Los sindicatos han convocado huelga en el manipulado agroalimentario de Granada para los días 11 y 12 de noviembre. El paro llega en el peor momento posible para la campaña de envasado: en pleno punto álgido de la temporada de hortofrutícolas en la costa.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? UGT-FICA y CCOO Industria han formalizado una huelga de dos días en el sector del manipulado y envasado de Granada, con cerca de 4.000 trabajadores llamados al paro.
- ¿Cuándo? El 11 y el 12 de noviembre. Antes, el 9 de noviembre, patronal y sindicatos tienen una cita preceptiva en el Sercla para intentar desactivar el conflicto.
- ¿Qué supone para los ciudadanos? Un parón en plena recolección y envasado de la Costa granadina, con riesgo para el suministro y para el empleo de miles de familias que viven de la campaña.
Dos días de paro en el corazón de la campaña hortofrutícola
La convocatoria no es un globo sonda. La asamblea de delegados celebrada el pasado 16 de octubre dio respaldo a la medida, y las federaciones agroalimentarias de CCOO Industria y UGT-FICA la formalizaron con una consigna que resume el malestar acumulado: «Es el momento de decir se acabó».
El alcance del paro es amplio. Afecta a los cerca de 4.000 trabajadores que cada temporada pasan por los almacenes de manipulado y envasado de la Costa granadina, con Motril como epicentro de una actividad que encadena recolección, confección y expedición de hortalizas durante meses. Granada no se juega solo dos jornadas de producción: se juega el ritmo con el que sale el producto hacia los mercados europeos.
Los motivos que han llevado a la huelga aparecen detallados en el comunicado conjunto de las dos centrales. Hablan de la «rotunda negativa» de la patronal a constituir la mesa negociadora, del incumplimiento de los compromisos adquiridos previamente en el Sercla y de la «dilatación de los tiempos judiciales» como fórmula para paralizar cualquier vía de diálogo. La patronal no ha hecho pública, por ahora, su versión de lo ocurrido en la mesa.
Queda un último resquicio para el acuerdo. El 9 de noviembre está prevista la reunión preceptiva en el Sercla —el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía, el organismo de mediación dependiente de la Junta de Andalucía—, una cita que ambas partes conocen y que en conflictos anteriores ha servido para reconducir posiciones. Si no hay entendimiento, el paro arranca dos días después.
Cuatro mil trabajadores llevan años esperando un convenio que ordene una campaña que sostiene la economía de toda la Costa granadina.
Un convenio caduco y 1.826 horas anuales sobre la mesa
El fondo del conflicto es un convenio colectivo «caduco y obsoleto», en palabras de los sindicatos, que sigue fijando jornadas de 1.826 horas anuales. «UGT-FICA quiere un convenio del siglo XXI. No podemos aceptar como dogma unas 1.826 horas anuales que parecen intocables desde hace décadas, mientras cambian la producción, los ritmos de trabajo, la tecnología y las exigencias del mercado», advierte Juan Rivas, secretario de Negociación Colectiva, Medio Ambiente y Salud Laboral de UGT Granada.
A eso se suma el contexto económico. Con un IPC en el 5%, los representantes de los trabajadores sostienen que la actualización salarial de 2026 ha quedado anclada al SMI y que ese umbral no puede convertirse en la referencia de un sector con peso propio en la economía de la provincia. Denuncian además incertidumbre en la garantía de la jornada y riesgo de pérdida de derechos adquiridos.
El respaldo social que exhiben las centrales no es retórico. Recuerdan la manifestación del pasado año en Motril, donde más de 3.000 personas salieron a la calle en defensa de sus derechos laborales. «Sobran los motivos para acudir a una huelga que será histórica», señalan desde la representación sindical.
La Lectura Andaluza
El pulso del manipulado granadino es una pieza más de un tablero que conocemos bien en Andalucía. La comunidad lidera las exportaciones españolas de hortalizas, y el eje que une el poniente almeriense con la costa de Granada forma uno de los complejos de producción intensiva más grandes de Europa. Ese liderazgo se apoya en miles de manos que envasan, calibran y expiden a destajo cuando el fruto no espera. Cualquier parón se nota en la cuenta de resultados de las empresas y, sobre todo, en la nómina de quien vive de la temporada.
La proximidad del conflicto explica su dureza. Hablamos de cerca de 4.000 empleos directos concentrados en municipios donde la campaña es la principal fuente de ingresos del año, con Motril y el resto de la Costa granadina pendientes del calendario. Un convenio con jornadas de 1.826 horas y salarios referenciados al SMI dibuja un mercado de trabajo que la inflación del 5% estrecha por momentos. Y quien envasará la próxima partida de pepino o de aguacate es, casi siempre, un vecino de la comarca.
La proyección está escrita en el calendario. El 9 de noviembre, el Sercla acogerá el último intento de acuerdo; dos días después, Granada sabrá si los almacenes abren con normalidad o si el paro es efectivo. El conflicto llega, además, en vísperas de la revisión anual del SMI, una cita que marcará el suelo salarial del próximo ejercicio y que el sector seguirá con lupa. En una provincia que ha hecho de la agricultura su bandera, la negociación colectiva vuelve a ser la prueba de si ese orgullo se traduce en condiciones sostenibles para quien trabaja la tierra y para quien envasa lo que sale de ella. La respuesta se conocerá en apenas dos semanas.
