EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Comisión Europea ha reabierto este jueves 21.300 millones de euros en préstamos del programa SAFE que ningún Estado había ejecutado. La segunda ronda de convocatorias estará abierta hasta el 13 de noviembre.
- ¿Quién está detrás? El Ejecutivo comunitario, con Ursula von der Leyen y el comisario de Defensa, Andrius Kubilius, al frente. Polonia es el gran beneficiario del programa; Alemania y Países Bajos nunca se adhirieron.
- ¿Qué impacto tiene? Ucrania afronta un déficit de 70.000 millones y Bruselas quiere que parte de esos préstamos acabe en empresas conjuntas con Kiev. España se juega contratos para su industria de defensa sin garantía de que el dinero se mueva.
Bruselas reabre 21.300 millones en préstamos SAFE sin ejecutar y apremia a los Estados a compartir proyectos con Ucrania. La segunda ronda de convocatorias, abierta este jueves 29 de octubre, permanecerá activa hasta el 13 de noviembre.
La cifra no es nueva: es dinero ya presupuestado que nadie había pedido. La Comisión Europea lo vuelve a poner sobre la mesa con tipo de interés blando y una condición política implícita: que los gobiernos miren hacia Kiev. No hay obligación legal. Hay presión.
De dónde salen los 21.300 millones que nadie había gastado
El paraguas es SAFE (Security Action for Europe), el programa con el que la UE financia inversiones estratégicas en defensa desde el estallido de la guerra de agresión rusa. Se diseñó para reforzar capacidades industriales y producción urgente ante las dudas sobre las garantías de seguridad de Estados Unidos durante el segundo mandato de Donald Trump. Funciona, en la práctica, como un préstamo de la UE a cada capital, que después compra donde quiere. Puedes consultar el marco del programa en la Dirección General de Industria de Defensa y Espacio.
El comisario de Defensa, Andrius Kubilius, ha enviado este jueves una carta a los Gobiernos europeos en la que anima a profundizar la cooperación con Ucrania mediante empresas conjuntas, con prioridad en tres áreas: sistemas antimisiles, drones, y munición. El portavoz comunitario de Defensa, Thomas Regnier, lo resumió así: ‘Estos excedentes pueden beneficiar sin duda a las industrias de defensa nacionales, pero también a Ucrania en el contexto actual’.
El agujero ucraniano justifica la prisa. Kiev afronta un déficit presupuestario de 70.000 millones de euros mientras se multiplican los ataques aéreos. Ursula von der Leyen lo anticipó en su discurso sobre el Estado de la Unión del mes pasado: ‘Utilizando los fondos restantes de SAFE, pondremos en marcha un nuevo programa de proyectos conjuntos con empresas ucranianas’.
¿Por qué sobra dinero? Porque varios Estados pidieron mucho menos de lo previsto. Italia, Hungría y Francia están en esa lista. La mayoría de los Estados miembros prefiere gastar su presupuesto en actores nacionales antes que en deuda común. Y ahí está el problema: el préstamo es del Estado, no de Bruselas.
El dinero es de los Estados y la decisión también. Lo único que controla Bruselas son las reglas del juego, y ahí se juega Ucrania su parte.
El préstamo es nacional y Bruselas no puede imponer nada: la baza de la compra conjunta
Hasta mayo, las normas de SAFE permitían pedidos de adquisición de un solo país. Era, en teoría, una excepción temporal para compras urgentes. En la práctica se introdujo a insistencia del comisario polaco de Presupuesto, Piotr Serafin, para reservar el máximo posible a la industria polaca. El resultado es elocuente: Varsovia ha destinado el 89% de su financiación a su propia industria armamentística.
Polonia es, con enorme diferencia, la mayor beneficiaria del programa, con 43.730 millones de euros, cerca del 30% del total. Se espera que pida más. Esta vez no en solitario: la segunda ronda exige compras entre varios países, aunque no fija cuota mínima para el socio ucraniano. Un alto cargo de la UE lo admitió ante la prensa con franqueza inusual: ‘no hay garantía de que esto vaya a suceder’.
Ocho Estados nunca se adhirieron a SAFE, entre ellos Alemania y Países Bajos, que se financian más barato por su cuenta que vía deuda común europea. Rumanía, en el flanco este, ya arrastra un procedimiento de déficit excesivo y no tiene margen para endeudarse más. El apetito queda en un club reducido: Polonia, Irlanda y Grecia. Pura geometría variable.
Para la industria española, la ventana es tan estrecha como real. Navantia, Indra, Escribano o Tess Defence compiten en los mismos segmentos que reclama Bruselas —antimisiles, drones, munición— y cualquier proyecto conjunto con una firma ucraniana abre puerta a contratos sin pasar por licitación nacional. Si Moncloa mantiene la línea de los últimos consejos de Defensa, favorable a que Bruselas gane peso en la compra conjunta, tendrá que mover ficha antes del 13 de noviembre. No hay prórroga anunciada.
El riesgo real es que miles de millones queden sin gastar justo cuando Kiev se queda sin caja. La normativa vigente no permite reasignar directamente a Ucrania los préstamos no utilizados. Eso sí, no sería la primera vez que Bruselas recurre a lo que un alto funcionario definió como ‘soluciones creativas’. Nadie obliga a nada. El calendario manda.
El Eje del Poder Europeo
El pulso revela cómo se ha movido la UE en defensa desde 2022. Polonia entendió antes que nadie que el dinero común se captura con reglas a medida y ha convertido SAFE en el mayor plan de rearme nacional de Europa. Alemania y Países Bajos, los frugales de siempre, miran desde fuera: para Berlín y La Haya, la deuda común en defensa es un precedente incómodo que puede contaminar el debate del próximo Marco Financiero Plurianual.
Francia, que predicó la autonomía estratégica durante años, ha pedido préstamos muy por debajo de lo previsto; París prefiere financiar su base industrial con presupuesto propio y con la etiqueta de campeón europeo. Italia y Hungría completan la paradoja: gobiernos que invocan el rearme y que no han ejecutado sus líneas disponibles.
Para España el cálculo tiene dos caras. La primera es industrial: la compra conjunta europea es la única vía realista para que un fabricante mediano escape del mercado doméstico y acceda a volúmenes. La segunda es fiscal: cada euro captado de SAFE es un euro que no sale del Presupuesto ni tensiona la regla de gasto pactada con Bruselas, un argumento que en Moncloa pesa más de lo que se dice en público.
El precedente comparable está en el fondo de recuperación: los países que presentaron proyectos tarde y mal captaron menos. Y el sector español de defensa ya sabe lo que es llegar con el expediente a medio hacer.
La lectura a medio plazo es incómoda. Si la segunda ronda fracasa y Bruselas tiene que inventar una fórmula para llevar los remanentes a Kiev, SAFE quedará marcada como instrumento fallido: capacidad jurídica sobrada, ejecución escasa.
Si triunfa, el modelo —préstamo europeo, compra conjunta, socio ucraniano— será el embrión de una política industrial de defensa común que los frugales llevan años frenando. Los dos escenarios se decidirán con un puñado de solicitudes presentadas antes del 13 de noviembre; después llega el turno del Parlamento Europeo, que deberá validar cualquier reasignación presupuestaria, y del Consejo, donde la unanimidad en política exterior sigue siendo la regla. Ahí se verá si los Veintisiete quieren una Europa de la defensa o solo un catálogo de préstamos baratos.
