La ley que limitará los nombramientos a dedo en la Generalitat supera su primer examen gracias a Junts per Catalunya. El grupo neoconvergente no apoyará la devolución del texto al Govern y abre la puerta a negociarlo en el Parlament.
El plazo para registrar enmiendas a la totalidad termina este viernes, 30 de octubre, y el mapa de posiciones llega dibujado a la fecha límite. El PPC ya tiene la suya registrada; los Comuns confirmarán previsiblemente la suya a primera hora del viernes; ERC, socia de legislatura del PSC, sigue sin dar el sí. Ninguna de ellas debería prosperar en la votación, que se prevé para el pleno de diciembre, según fuentes parlamentarias consultadas por este medio.
De tumbar la ley a reescribirla
Junts no votará a favor de devolver el proyecto al Govern. Lo que negocian los neoconvergentes es una enmienda a la totalidad con texto alternativo, una figura que no devuelve el texto al Ejecutivo sino que lo sustituye por otra redacción. Es la vía que evita el veto sin bendecir el articulado que ha salido de Presidència. Fuentes conocedoras de las conversaciones dan por hecho que el grupo de Mònica Sales no respaldará las enmiendas de devolución y que su objetivo real es entrar en la ponencia con posiciones propias.
El motivo de fondo es menos presentable. La norma obliga a cubrir las direcciones y subdirecciones generales de la Generalitat con procesos de selección meritocráticos y complica los ceses por razones políticas. Los secretarios generales seguirían siendo cargos de designación política. Traducido: los partidos tendrían que renunciar a cuotas de poder consolidadas. La resistencia recorre el hemiciclo de izquierda a derecha y también atraviesa el propio PSC, donde no todo el mundo ve con gusto perder margen de colocación. ERC y los Comuns, socios prioritarios de Illa, no acompañarán la norma. Con ambos se negocia además la Ley de Empleo Público, todavía en tramitación.
Frente a esa resistencia interna, el texto tiene un aliado incómodo para la política catalana: el tejido económico. Unas 300 entidades —Cambra de Barcelona, CECOT, FemCAT, los colegios de economistas y de ingenieros— respaldan la reforma. El Fòrum d’Entitats per la Reforma de l’Administració (FERA), coordinado por Antoni Biarnès, ha pedido por escrito a los partidos que no devuelvan el texto: ‘No reclamamos que se apruebe como está ahora, sino que se debata sin más dilaciones y que se hagan los cambios que convengan’.
Ningún grupo quiere admitir por escrito que renuncia a colocar a los suyos. Esta ley obliga a firmarlo.
Con ese respaldo, Junts quiere ir más lejos que el conseller Albert Dalmau. El grupo es partidario de extender los principios de mérito e idoneidad a los ayuntamientos, no solo a los altos cargos de la Generalitat, y de reforzar el peso de la Escola d’Administració Pública de Catalunya en los procesos de selección. También discrepa en los plazos: Presidència dibuja contratos de siete años ampliables a catorce; los independentistas los quieren más cortos, pero por encima de los cuatro años de una legislatura.
El cálculo del PP: negar la ley es regalar 400 cargos
En el PPC la enmienda a la totalidad se sostiene sobre un argumento de gestión: ‘No es admisible no poder destituir a los responsables políticos de un anterior gobierno‘, defienden desde el grupo. Pero en el partido hay quien hace otras cuentas y anticipa un cambio de posición antes de diciembre. El razonamiento es frío: sin opciones reales de gobernar en Catalunya, tumbar la norma equivaldría a regalar 400 cargos al PSC y a sus socios.
Los Comuns confirmarán previsiblemente su enmienda a primera hora del viernes. ERC no ha movido ficha en público. Ambas formaciones comparten bloque con el PSC y ambas saldrían perdiendo con un sistema de selección blindado: menos margen de negociación, menos puestos que repartir, menos capacidad de condicionar la estructura de la Generalitat. La paradoja es notable. La ley la impulsa un Govern socialista al que sus propios socios le están diciendo que no.
El resultado previsible es que las enmiendas de devolución caigan y el texto llegue a la ponencia. Ahí empieza la pelea de verdad. Todo lo que no se cierre en esa fase, se juega después en el pleno, y un articulado puede salir del trámite irreconocible sin que nadie haya votado en contra de nada.
Una reforma aplazada durante años que puede quedar vacía
Catalunya no parte de cero. La profesionalización de la dirección pública lleva años en programas electorales y en cajones. El Estatuto Básico del Empleado Público, vigente desde 2007, ya exige que los puestos directivos se cubran con criterios de mérito y capacidad; lo que ha fallado es el desarrollo autonómico, históricamente tibio. La Generalitat ha convivido con estructuras donde el nombramiento discrecional era la norma y la selección reglada, la excepción.
De ahí que el riesgo no sea el rechazo, sino la dilución. Si Junts sustituye el texto por otro, si el PSC acepta plazos más cortos y menos blindaje en los ceses, si la ponencia rebaja las exigencias de la Escola, el resultado puede ser una ley de nombre ambicioso y efectos modestos. En esta redacción hemos visto suficientes reformas administrativas quedarse en el preámbulo como para dar algo por hecho.
Lo que observamos es un patrón conocido: las normas que tocan el reparto de poder se aprueban con entusiasmo retórico y se vacían en el trámite. La diferencia esta vez es el ruido de fondo. Las 300 entidades han puesto su nombre, el FERA habla de ‘una ocasión única’ y el tejido económico catalán ha decidido que la calidad de la Administración es un asunto propio. Eso no blinda el texto, pero encarece políticamente descafeinarlo.
El primer hito llega este viernes, 30 de octubre, con el cierre del registro de enmiendas a la totalidad. El segundo será el pleno previsto para diciembre, donde se sabrá si la ley sigue viva o solo sobrevive. Entre ambos se libra la negociación real: cuántos puestos, con qué plazos y con qué margen para el dedo.
