EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Ejecutivo canario abre este jueves, 29 de octubre, y hasta el 29 de noviembre de 2026, la información pública del anteproyecto de Ley de Costas del archipiélago.
- ¿Quién está detrás? La Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario, que dirige Antonio Acosta, en el Gobierno de coalición de Coalición Canaria y PP.
- ¿Qué impacto tiene? Ciudadanía, ayuntamientos, cabildos y afectados por los deslindes pueden alegar un texto que ordenará los usos del litoral durante décadas.
El Gobierno de Canarias abre este jueves la información pública del anteproyecto de Ley de Costas del archipiélago.
El plazo estará abierto hasta el 29 de noviembre de 2026. Durante ese mes, la ciudadanía, las administraciones públicas y las entidades interesadas pueden consultar el texto y presentar sus aportaciones a través del portal de Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias. No es un trámite menor. De lo que se alegue en esas cuatro semanas saldrá el texto que llegue al Parlamento.
Una norma pensada para ocho islas y no para un mapa continuo
La propuesta parte de una evidencia geográfica que ninguna otra comunidad del régimen común comparte: el litoral canario no es una franja, son ocho franjas separadas por mar. El anteproyecto plantea una regulación adaptada a esa condición insular y a la importancia ambiental, social y económica de la costa. Busca compatibilizar la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad con el uso público del litoral y con las actividades económicas que dependen de él.
El texto incorpora además medidas de adaptación al cambio climático, criterios sobre la calidad de las aguas costeras y protección de los espacios naturales marinos. Y reserva un tratamiento específico para los núcleos costeros tradicionales, aquellos asentamientos que crecieron pegados al agua y cuya relación histórica con el mar no encaja del todo en las categorías generales. La norma quiere mirar a los cascos históricos del litoral, no solo a la costa virgen.
Los afectados por los deslindes, primera parada
La Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario, que dirige Antonio Acosta, ha previsto para la próxima semana una nueva reunión con la Comisión de Afectados por la Ley de Costas. También se sentará con la FECAM (la Federación Canaria de Municipios, que agrupa a los 88 ayuntamientos del Archipiélago) y con la FECAI (la Federación Canaria de Islas, que reúne a los siete cabildos insulares, los gobiernos de cada isla). El calendario de reuniones se solapa a propósito con el mes de alegaciones.
Ordenar más de 1.500 kilómetros de costa en ocho islas no es un problema de papel: es decidir quién puede vivir, trabajar y construir junto al mar.
El origen del conflicto no es nuevo. La Ley estatal de Costas de 1988, la Ley 22/1988 de 28 de julio, declaró de dominio público marítimo-terrestre una franja de protección que, aplicada sobre los deslindes practicados en las islas, dejó a miles de familias con viviendas y negocios en una situación jurídica discutida. La Comisión de Afectados lleva años reclamando una solución singular para Canarias. El anteproyecto aspira a ordenar ese debate con un marco autonómico propio.
Conviene no confundir el alcance de la norma. El texto no resuelve por sí solo los expedientes abiertos ni la situación individual de cada vivienda: eso dependerá del desarrollo reglamentario y, sobre todo, de lo que decida el Estado en el dominio público marítimo-terrestre, competencia que sigue siendo suya. Aquí no hay atajo. La ley autonómica ordena, pero no expropia competencias al Estado.
El Pulso Territorial
Canarias gobierna en coalición desde 2023. Coalición Canaria, la formación nacionalista que ha pilotado el Archipiélago en varias etapas desde los años noventa, y el PP sostienen al Ejecutivo de Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias. El acuerdo no alcanza la mayoría absoluta en un Parlamento de 70 escaños, así que cada norma de calado obliga a negociar con la oposición. Cada voto cuenta en el hemiciclo canario. Las elecciones autonómicas están fijadas para mayo de 2027.
Canarias es la única comunidad de las que cubrimos con ocho islas habitadas y siete cabildos con competencias propias sobre su litoral, lo que multiplica los interlocutores y los puntos de fricción. Sus más de 2,2 millones de habitantes, según el INE, se concentran en dos islas, pero el litoral se reparte por todas. El calendario aprieta: cerrada la información pública, el texto debe volver al Consejo de Gobierno, recibir los informes preceptivos y entrar en el Parlamento con las elecciones de 2027 en el horizonte. El riesgo real no está en los objetivos, sino en los plazos. Si la tramitación se ralentiza, el anteproyecto puede quedarse en moneda de cambio electoral y llegar al hemiciclo ya sin margen para enmiendas de fondo.
Ficha Autonómica
- El caso: El Gobierno de Canarias somete a consulta pública el anteproyecto de Ley de Costas del Archipiélago, un mes después de que el texto empezara a circular entre consejerías y entidades locales.
- Datos importantes: Periodo de alegaciones del 29 de octubre al 29 de noviembre de 2026; ocho islas habitadas, siete cabildos y 88 municipios; dirección general competente en manos de Antonio Acosta.
- Resumen: Cerrada la información pública, el anteproyecto debe incorporar aportaciones, recibir informes preceptivos y llegar al Parlamento de Canarias antes de las elecciones de mayo de 2027.
