Vox registra en la Eurocámara una pregunta a la Comisión Europea sobre los fondos europeos NextGenerationEU del ERTMS en Madrid-Sevilla.
La iniciativa la firma la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, que dirige Jorge Buxadé desde el grupo de Patriotas por Europa, y llega con una exigencia que resume el tono del escrito: saber qué se hizo con cada euro comprometido para modernizar los sistemas de seguridad ferroviaria del corredor.
El punto de partida es una contradicción. El Gobierno de Pedro Sánchez trasladó a Bruselas la ejecución de contratos para sustituir el antiguo sistema LZB por el ERTMS (European Rail Traffic Management System), el estándar europeo de gestión del tráfico ferroviario llamado a reemplazar a los sistemas nacionales. El problema es que ese sistema todavía no está operativo y su puesta en servicio podría demorarse hasta 2027. Sobre el papel, la obra figura como ejecutada. En la práctica, el sistema llamado a proteger la línea no funcionaba el día del siniestro.
Qué pregunta Vox a Bruselas y con qué argumentario
La pregunta parlamentaria europea, un instrumento escrito por el que la Eurocámara interpela al Ejecutivo comunitario, se ordena en varios bloques. Vox quiere saber qué fondos recibió España, qué documentación presentó el Gobierno para acreditar las obras y si llegó a certificar la sustitución efectiva del sistema de seguridad. Reclama además las posibles prórrogas contractuales y las garantías que se ofrecieron durante los trabajos.
Los datos que sostienen la denuncia son concretos. El contrato principal se adjudicó por casi 94 millones de euros y se formalizó en octubre de 2021. El plazo de ejecución era de 52 meses. Cuando se produjo el accidente, la línea seguía operando con el sistema LZB, que había registrado una avería previa a la tragedia. Ni la inversión ni el calendario se tradujeron, según Vox, en el cambio tecnológico que se comunicó a Bruselas.
Buxadé ha resumido el caso en una frase: ‘Después de Adamuz, España vuelve a sufrir una tragedia ferroviaria y seguimos sin tener todas las respuestas. Se comprometieron millones de euros para modernizar nuestros sistemas de seguridad, pero el día del accidente el nuevo sistema seguía sin estar operativo. ¿Qué obras se ejecutaron realmente? ¿Qué certificó el Gobierno ante Bruselas? ¿Dónde está el dinero?’. La delegación añade dos peticiones formales: una auditoría independiente y la recuperación de los fondos europeos si se acreditan incumplimientos.
La pregunta no pide un gesto político: pide papeles. Qué certificó España, ante quién y con qué respaldo documental es la clave de todo el expediente.
Qué recorrido tiene la iniciativa y qué debe responder Bruselas
El instrumento tiene límites y también recorrido. La Comisión Europea está obligada a contestar por escrito, aunque el calendario depende de sus servicios y de la documentación que reclame a Madrid. De su respuesta se sabrá si el Ejecutivo comunitario valida las certificaciones españolas o si abre la puerta a revisar la ejecución del plan.
La aritmética del contrato tampoco ayuda al Ministerio de Transportes. Contado desde octubre de 2021, el plazo de 52 meses expiraba a comienzos de este año, y el sistema seguía sin estar operativo. No consta respuesta pública del departamento que dirige Óscar Puente al contenido de la pregunta europea.
La estrategia de Vox: del Tribunal Supremo a Bruselas
La pregunta no viaja sola. Vox presentó este mismo jueves ante el Tribunal Supremo una querella contra Óscar Puente por delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave tras la tragedia de Urda, una actuación que se suma a las que el partido ya había activado después del siniestro de Adamuz. Bruselas es la segunda palanca. Si Madrid certificó ante la Comisión obras que no estaban concluidas, el asunto deja de ser un debate político y entra en el terreno del control del dinero.
Ahí está el flanco que Vox explota con más comodidad. El PP ha convertido la gestión ferroviaria en uno de sus flancos contra el Ejecutivo, pero no consta que haya pedido revisar las certificaciones remitidas a Bruselas. La pregunta europea le obliga a elegir entre acompañar la petición de auditoría o quedarse en la crítica genérica. Y coloca el debate donde el partido de Abascal quiere librarlo: en el control del gasto y en la responsabilidad de quien firma.
El siguiente hito es la respuesta de la Comisión Europea. Si llega con evasivas, Vox ya tiene argumento para una segunda pregunta y para exigir la comparecencia del ministro en el Congreso de los Diputados. Si llega con reparos al Gobierno, el Ejecutivo tendrá que explicar por qué certificó una sustitución tecnológica que aún no había concluido. En ambos escenarios, el expediente queda abierto.
