucha contra los incendios debe centrarse en la gestión de los recursos hídricos y en la prevención, y no en impuestos verdes que, aseguran, «solo sirven para engordar las arcas del Estado y las élites globalistas».
Para Vox, el pacto climático propuesto por Sánchez es, en realidad, una coartada para impulsar más regulación verde, aumentar la presión fiscal sobre el campo y la industria, y limitar la capacidad de los propietarios rurales para gestionar sus tierras. «El verdadero combustible de los incendios no es la temperatura, sino la malísima gestión forestal de muchas comunidades y la dejadez del Estado», han señalado fuentes de la dirección nacional del partido.
La formación denuncia que el Gobierno utiliza la emergencia climática para justificar recortes de autonomía local y para imponer estándares impuestos desde Bruselas que, a su juicio, lastran la competitividad del sector primario español.
No es la primera vez que Vox carga contra lo que considera un «dogma climático»; ya en 2024 forzó al PP a rechazar un plan nacional de reforestación que, a ojos de Génova, suponía ceder ante el ecologismo de salón y alejarse del electorado rural, un caladero que la formación de Abascal disputa palmo a palmo.
El debate climático fuerza al PP a un dilema que Vox sabe explotar: sumarse al pacto con Sánchez o mantener sus alianzas autonomicas.
El órdago de Sánchez y los números que lo acompañan
Sánchez ha respaldado su petición con los datos de la oleada de incendios: más de 170.000 hectáreas arrasadas y el riesgo de que agosto y septiembre eleven aún más la cifra. El presidente ha recordado que el pacto de Estado fue presentado en septiembre de 2025 en Ponferrada y que ha recibido aportaciones de 1.300 expertos, pero que el PP lo calificó entonces de “sectario e ideológico”.
En su comparecencia, Sánchez ha instado a Feijóo a desligarse del “negacionismo” de Vox, que a su juicio es “el peor de los combustibles” ante la emergencia climática. “Negar la realidad y las alarmas de la ciencia nos hace mucho más vulnerables y a nuestra población mucho más insegura”, ha afirmado.
Sin embargo, el presidente no ha anunciado ninguna llamada a Feijóo; ha dejado claro que es el líder del PP quien debe dar el paso. “Tiene las puertas abiertas”, ha dicho, aunque ha advertido de que “ojalá fuera una oposición constructiva y no destructiva, y no negara la evidencia de la emergencia climática”.
Estrategia: forzar el divorcio entre PP y Vox en plena partida presupuestaria
La maniobra de Sánchez se lee en clave interna. El presidente busca colocar al PP ante una disyuntiva incómoda: o se suma a un pacto con el Gobierno —lo que le obligaría a asumir marcos regulatorios que chocan con su electorado más conservador y con sus aliados de Vox— o mantiene su alianza con los de Abascal, arriesgándose a que la izquierda le cuelgue la etiqueta de cómplice del “negacionismo”.
Ese dilema es especialmente agudo en las comunidades autónomas donde PP y Vox gobiernan juntos. La presión de Sánchez apunta a debilitar esos ejecutivos, a los que acusa de no tener “una voluntad clara y firme de luchar contra la emergencia climática, sino todo lo contrario, al negarlo”.
A nivel europeo, Vox, integrado en el grupo Patriotas por Europa, ha hecho de la oposición al Pacto Verde una seña de identidad, lo que convierte cualquier guiño de Feijóo al clima en un posible desgaste electoral en su flanco derecho.
En pleno debate presupuestario, el movimiento de Sánchez cobra una dimensión táctica añadida: busca dividir al bloque de centroderecha y erosionar los acuerdos autonómicos entre PP y Vox antes de la negociación de las cuentas. Feijóo, por su parte, sabe que cualquier acercamiento al pacto climático del Gobierno sería leído por Vox como una traición, mientras que mantener las distancias le expone a las críticas de inacción de Moncloa. La pelota queda en el tejado de Génova, que tendrá que decidir en las próximas semanas si responde a la llamada o si, como hasta ahora, prefiere mantener el perfil bajo que le evita choques con sus socios de Vox. El pulso está servido.
