Vox exige explicaciones a Óscar Puente por la filtración de los audios de Urda, que cargan la culpa sobre un maquinista fallecido.
Qué exige Vox al ministro y con qué argumentos
La exigencia se produce un día después del siniestro ocurrido este miércoles en Urda (Toledo), donde un AVE y un Iryo colisionaron con un balance provisional de 69 fallecidos. La difusión de las comunicaciones entre el centro de control de Adif en Atocha y los maquinistas implicados ha encendido a los sindicatos ferroviarios y a formaciones de derecha e izquierda, que ven en el relato filtrado un intento de cargar la culpa sobre el eslabón más débil. Vox sostiene que ese material estaba amparado por el secreto de sumario.
El portavoz de Vivienda de Vox, Carlos Quero, fijó posición en Antena 3 con una advertencia: ‘no es normal que se estén filtrando cuestiones que deberían estar bajo secreto de sumario para atacar y hacer la vida imposible a un operario’. El reproche apunta a la filtración en sí, no al contenido técnico de las conversaciones, y obliga al Ministerio de Transportes a explicar quién tuvo acceso a esos audios.
El candidato de Vox por Barcelona a las elecciones catalanas del 29 de noviembre, Juanjo Aizcorbe, elevó el tono. Calificó de ‘malintencionada’ la filtración del Ejecutivo y lamentó que se difundiera cuando aún no se han hallado los restos del maquinista. Este Gobierno es capaz de todo y le da absolutamente igual la tragedia’, aseguró, antes de reclamar que ‘el peso de la ley’ caiga sobre los ‘responsables.
El argumentario del partido encuentra respaldo en el sector. El secretario general del Sindicato de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), Diego Martín, reprochó la difusión de ‘información que en teoría tenía que estar custodiada’ y situó el origen del siniestro en el fallo del sistema de señalización LZB, que dejó trenes detenidos antes de la colisión. El SFF-CGT calificó de grave la publicación de los audios y exigió a Adif que proteja a su personal; CCOO reclamó el cese ‘inmediato’ de Puente por ‘culpabilizar a las personas trabajadoras’.
El material difundido no aclara las causas del siniestro: señala, antes de tiempo, a quien ya no puede defenderse.
¿Qué recorrido tiene la exigencia de Vox?
El cauce parlamentario ya está abierto. La Diputación Permanente del Congreso, el órgano que vela por la Cámara cuando no hay periodo de sesiones, puede sustanciar la comparecencia del ministro, y ERC y Frente Amplio, del grupo Sumar, ya han registrado esa petición. Vox comparte el reproche de fondo y sitúa el foco en la filtración, no en el contenido de la investigación.
El PP mantiene su propio pulso. Alberto Núñez Feijóo señaló a Puente por ‘echarle la culpa a un operador de Atocha’, una ‘frivolidad impropia’ de un Gobierno que afronta dos tragedias en menos de un año en el mismo corredor ferroviario. No pidió aún la dimisión del ministro ni se refirió a las filtraciones, aunque consideró que las responsabilidades políticas deben asumirse antes de que concluya la investigación.
El reproche es transversal. El candidato de Esquerra al 29-N, Gabriel Rufián, lo resumió así: ‘Una situación inasumible requiere de asunción de responsabilidades, no de filtraciones para trasladarlas’. La candidata de Podemos, Irene Montero, avisó de que ‘no hay que ir a lo fácil y colocar toda la responsabilidad en un trabajador’; Compromís tachó la filtración de ‘despreciables’ y Adelante Andalucía preguntó si el Gobierno difundió los audios para virar el foco hacia el ‘factor humano’.
La estrategia de Vox: por qué aprieta ahora
La operación política del partido se apoya en tres flancos. El primero es la exigencia de responsabilidad política en el Congreso, con el foco puesto en la filtración. El segundo es la defensa de los profesionales del sector, un terreno en el que Vox coincide con los sindicatos mientras mantiene su crítica a la gestión del servicio ferroviario. El tercero es el pulso con el PP, que de momento calibra la intensidad de su reproche y evita pedir la dimisión de Puente.
No es la primera crisis ferroviaria que coloca al ministro en el punto de mira. La de Rodalies de enero, tras el accidente de Gelida, dejó la primera petición de dimisión de Puente, formulada entonces por ERC. Ahora el cese lo reclama también CCOO y el reproche por la filtración llega desde partidos de derecha y de izquierda. El cerco es hoy más ancho que en cualquier episodio anterior.
El asunto viaja además a la campaña catalana del 29-N, donde Aizcorbe es candidato por Barcelona. Con 33 diputados y tercera fuerza del Congreso, el GPVOX tiene en la Diputación Permanente el instrumento para sostener la exigencia mientras la investigación judicial sigue bajo secreto. La próxima cita, la comparecencia del ministro si prospera la petición, medirá si el reproche se queda en gesto o se convierte en coste político para el Ejecutivo.
