El consejero de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco (Vox), ha suprimido la asignación semanal de 18 euros que recibían los menores extranjeros bajo tutela en la comunidad. La decisión, que mantiene la ayuda para los chicos y chicas de origen español, afecta a 219 menores y se enmarca, según Vox, en el compromiso de coalición con el Partido Popular de no destinar recursos públicos a la inmigración ilegal.
La consejería dirigida por Nolasco aplica así una de las cláusulas del pacto de gobierno que sostiene al ejecutivo de Jorge Azcón: la llamada ‘prioridad nacional’. El acuerdo establece que las administraciones gobernadas por el PP y Vox dejarán de financiar cualquier prestación que, directa o indirectamente, esté ligada a la inmigración irregular. En este caso, la paga semanal de 18 euros se destinaba a gastos personales de los menores tutelados, con el fin de evitar que mendigaran o carecieran de recursos mínimos, y ahora dejará de abonarse a los que no tengan la nacionalidad española.
La cifra de afectados es reducida en términos absolutos. De los aproximadamente 1.700 menores que tiene bajo su protección el sistema público aragonés, solo 219, es decir, el 12 %, son extranjeros. El coste anual de estas ayudas para el erario autonómico rondaba los 186.000 euros en total, una cantidad modesta que subraya el carácter simbólico de la medida. Vox argumenta que no se puede seguir financiando con dinero de todos los contribuyentes lo que denomina “efecto llamada” de la inmigración irregular, y que la prioridad deben ser siempre los ciudadanos españoles.
La decisión de Nolasco ha provocado la reacción inmediata del Gobierno central. El Ministerio de Juventud ha denunciado el caso ante la Fiscalía por un posible delito de discriminación, al considerar que se está dando un trato desigual a menores de edad en función de su origen. Desde la cartera que dirige Sira Rego se insiste en que la protección de la infancia no admite distinciones y que la medida contraviene los principios básicos de la ley de protección del menor.
En el plano autonómico, el PP de Aragón ha optado por la equidistancia. La portavoz del Gobierno regional ha señalado que la supresión de la prestación entra dentro de las competencias de la Consejería de Bienestar Social y que solo intervendrían si una instancia judicial la declarase ilegal. Esta postura evita un choque directo con el socio de Gobierno, pero tampoco respalda explícitamente la medida, un equilibrio que refleja la incomodidad de los populares con las líneas rojas impuestas por Vox en materia migratoria.
La medida no persigue el ahorro —los 186.000 euros anuales son irrelevantes en los presupuestos— sino fijar un precedente político que marque el camino a otras comunidades con pactos de coalición.
Qué busca Vox con este movimiento
La retirada de la paga a los menores extranjeros tutelados es el primer ejemplo tangible de cómo Vox piensa utilizar las palancas de los gobiernos autonómicos para llevar a la práctica su discurso de ‘prioridad nacional’. No es casualidad que la iniciativa parta de un consejero de la formación en Aragón, una comunidad en la que el pacto PP-Vox ha sido especialmente estable. La dirección nacional de Santiago Abascal observa con atención el desenlace: si la fórmula no encuentra un veto judicial claro, servirá de modelo para otras regiones con ejecutivos de coalición.
El movimiento también tensa la cuerda con el Partido Popular. Aunque el PP nacional, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, ha endurecido su discurso migratorio —el propio Feijóo ha dicho que “lo irregular no puede producir derechos”—, no se ha pronunciado sobre este caso concreto. La actitud de los populares aragoneses, que miran hacia otro lado mientras Vox ejecuta una medida de calado ideológico, deja a los conservadores en una posición delicada: si no la condenan, quedan asociados a una decisión que la izquierda tilda de xenófoba; si la rechazan, ponen en riesgo la estabilidad del gobierno regional y alimentan el relato de que el PP no es fiable para Vox.
El coste político de estas políticas de diferenciación según el origen está aún por evaluar, pero para Vox el beneficio es inmediato: reafirma su perfil propio ante un electorado que premia la dureza con la inmigración y demuestra a sus bases que, cuando gobierna, sus promesas no se quedan en el discurso. El próximo paso, previsiblemente, será la extensión de medidas similares a otras comunidades con presencia de Vox en los gobiernos, siempre en el filo de la legalidad pero dentro del margen de las competencias autonómicas.
