Bruselas impone una moratoria de doce meses a las leyes nacionales sobre menores y redes sociales. La Comisión Europea quiere evitar que los Veintisiete legislen por su cuenta antes de que la norma común vea la luz.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Comisión Europea ha decretado este jueves una moratoria de doce meses a los proyectos de ley nacionales que se solapen con la futura Ley Europea del Niño.
- ¿Quién está detrás? El Ejecutivo comunitario de Ursula von der Leyen, con el portavoz digital Thomas Regnier como voz, y una negociación pendiente entre el Consejo y la Eurocámara.
- ¿Qué impacto tiene? El margen autonómico se estrecha: cualquier norma propia sobre edades de acceso nace ya con el riesgo de solapamiento que Bruselas quiere evitar.
Una moratoria de doce meses para que nadie legisle por su cuenta
El Ejecutivo comunitario ha confirmado este jueves la congelación, durante los próximos doce meses, de todo proyecto de ley nacional que se solape con las futuras reglas armonizadas. Lo hace después de haber presentado en septiembre la propuesta de la EU Kids Act, la Ley Europea del Niño con la que Ursula von der Leyen quiere una respuesta común al uso de pantallas entre adolescentes.
«Nuestra propuesta armoniza las reglas para asegurar que todos los niños en la UE reciben niveles de protección iguales, porque los problemas europeos requieren una respuesta europea unida», ha defendido en rueda de prensa el portavoz comunitario en materia digital, Thomas Regnier. La moratoria no enumera los países afectados, pero alcanza a cualquier gobierno con un texto en tramitación.
El contenido de la futura ley es nítido. Ningún menor de 13 años podrá abrir cuenta en una red social. Entre los 13 y los 15 el acceso será restringido mediante mini cuentas instaladas y vigiladas por los padres, con ajustes que limiten el uso. A partir de los 15, sin las restricciones de esta norma.
Los casos que Bruselas tiene sobre la mesa son elocuentes. Austria notificó su norma antes de que el marco europeo existiera; Francia, Italia, Eslovenia y Grecia tienen legislación en marcha. Regnier no quiso enumerarlas todas, aunque su argumento vale para cualquiera: si cada país fija una edad distinta, las plataformas lo tendrán «prácticamente imposible» y la protección acabará fragmentada.
Queda el calendario. La Ley Europea del Niño debe negociarse aún entre el Consejo —los gobiernos— y la Eurocámara antes de adoptar su forma definitiva. Ese proceso es el que ahora se blinda con doce meses de espera forzosa para las leyes nacionales.
El marco común se negociará durante el próximo año y, hasta entonces, ningún parlamento podrá adelantarse con una edad propia de acceso.
El margen autonómico que se estrecha en Galicia
La lógica que invoca Bruselas —mejor una norma que veintisiete— tiene una derivada inmediata en España. Las comunidades autónomas no legislan sobre plataformas, pero sí sobre educación, sanidad y servicios sociales, y por ahí transitaba buena parte del margen regulatorio propio. Ese margen se estrecha.
En Galicia, la Xunta de Galicia (el gobierno autonómico con sede en Santiago de Compostela) conserva las palancas no normativas: protocolos en los centros, acompañamiento sanitario, formación del profesorado, campañas de prevención. Lo que pierde es la posibilidad de fijar edades propias de acceso por ley, porque cualquier texto así nacería ya con el sello de solapamiento que Bruselas quiere evitar.
El traslado de escenario es político. El debate podrá llegar al Parlamento de Galicia (la cámara unicameral gallega, con 75 diputados), donde el PPdeG gobierna con 40 escaños y mayoría absoluta desde 2009. Pero las respuestas ya no dependerán de Santiago. Dependerán de Bruselas y, en todo caso, del Congreso.
Hay además una frontera que complica el mapa. En la Euroregión Galicia-Norte de Portugal (la entidad de cooperación transfronteriza entre ambas regiones) los menores usan las mismas plataformas a un lado y otro del Miño. Una edad de acceso distinta en Vigo y en Valença no protege a nadie: solo añade confusión a las familias.
Ahí está el núcleo del problema. Los padres gallegos, como los de cualquier otra comunidad, no necesitan veintisiete manuales de instrucciones. Necesitan uno.
El Laboratorio Gallego
Galicia lleva quince años siendo el territorio donde el PPdeG ensaya mayorías absolutas y marcos de gestión que luego se proyectan a Madrid. La protección de menores en internet no es una excepción. El PP de Alberto Núñez Feijóo ha hecho de la seguridad digital de los niños una bandera recurrente en el Congreso, y la Xunta ha acompañado ese discurso desde la proximidad: centros educativos, sanidad, familias. La moratoria europea le obliga ahora a un ejercicio distinto, porque el marco ya no se decide en Galicia.
La lectura política es incómoda para todos. El PPdeG pierde una parcela de iniciativa propia; el BNG y el PSdeG pierden también el escaparate autonómico donde reclamar medidas. Y Feijóo gana un argumento: si la norma es europea, el PP puede exigir al Gobierno de España que negocie rápido en el Consejo y no deje el asunto en un cajón. La proyección depende del calendario. El texto debe pasar por Consejo y Eurocámara, y el año de moratoria se agotará antes de que el reglamento esté cerrado. La incógnita es si ese paréntesis será recordado como un orden o como un año perdido.
Ficha del Caso
- El caso: La Comisión Europea paraliza doce meses los proyectos de ley nacionales sobre acceso de menores a redes para negociar una norma común y evitar veintisiete edades distintas.
- Datos importantes: Veto de acceso hasta los 13 años; acceso restringido con mini cuentas supervisadas entre los 13 y los 15; moratoria de doce meses; la ley necesita el acuerdo del Consejo y de la Eurocámara.
- Resumen: La Xunta conserva protocolos educativos y sanitarios, pero pierde la vía legislativa propia. El eje del debate se desplaza a Bruselas y al Congreso, con el PPdeG y el PP nacional midiendo quién capitaliza la protección de los menores.
