La moción de censura de Rairiz de Veiga desemboca en la granja de su candidato: los técnicos entran este jueves a medir el derribo.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El personal técnico del Concello de Rairiz de Veiga (Ourense) ha accedido este jueves a las 12:00, con autorización judicial, a la explotación avícola de Asunción Morgade… no: a la de Camilo Fernández Freire, para medir y fotografiar la ampliación que debe demolerse.
- ¿Quién está detrás? El Concello que dirige la socialista Morgade, que tramita el expediente; una autorización judicial que amparó la entrada; la Guardia Civil en el exterior; y Fernández, edil ex del PP y candidato a la alcaldía por una moción con cinco firmas.
- ¿Qué impacto tiene? El expediente urbanístico y la operación política comparten calendario en un municipio ourensano que resume la relación entre planeamiento y poder local en Galicia.
Una entrada a las 12:00 con autorización judicial y la Guardia Civil en la puerta
El acceso se produjo a las 12:00, tal y como estaba previsto. El personal técnico designado por el Concello de Rairiz de Veiga —el ayuntamiento, en la terminología administrativa gallega— franqueó la entrada de la explotación avícola vinculada a Camilo Fernández Freire, situada en la parroquia de Congostro, con una autorización judicial en la mano y con la Guardia Civil desplegada de forma preventiva en el exterior de las instalaciones.
Dentro, los técnicos tenían un encargo concreto: tomar mediciones y elaborar reportajes fotográficos. Con ese material se redactará el proyecto de demolición de la ampliación de la granja, una obra que incurre en la ilegalidad después de que quedara anulada su declaración de impacto ambiental. No es una inspección rutinaria. Es el primer paso administrativo de un derribo.
Lo llamativo es la cronología. La actuación urbanística que ahora se ejecuta fue firmada por la regidora apenas unos días antes de que se registrara la moción de censura. El expediente echó a andar primero; la operación política llegó después. Y el principal afectado por el derribo es, exactamente, el hombre que aspira a sustituir a la alcaldesa.
El candidato se agarra a las licencias, a las subvenciones y al TSXG
El mapa político del municipio cabe en una frase. Asunción Morgade, alcaldesa socialista, tramita el expediente para restituir la legalidad de la nave; Camilo Fernández, edil ex del PP, lidera un pacto con exconcejales del BNG y un tránsfuga socialista para arrebatarle el bastón de mando. Cinco firmas en total. En un concello de esta escala, el número de concejales lo fija el padrón del INE, y cinco firmas bastan para cambiar de gobierno y, con él, la mano que firma los expedientes.
Minutos antes de franquear el paso, Fernández atendió a quienes se acercaron a la explotación. No se opone a la inspección y asume que la administración local actúa «conforme á legalidade». Dicho eso, matiza: el expediente arrastra cinco años de antigüedad y él lleva tiempo presentando proyectos para legalizar la instalación sin recibir respuesta.
Su tesis se apoya en una lectura propia de la resolución del TSXG —el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, el máximo órgano judicial de la comunidad—. «Dise que hai unha sentencia que obriga a derrubala… a miña sentencia non di o mesmo», defendió. Y añadió la frase que resume su posición: «Se está ilegal, hai que demostralo».
En Rairiz de Veiga, el expediente urbanístico y la moción de censura comparten calendario, y ese calendario decide quién gobierna y quién firma.
Preguntado por la coincidencia, el edil la atribuye a la coincidencia es puro azar temporal y desvincula al resto de firmantes: el conflicto urbanístico, dice, le atañe «a min exclusivamente, non aos outros catro que firmamos a moción». Sobre si su motivación al llegar al gobierno local es paralizar su propio derribo, responde con el argumento de la separación de poderes: «se hai unha sentencia xudicial, como alcalde, nin eu nin ela, podemos facer nada».
Hay además un argumento económico. Fernández advierte de una responsabilidad patrimonial que alguien tendrá que asumir si el derribo se ejecuta sin agotar las vías legales. «Aquí non se fixo nada ilegal, fíxose todo con licencia, hai subvencións, e estivo a explotación funcionando durante un ano», sostuvo. Y dejó un razonamiento para el debate: si legalmente puede evitarse tirar una granja, una casa o un palleiro, por qué no hacerlo. «O concello deu unha licencia no seu día que agora está revocando e ordenando un derribo», zanjó.
El Laboratorio Gallego
Galicia organiza su territorio en 313 concellos, según el Instituto Galego de Estatística, y una política municipal que rara vez aparece en los titulares nacionales hasta que estalla. Este caso reúne los tres ingredientes clásicos: una mayoría frágil, un expediente urbanístico incómodo y una moción de censura que cambia de manos el gobierno a mitad de mandato. En lo autonómico, el guion es conocido: el PPdeG gobierna la Xunta con mayoría absoluta desde 2009, el BNG ejerce como primera fuerza de la oposición y el PSdeG ocupa la tercera plaza. El mapa municipal, en cambio, no responde a ese esquema.
Rairiz de Veiga, un municipio de la provincia de Ourense, no es un pleito del PP contra el PSOE, ni del BNG contra nadie: es una coalición de cinco concejales que mezcla un ex del PP, ex del BNG y un tránsfuga socialista. Esa mezcla no encaja en ningún relato nacional, y por eso conviene mirarla de cerca. La dimensión nacional aparece por dos vías. La primera es el urbanismo: si un cambio de gobierno local puede neutralizar un expediente de demolición ya en marcha, el problema no es de este concello, sino del régimen local español. La segunda es el transfuguismo, un fenómeno que en Galicia ha condicionado ayuntamientos enteros durante dos décadas y que ningún partido ha querido regular con reglas uniformes cuando ha tenido la llave.
El calendario tampoco ayuda: las próximas elecciones municipales, en mayo de 2027, obligan a cada formación a decidir qué hace con sus tránsfugas y con sus ex. Y queda por ver qué ocurre con el pleno de la moción de censura y con el proyecto de demolición, que avanza por su cuenta. Si el derribo se ejecuta antes de cualquier investidura, la moción perderá su objeto y el debate se trasladará a los tribunales. Si prospera antes, el nuevo alcalde se sentará en la mesa que tramita su propio expediente. Ahí está la incógnita.
Ficha del Caso
- El caso: La moción de censura de Rairiz de Veiga coincide en el tiempo con el expediente de demolición de la granja de su candidato, Camilo Fernández, edil ex del PP.
- Datos importantes: Entrada a las 12:00 con autorización judicial y Guardia Civil en el exterior; ampliación ilegal tras anularse su declaración de impacto ambiental; cinco firmantes en la moción; un expediente de cinco años.
- Resumen: Urbanismo y política municipal avanzan en paralelo en un concello ourensano que ilustra el debate nacional sobre transfuguismo y disciplina urbanística.
