El Sidi Saler vuelve a los tribunales y al pleno: Compromís exige frenar el plan urbanístico que abriría la puerta a su reapertura.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Compromís anuncia un contencioso-administrativo contra la modificación del PGOU de Valencia aprobada en julio y registra una moción para el pleno del viernes 30 de octubre.
- ¿Quién está detrás? El gobierno municipal de María José Catalá (PP), la oposición de Compromís y el Ministerio para la Transición Ecológica, titular de la concesión del hotel.
- ¿Qué impacto tiene? De la votación depende que el edificio, cerrado desde 2011, siga abocado al derribo o pueda reabrirse dentro del Parque Natural de l’Albufera.
La formación nacionalista ha decidido mover ficha por dos vías en paralelo. Su portavoz en el Ayuntamiento de Valencia, Papi Robles, anunció este jueves el registro de un contencioso-administrativo contra la modificación puntual del PGOU —el Plan General de Ordenación Urbana, la norma que ordena el suelo del municipio— y confirmó una moción para el pleno de este viernes 30. El hotel lleva cerrado desde enero de 2011.
El texto que Compromís quiere tumbar salió adelante el pasado mes de julio, solo siete días después de que los dos fondos que explotaban el inmueble lo vendieran a un grupo empresarial con intención de reabrirlo. Robles sitúa la operación el 16 de julio y la luz verde municipal el 23. Entre medias, un detalle que la oposición considera decisivo: la exposición pública del año anterior mantenía el edificio en fuera de ordenación por exceso de volumen, mientras que la versión de julio hace desaparecer ese exceso y habilita obras de consolidación. La concejal lo llama «un plan a medida».
La consecuencia práctica es la que preocupa a vecinos y colectivos ecologistas. Hablamos de seis plantas de hormigón en primera línea de playa, dentro del Parque Natural de l’Albufera y justo encima del cordón dunar de la Devesa, donde el planeamiento solo admite dos alturas. Los nacionalistas sostienen que el edificio debió derribarse cuando gobernaban en la ciudad, entre 2015 y 2023, pero que las causas judiciales llegaron con el cambio de Alcaldía de por medio.
Hay dos administraciones en esta historia y solo una ha movido ficha. La concesión depende del Estado, en concreto de la demarcación de Costas del Ministerio para la Transición Ecológica. Su cláusula duodécima obliga a abrir expediente de caducidad si el inmueble pasa más de un año sin actividad ni autorizaciones. Van quince años sin actividad. «El Ayuntamiento abre la puerta y el Ministerio no la cierra», resumió Robles, que reprocha a Costas no haber «movido un papel» en ese expediente.
El Ayuntamiento, mientras, ha defendido hasta ahora lo contrario de lo que tramita. En el mandato anterior negó las licencias de obras para rehabilitar el inmueble con dos argumentos: estaba en fuera de ordenación sustantiva y las obras pretendidas excedían el límite urbanístico recogido en el PGOU.
Un edificio cerrado desde 2011 no necesita un plan a medida: necesita que alguien decida si se derriba o se le devuelve la legalidad.
Lo que ya dijeron los tribunales sobre el exceso de volumen
La vía judicial no es nueva. Dos sentencias del contencioso-administrativo, en 2024 y 2025, dieron la razón al criterio municipal de entonces: el edificio tiene más plantas de las permitidas y se levanta sobre dominio marítimo-terrestre de un parque natural. Los jueces concluyeron además que la intervención proyectada equivalía a una reestructuración total, incompatible con un espacio protegido. Los propietarios recurrieron al TSJCV, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, y siguen esperando resolución.
A eso se suma un informe del Servicio de la Devesa-Albufera fechado el 28 de enero de 2025. Pedía que el régimen de fuera de ordenación incluyera «los edificios manifiestamente incompatibles con el planeamiento» por su afección a valores patrimoniales o a espacios naturales protegidos, criterio que quedó recogido en un acuerdo de la Junta de Gobierno Local de julio de ese mismo año. La modificación siguió adelante igualmente.
La moción llega al pleno del viernes sin garantías. Compromís necesita votos que no controla, y el PP de María José Catalá juega con una ventaja: el debate no deroga la norma. Para eso hacen falta votos o un juez. A poco más de medio año de las elecciones municipales de mayo de 2027, el Sidi Saler se convierte en asunto de campaña.
El Escenario Valenciano
La partida se juega en tres tableros. El municipal, con un gobierno del PP que ha cambiado de criterio en cuatro años y una oposición dispuesta a rentabilizarlo. El autonómico, porque el parque natural lo gestiona la Generalitat y cualquier intervención en la Devesa implica a la Conselleria de Medio Ambiente además del Ayuntamiento. Y el estatal, donde el Ministerio para la Transición Ecológica conserva la última llave: la concesión es suya y su caducidad también. En el Congreso, la protección del litoral ha protagonizado debates recurrentes sin que el marco de costas se haya revisado a fondo en más de una década, una laguna que expedientes como este dejan a la vista.
La lectura es doble. En clave local, los nacionalistas buscan desgastar a Catalá en el terreno donde más rédito han obtenido: el urbanismo. En clave estatal, el caso muestra la fragilidad del sistema de concesiones en dominio público marítimo-terrestre. Cuando el Estado no ejecuta la caducidad y el ayuntamiento cambia la norma, el espacio protegido queda a merced de quien tenga la propiedad. La próxima cita es el pleno de este viernes; después, los juzgados. Y en mayo de 2027, las urnas.
Ficha del Caso
- El caso: Compromís lleva a los tribunales y al pleno la modificación del PGOU de Valencia que permitiría rehabilitar el hotel Sidi Saler, cerrado desde enero de 2011 dentro del Parque Natural de l’Albufera.
- Datos importantes: Seis plantas frente a las dos permitidas; venta del inmueble el 16 de julio y luz verde municipal el 23; dos sentencias (2024 y 2025) ya declararon el exceso de volumen; la cláusula duodécima de la concesión estatal obliga a abrir caducidad tras un año sin actividad.
- Resumen: El pleno del viernes 30 de octubre y el contencioso anunciado marcan el futuro de un edificio fantasma en primera línea de playa, con el Estado como titular silencioso de la concesión.
