El Parlament ha amonestado este lunes al portavoz de Vox, Joan Garriga, por considerar que sus declaraciones sobre Lluís Companys y la financiación del PSOE vulneran el código de conducta de la Cámara. La decisión, adoptada por la Mesa del Parlament, impone una amonestación pública sin multa económica, pero Vox ya ha avanzado que no la aceptará como un simple trámite.
Vox denuncia un intento de censura y defiende la libertad de expresión en el Parlament
Joan Garriga, portavoz de Vox en el Parlament, ha recibido una amonestación pública por parte de la Mesa tras dos expedientes abiertos. El primero se refiere a la expresión ‘asesino’ dirigida al expresidente de la Generalitat durante la Segunda República, Lluís Companys (ERC). El segundo, por las acusaciones vertidas contra el PSOE de haber incurrido en ‘financiación ilegal’ y ‘corrupción’, llegando a afirmar que gastó dinero en ‘drogas y prostitutas’. Para la Mesa, estas palabras contravienen el artículo 7 del código de conducta, que exige ‘una conducta respetuosa’ y ‘un lenguaje adecuado’ por parte de los diputados.
Desde Vox, sin embargo, se interpreta esta decisión como un ataque frontal a la libertad de expresión. La formación sostiene que calificar a Companys de ‘asesino’ no es un insulto personal, sino una valoración histórica basada en hechos documentados, y recuerda que las acusaciones de corrupción contra el PSOE no son gratuitas: existen procedimientos judiciales abiertos que investigan la financiación irregular del partido. Según fuentes del partido consultadas por Moncloa.com, no se puede pretender que los diputados de Vox callen ante lo que consideran una lacra histórica y una degeneración moral de la política española.
La sanción a Joan Garriga no es un hecho aislado, subrayan desde Vox. La Mesa ha amonestado también a la diputada de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, por sus declaraciones sobre el uso del velo islámico y su crítica a la diputada de ERC Najat Driouech. Para Vox, esta coincidencia revela un patrón: el órgano de gobierno del Parlament estaría utilizando el código de conducta como herramienta para silenciar a la oposición de derechas, mientras se toleran descalificaciones y excesos verbales por parte de otras formaciones.
La decisión de la Mesa: una amonestación sin multa pero con lectura pública
La resolución de la Mesa, adoptada en la última reunión del actual periodo de sesiones, califica la falta de Garriga como ‘infracción leve’. Ello implica que no conlleva sanción económica, aunque el código de conducta prevé multas que van desde los 600 hasta los 12.000 euros. La amonestación pública será publicada en el Boletín Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) y se leerá en el próximo Pleno, dentro de dos meses, un gesto que la oposición interpreta como una humillación política.
La sanción a Garriga y a Orriols demuestra que el código de conducta del Parlament se está utilizando como un arma arrojadica contra la oposición de derechas, no como un instrumento de convivencia parlamentaria.
El artículo 7 del código, en su segundo apartado, establece que los diputados deben mantener ‘una conducta respetuosa con los demás diputados y con los ciudadanos, y una actitud escrupulosa y ejemplar acorde con el principio de igualdad, sin discriminación por razón de género, orientación sexual, creencias, ideología, origen o condición social, etnia, lengua o cualquier otra’. La Mesa considera que Garriga vulneró ese precepto.
A pesar de la aparente levedad de la sanción, Vox ya ha anunciado que no se quedará de brazos cruzados. Fuentes de la dirección del partido en Cataluña aseguran que están estudiando todos los mecanismos legales para impugnar la decisión, alegando que se trata de un acto de censura que vulnera el derecho fundamental a la libertad de expresión de los representantes electos. No descartan acudir a los tribunales si es preciso, han advertido.
La sanción a Vox coincide con la de Aliança Catalana, lo que ha llevado a algunos analistas a hablar de un intento de acallar a las voces más incómodas para el establishment catalán. Sin embargo, desde Vox se insiste en que su caso es especialmente grave porque las expresiones sancionadas forman parte del debate político legítimo y no constituyen un ataque personal.
Lectura estratégica: Vox y la batalla por la libertad de expresión en el Parlament
La amonestación a Joan Garriga debe leerse en clave estratégica. Vox ha hecho de la defensa de la libertad de expresión uno de los ejes de su acción política en Cataluña, donde el partido se enfrenta a un clima político a menudo hostil. Para la formación de Santiago Abascal, cada sanción de este tipo refuerza su discurso de victimización y le permite presentarse como el único partido que se atreve a decir lo que otros callan.
El precedente de la sanción a Sílvia Orriols refuerza esta tesis. Ambas formaciones, situadas a la derecha del espectro político, han sido objeto de expedientes por parte de una Mesa dominada por el independentismo y la izquierda, lo que alimenta la narrativa de que existe un sesgo en la aplicación del código. Vox, además, espera que esta polémica movilice a su electorado en un momento en que la formación busca consolidar su presencia en los parlamentos autonómicos.
La lectura es clara: para Vox, esta amonestación no es un castigo a un exabrupto, sino un intento de limitar su capacidad de fiscalizar los escándalos del PSOE y de cuestionar los mitos del nacionalismo catalán. El partido está decidido a convertir la sanción en un símbolo de su lucha contra la corrección política y la censura institucional, un argumento que ya ha demostrado tener eco entre amplios sectores de la sociedad española.
En definitiva, el episodio servirá a Vox para reforzar su perfil como partido incómodo para el sistema y para denunciar la doble vara de medir que, a su juicio, impera en las instituciones catalanas. La próxima lectura de la amonestación en el Pleno, dentro de dos meses, será un nuevo escenario para que el partido dé la batalla.
