El sector agrario andaluz, representado por Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, ha mostrado su «decepción, desesperación y enfado» tras la celebración de la Conferencia Sectorial en la que el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha indicado que las demandas de los agricultores y ganaderos andaluces «no tienen cabida» en su Plan Estratégico para la Política Agraria Común (PAC).
«El ministro nos desoye de nuevo», han señalado las organizaciones en un comunicado, toda vez que han lamentado que «lejos de abrir la puerta al consenso, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha dado una patada hacia adelante y ha anunciado que el borrador del Plan Estratégico se someterá a un proceso de consulta pública a finales de noviembre, cuando el documento no está consensuado y se rechaza por Andalucía, entre otras regiones».
En esta línea, han criticado que el ministro «declina» incorporar medidas que «puedan paliar el grave perjuicio» que su propuesta de Plan Estratégico para la aplicación de la PAC «va a generar» en Andalucía, «con pérdidas de hasta 180 millones de euros anuales». «Si no se modifica la propuesta, la comunidad podría perder hasta 900 millones entre 2023 y 2027», han señalado.
Para el sector, la consulta pública es «una artimaña» para «justificar» que «se han ignorado» las propuestas que se han hecho en las mesas de negociación, «dando la espalda y pretendiendo otorgar un valor democrático a una propuesta que no lo tiene».
«Con este anuncio, Planas da otro paso con su propuesta sin atender las demandas del sector agrario andaluz y traiciona a Andalucía una vez más al avanzar con un modelo que provocará un trasvase de fondos que perjudicará de forma directa a los agricultores y ganaderos que más han aportado al presupuesto de la PAC para España, reflejo del potencial productivo del campo andaluz, y así nos niega el derecho al progreso y al futuro de los productores agrarios andaluces», han criticado.
Asimismo, han recordado que el complejo agroalimentario es un motor socioeconómico «fundamental» para la región, que «dinamiza el medio rural, genera más del 10% del empleo de la región y supera los 30.000 millones de euros de negocio». «Se trata de un modelo sostenible y social que distribuye riqueza, genera empleo, gestiona territorio y fija población», han defendido.
Por este motivo, han indicado que el Plan Estratégico Nacional de la PAC tiene que ser «fruto del consenso» y no «una imposición ni una mera herramienta especulativa», así como «debe reconocer» la colaboración y el reconocimiento del peso estratégico que tiene Andalucía, «contemplando» la realidad agraria de esta región y «no mermando» la rentabilidad del campo andaluz, «que ya de por sí está comprometida por unos costes cada vez más elevados, por unos precios que merman la viabilidad y que, de persistir el planteamiento, dejaría a los agricultores y ganaderos andaluces fuera del proyecto medioambiental de la Unión Europea».
PROPUESTAS SOBRE LOS ECOESQUEMAS DEL SECTOR
El sector agrario ha explicado que los ecoesquemas se nutren del 25% del total de las ayudas directas que reciben los agricultores y ganaderos y que, por este motivo, las organizaciones han señalado que «lo razonable» es aplicar los ecoesquemas «en función de la región productiva en la que estén dichos profesionales».
«Cada región debe compensar la medida que se ha de aplicar en el ecoesquema, por lo tanto ese presupuesto retornaría para que no lo perdieran de manera injusta, reconociéndose así la diversidad productiva de nuestro país», han afirmado.
Así, han asegurado que «se evitaría» la especulación presupuestaria y «fijaría el presupuesto al territorio», contemplando la diversidad productiva y apostando por el modelo social y profesional de agricultura. «De no ser así, se deslocalizan los fondos presupuestarios y se pondría en juego el marco de calidad, competitividad y seguridad alimentarias que caracteriza hoy en día al sector agrario andaluz», han señalado.
Por otro lado, han insistido que la reducción de regiones productivas «penaliza» la diversidad de Andalucía, al pasar de las 50 zonas actuales a un máximo de 20.
En esta línea, han reconocido que el panorama planteado en los primeros borradores era «menos halagüeño» para la comunidad, pero han manifestado que, una vez conocido el planteamiento de la distribución comarcal de cada una de ellas, así como los importes medios, «exigen cambios sustanciales para conseguir el necesario equilibrio territorial y productivo con tal de minimizar el impacto real y las pérdidas».
«La propuesta del campo andaluz está encima de la mesa y se espera que el ministro de Agricultura reconduzca su actitud. Mientras, el sector se reunirá en los próximos días para organizar un proceso reivindicativo más contundente con el objetivo de alcanzar un trato equilibrado para Andalucía», ha concluido.
