La UCO de la Guardia Civil ha certificado al juez Santiago Pedraz que la cúpula del instituto armado ordenó en julio de 2024 acelerar la investigación sobre David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y orientar su conclusión. Lo ha hecho por escrito, con nombres, fechas y comunicaciones internas.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha ocurrido? La UCO ha remitido al juez Pedraz dos informes que documentan, según su propio relato, órdenes de la cúpula de la Guardia Civil para acelerar la investigación del hermano de Sánchez.
- ¿Dónde y cuándo? En el juzgado central de instrucción que dirige Pedraz, en Madrid: reuniones del 12, 15 y 16 de julio de 2024 y entrega de la documentación el 28 de octubre de 2026.
- ¿Qué resultado? 46 páginas, dos informaciones reservadas revisadas y una filtración que la propia UCO descartó por escrito.
Los dos informes, de 46 páginas, están firmados por agentes del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO (Unidad Central Operativa, la unidad de élite de la Guardia Civil para criminalidad compleja y corrupción) que dirige Antonio Balas. Se remitieron al juzgado el miércoles 28 de octubre por el general de brigada Alfonso López Malo, jefe de Policía Judicial, y se incorporaron al sumario este jueves, en respuesta al requerimiento que Pedraz formuló el 6 de octubre en relación a las actuaciones de la Dirección Adjunta Operativa contra los investigadores. Los hechos que recogen no han sido validados por sentencia: la instrucción sigue abierta y las personas señaladas no han sido condenadas.
Las dos reuniones de julio de 2024
El relato arranca el 12 de julio de 2024. Ese viernes, el entonces director general, Leonardo Marcos, convocó a la cúpula tras conocer un oficio de la UCO librado en las diligencias que instruía la magistrada Beatriz Biedma en Badajoz. Según el documento, Marcos reaccionó «de manera vehemente», calificó el oficio de «malintencionado y prospectivo» y ordenó que el informe policial estuviera terminado el viernes siguiente con una conclusión cerrada: «que no había nada».
La indicación se trasladó a los oficiales el lunes 15 de julio, junto a la preocupación del jefe del departamento por lo sucedido. Ese mismo día supo que el director adjunto operativo había convocado una segunda reunión para examinar en exclusiva la investigación del hermano del presidente. La asistencia se limitó al jefe del departamento y al oficial coordinador de las pesquisas, evitando que comparecieran más investigadores y analistas.
El encuentro se celebró el 16 de julio de 2024. Manuel Llamas, director adjunto operativo del cuerpo, explicó que acudía por orden del director general y reclamó concentrar todos los recursos disponibles para acelerar las pesquisas y terminarlas cuanto antes, sin detallar la urgencia. Según el relato de los agentes presentes, afirmó que «nos usan» como ariete contra el Gobierno y pidió a los investigadores «ponerse de perfil» en la causa del hermano de Sánchez y en otras investigaciones de componente político: nada de proactividad, perfil bajo y dejar que sean los jueces quienes impulsen las diligencias.
Los investigadores trasladaron lo ocurrido a la magistrada Biedma: primero por teléfono, el 6 de septiembre, y seis días después en una reunión presencial. La jueza, según el informe, mostró su apoyo a los agentes y estudió fórmulas para protegerlos y preservar la investigación. En octubre la coordinación policial de las diligencias pasó al jefe del departamento. En el sumario figura como imputada la actual directora general del cuerpo, Mercedes González, junto al propio Llamas, según los datos publicados; ninguno de los dos ha sido condenado y la causa continúa.
Que la UCO pusiera por escrito lo que sus mandos le trasladaron y lo entregara al juez demuestra que el control interno del instituto armado funciona.
Dos informaciones reservadas y una filtración descartada
El segundo bloque del informe reconstruye las investigaciones internas abiertas por supuestas filtraciones. La primera, la información reservada 1/2024, nació tras la publicación de correos relativos a David Sánchez y Begoña Gómez que figuraban en una guía informática entregada a las partes junto al atestado. La UCO acredita que esa guía contenía ejemplos generados automáticamente para facilitar la consulta de miles de correos y que así lo había comunicado a sus superiores el 29 de noviembre de 2024 mediante dos notas de despacho.
La entrega de la guía fue una decisión de la instructora, que confirmó a los agentes que había autorizado su distribución para facilitar el derecho de defensa. Cuando Biedma conoció la pesquisa interna advirtió de que la determinación de qué documentos eran relevantes correspondía en exclusiva a su autoridad judicial y la consideró una injerencia en sus competencias. El procedimiento terminó proponiéndose su cierre sin responsabilidades.
La segunda arrancó el 11 de mayo de 2025, tras la difusión de conversaciones entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos. El director adjunto operativo reclamó información urgente sobre los dispositivos intervenidos y su posible procedencia. Los responsables de la UCO advirtieron de que el disco duro incautado en diciembre de 2024 a Koldo García contenía datos hasta octubre de 2021 y de que los mensajes publicados eran posteriores: ningún dispositivo analizado contenía esas conversaciones. Se constituyó un equipo especial para revisar de nuevo las evidencias, con idéntico resultado.
Ese mismo domingo, a las 11:30 horas, Llamas reunió al general de Armas, Explosivos y Seguridad para encomendarle la información reservada. Según las comunicaciones incorporadas, el general jefe de Policía Judicial trasladó que el propio DAO le había reconocido que tenía «claro que la filtración no sale de UCO». El general encargado de la pesquisa intentó entrevistarse con los magistrados responsables de las causas; el instructor del Tribunal Supremo advirtió de que no lo autorizaba y de que abriría diligencias contra quien lo practicara o lo hubiera ordenado. Finalmente, el DAO ordenó cerrar la información reservada.
El Contexto Operativo
El fenómeno que subyace a este sumario no es un delito clásico, sino la tensión que las causas con componente político proyectan sobre la cadena de mando de las unidades especializadas. La respuesta ha sido la que el sistema prevé: los agentes documentaron por escrito lo ocurrido, lo trasladaron a la instructora y el mando de Policía Judicial remitió el conjunto al juzgado en cuanto hubo requerimiento. Los plazos lo ilustran con precisión: 22 días entre la petición de Pedraz del 6 de octubre y la entrega de las 46 páginas el 28 de octubre.
La Guardia Civil, con una plantilla cercana a los 80.000 efectivos, concentra en la UCO las investigaciones de mayor complejidad del país, desde tramas de corrupción hasta redes transnacionales de narcotráfico, y la respuesta íntegra a los requerimientos judiciales es la carta de presentación de una unidad que trabaja bajo secreto de sumario. El Ministerio del Interior ha sostenido en sus comparecencias parlamentarias que la trazabilidad documental de las actuaciones es la principal garantía del sistema. La instrucción no ha concluido: el juzgado no ha agotado las diligencias y no se descartan nuevas comparecencias de los mandos citados en los informes.
Pedraz dispone ya de la versión escrita de quienes investigaron y de quienes mandaron. La causa del hermano del presidente sigue su curso y la Guardia Civil ha entregado al juzgado todo lo que se le pidió, incluido lo que compromete a su propia cúpula.
