La doctrina legal que ha permitido a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y al Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno británico (GCHQ) operar sin cortapisas en redes extranjeras está dejando desprotegida la joya de la corona tecnológica de Occidente: la infraestructura con la que se entrena la inteligencia artificial. Se lo anticipo a usted sin rodeos. La paradoja, desgranada en un análisis de Lawfare, es tan incómoda como urgente: los dos pesos pesados de la ciberinteligencia anglosajona, que llevan una década resistiéndose a considerar toda intrusión como una violación de soberanía, se encuentran ahora con que ese mismo blindaje doctrinal no ampara sus propios centros de datos, los modelos de lenguaje avanzados ni los pesos neuronales que tanto ansían Pekín y Moscú.
El trilema soberano que divide al planeta en tres bloques
Desde que Francia y la Unión Africana abanderaron la llamada ‘soberanía pura’ —cualquier acceso no autorizado a infraestructuras TIC de un Estado es ilícito, sin necesidad de demostrar daño—, el derecho internacional viene librando una batalla soterrada. Le pongo en contexto. Ese campo, el de la ‘soberanía como cortafuegos normativo’, choca de frente con el modelo que defiende el Pentágono: la soberanía se viola solo si hay daño físico, pérdida de funcionalidad o interferencia en funciones gubernamentales inherentes. Y luego está el club de la libertad operativa, donde el Reino Unido, en una intervención de su fiscal general en 2018, se negó a aceptar que la soberanía sea una regla primaria autónoma, precisamente porque limitaría las intrusiones no destructivas del GCHQ.
La ironía, me consta al hablar con fuentes que siguen de cerca los debates del Grupo de Expertos Gubernamentales de la ONU, es que la propia doctrina que blinda las operaciones de la NSA y el GCHQ deja sin piso jurídico la defensa de los activos de IA. Las filtraciones de datos de entrenamiento y el envenenamiento de modelos —los ataques que más temen los Estados que están invirtiendo en soberanía de la IA— no producen un daño físico evidente ni tumbarían una central eléctrica. Son intrusiones de baja intensidad, exactamente el tipo de acceso que Washington y Londres llevan años diciendo que no es ilegal per se.
Cuando el botín está en los pesos neuronales y no en los secretos militares
Hace apenas dos meses, en junio de 2026, la Casa Blanca firmó una orden ejecutiva que obliga a priorizar la ciberdefensa de los sistemas de IA como infraestructura nacional crítica. La misma Administración que, semanas antes, había rescatado —con matices— la regla de difusión de Biden que sometía a presunción de denegación la exportación de pesos de modelos avanzados. Esos movimientos administrativos, sumados a la iniciativa Pax Silica del Departamento de Estado —respaldada ya por 24 países, entre ellos Japón y Australia—, documentan algo que va más allá de la mera política industrial: Estados Unidos se declara soberano de sus activos de IA por la vía ejecutiva, pero no tiene claro bajo qué paraguas legal exigir responsabilidades a un Estado intruso.
Lo veo como un cambio de doctrina de largo alcance, no como una mera contradicción técnica. Y no es un debate de salón: el índice de Soberanía de la IA del CNAS registra ya cerca de 130 iniciativas nacionales en más de 50 países, empeñadas en romper la dependencia extranjera en la cadena de suministro de la IA. España, lo adelanto, ni está ni se la espera en ese índice; nuestro país sigue sin articular una estrategia que conecte la ciberseguridad de los modelos fundacionales con la posición jurídica que defiende en Naciones Unidas.
El pasado enero de 2026, la declaración conjunta de los Five Eyes advertía de que los modelos de IA de frontera transforman las capacidades ofensivas y defensivas en cuestión de meses. Sin embargo —y este es el punto ciego que el análisis de Lawfare clava—, el comunicado guardó silencio absoluto sobre el fundamento jurídico para responder cuando un adversario apunte contra esa infraestructura. El silencio es ensordecedor porque, como escribí hace años en El quinto elemento, «el próximo 11S empezará con un clic». Y ese clic bien podría ser una inyección de datos corruptos en un centro de entrenamiento de IA que el derecho internacional actual apenas tipifica.
La misma doctrina que protege la libertad operativa de la NSA deja sin respuesta legal al robo de los pesos de un modelo de lenguaje avanzado.
Dossier Moncloa: Ojos en la Sombra
La paradoja de la soberanía de la IA no es solo un dilema anglosajón; es una alarma que debería sonar en los despachos del Centro Criptológico Nacional y en la propia Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia. Porque si Madrid aspira a tener algún día un ecosistema propio de grandes modelos, tendrá que decidir en qué casilla se sitúa: si abraza la tesis de la soberanía pura que lideran Francia y el Grupo Africano, y con ello se blinda ante cualquier acceso remoto, o si sigue instalada en el pragmatismo occidental que deja abierta la puerta trasera —nunca mejor dicho— a las intrusiones no destructivas.
Las agencias implicadas en este reacomodo son tres las que atacan, tres las que se defienden y muchas las que observan. La Unidad 61398 y el Grupo APT40 de China, junto con el Servicio de Inteligencia Exterior ruso —los Fancy Bear del GRU y los Cozy Bear del SVR— son quienes con mayor intensidad están exfiltrando datos y tanteando infraestructuras de IA en suelo estadounidense, según la atribución consolidada de Mandiant y CrowdStrike. Al otro lado, la NSA, el GCHQ y, en menor medida, la Dirección General de Seguridad Exterior francesa intentan proteger lo que ya consideran el nuevo petróleo del siglo. Y entre los que miran con atención figuran Israel, cuyo Mossad ha hecho de la inteligencia artificial un pilar de su doctrina ofensiva, y la India, que acaba de desplegar una ambiciosa política de computación soberana.
China y Rusia, por cierto, son los campeones de la doble vara —invocan la soberanía digital en sus discursos mientras sus servicios de inteligencia la violentan cada día—, pero ese cinismo no debilita la regla. La Corte Internacional de Justicia ya estableció en el caso Nicaragua que lo que desgasta una norma consuetudinaria no es la violación en sí, sino la pretensión de justificarla como legal. Pekín niega las intrusiones y Moscú hace lo propio; con ello, paradójicamente, mantienen viva la espoleta de la soberanía que un día podría volverse contra ellos.
El vector de amenaza en este dossier es, por tanto, una combinación de ciberataque de baja intensidad —principalmente exfiltración y envenenamiento de datos— contra infraestructura de entrenamiento de IA, ejecutado por grupos APT con recursos estatales. El nivel de clasificación estimado del material involucrado en las operaciones más recientes —pesos de modelos bajo orden ejecutiva, comunicaciones internas de los Five Eyes sobre el vacío jurídico— me lleva a situarlo en Secreto, y en algunos casos bordeando el Top Secret, a juzgar por la naturaleza de los activos y el sigilo con el que se han manejado las discusiones doctrinales en Londres y Washington.
Sigo desde hace años este oficio, y le confieso que pocas veces un tecnicismo jurídico ha tenido un potencial tan desestabilizador. Si el Reino Unido acaba aceptando —o se le impone por costumbre internacional— que cualquier acceso no autorizado a sus centros de datos de IA viola su soberanía, el GCHQ tendrá que repensar de arriba abajo su manual de operaciones. Y si Washington recula en su ambigua posición actual, la NSA verá comprometida la misma libertad de movimiento que ha necesitado para ejecutar operaciones como SolarWinds o el espionaje masivo revelado por Snowden. No es poca cosa.
El precedente que me traigo al dossier es el del año 2020, cuando la exfiltración masiva de SolarWinds —atribuida al SVR— no fue calificada jurídicamente como violación de soberanía por parte de Estados Unidos, precisamente porque la doctrina norteamericana no contempla el mero acceso como ilícito. Aquella operación tocó de refilón las cadenas de suministro tecnológico; la próxima, me temo, apuntará directamente a los laboratorios donde se cocina la inteligencia del futuro. Y entonces, la ausencia de una regla clara se volverá una invitación al desastre.
