La organización liderada por Francisco Correa será examinada nuevamente en un juicio que comienza este martes por las presuntas actuaciones de la ‘Gürtel’ en el municipio madrileño de Boadilla del Monte, una supuesta dinámica de adjudicación de contratos públicos a empresas de la trama a cambio de comisiones que han reconocido más de una decena de encausados, incluido el propio Correa, en sucesivos escritos con los que buscan reducir su eventual condena.
El juicio arranca el 16 de noviembre, después de dos aplazamientos, y seguirá miércoles y jueves, aunque están previstas más de treinta sesiones que se prolongarán al menos hasta finales de febrero.
Se dirige contra 26 personas físicas y otras 11 jurídicas como responsables civiles, mientras que el PP vuelve a estar señalado como partícipe a título lucrativo por presuntamente haberse beneficiado de esta operativa corrupta, motivo por el cual se le exige que resarza al Ayuntamiento de Boadilla del Monte con 204.198,64 euros, que es lo que las arcas municipales habrían dedicado a pagar actos del partido, incluidos electorales.
Según el juez instructor, la ‘Gürtel’ habría actuado de «forma ininterrumpida» en Boadilla del Monte al menos entre 2001 y 2009 enriqueciéndose de dos maneras: repartiendo ‘a dedo’ los contratos municipales entre las empresas de la trama «a cambio de la correspondiente comisión» y mediante «el apoderamiento directo de fondos de las entidades públicas» de la localidad madrileña.
El magistrado José de la Mata enmarcó esta derivada de ‘Gürtel’ en una red mucho mayor que habría actuado más allá de los limites de este municipio a través del ‘holding’ empresarial de Correa entre 1999 y 2009 con esa misma lógica «para conseguir contratos, emitir facturas falsas y ocultar los fondos obtenidos», para lo cual «sobornaron a autoridades y funcionarios, con quienes se concertaron (…) y ocultaron a la Hacienda Pública los ingresos ilícitos» conseguidos.
De la Mata observó en todo ello delitos de fraude a las administraciones públicas, falsedad en documento mercantil, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, asociación ilícita, tráfico de influencias, prevaricación y cohecho y, para asegurar las eventuales multas y responsabilidades civiles que pudieran imponerse a cada acusado, impuso fianzas de más de 150 millones de euros.
Las principales piezas de esta maquinaría habrían sido Correa y su ‘número dos’, Pablo Crespo, para los que Anticorrupción reclama penas de cárcel de 76 años y 7 meses y de 64 años y 7 meses, respectivamente. Les sigue el entonces alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, bautizado por la trama como ‘El Albondiguilla’, para quien interesa una condena de 40 años y 7 meses de prisión.
En un escalón inferior, tanto en ‘Gürtel’ como en la cuantía de la pena, se sitúan los ex gerentes de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) César Tomás Martín Morales y Alfonso Bosch, que habrían adjudicado varios contratos relacionados con la promoción inmobiliaria a cambio de comisiones, para los que el Ministerio Público demanda 39 años y 1 mes, en el primer caso, y 23 años y medio, en el segundo.
CONFESIONES A CAMBIO DE PENAS MENORES
De los 26 encausados que quedan –el número 27, Rafael Naranjo Anegón, que estaba acusado de pagar comisiones para que su empresa, Sufi, obtuviera contratos de la administración local, falleció en 2019– casi la mitad han confesado, algunos de ellos apenas una semana antes del juicio, pidiendo al mismo tiempo a Fiscalía que les rebaje la pena planteada.
El pasado marzo, Correa envió una carta manuscrita a Anticorrupción donde reconoce como «cierto» el relato de hechos realizado por el Ministerio Fiscal, detallando el funcionamiento de su grupo y el rol desempeñado por cada uno, tras lo cual propuso rebajar la petición de pena que se hace para él a 13 años y 6 meses de cárcel.
Ese mismo mes, Crespo, ex secretario de Organización del PP gallego, hacía lo propio expresando su «arrepentimiento sincero», mostrándose «consciente» del daño económico causado, y proponiendo pasar a 12 años y 9 meses de prisión.
González Panero, Martín Morales y Bosch también han admitido los hechos, así como Isabel Jordán, señalada como administradora de algunas empresas de la ‘Gürtel’; Javier del Valle, que asume que ayudó a ‘El Albondiguilla’ a ocultar las comisiones que se embolsaba a través de estructuras societarias en el extranjero; y el arquitecto Antonio de Miguel Reyes al poner negro sobre blanco que hacía la valoración técnica de las propuestas realizadas por las mercantiles de la trama.
Del lado de los empresarios también ha habido destacadas delaciones, como la de Alfonso García Pozuelo, presidente de la Constructora Hispánica; José Luis Martínez Parra, vicepresidente de Teconsa; José Luis Ulibarri, de otra constructora, UFC; y Jacobo Gordón, antiguo socio de Alejandro Agag –yerno del ex presidente del Gobierno José María Aznar–, que contó que ayudaba a mover el dinero de la ‘Gürtel’ mediante facturas falsas emitidas por su compañía.
ALGUNOS DELATORES APUNTAN AL PP
Algunos de los que en estos meses han optado por hablar han sostenido que parte de las comisiones que pagaban las empresas adjudicatarias se destinaba a pagar las campañas electorales del PP.
Así, ‘El Albondiguilla’ manifestó que fondos procedentes de la Constructora Hispánica se usaron en las campañas del PP para las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2003 y para las elecciones generales de marzo de 2004. Y que «esto se hacía según las indicaciones e instrucciones recibidas por parte de la dirección general y nacional del PP».
En la misma línea, Martín Morales sostiene que las campañas municipales del PP en Boadilla del Monte de 2003 y 2007 «se han sufragado gracias a pagos de contratistas a través del dinero que conseguía de los mismos Correa» y que los coordinadores de las mismas, Guillermo Ortega y Cristina Cifuentes, eran conocedores de ello hasta el punto de sugerir que los pagos se hicieran en efectivo para no superar el límite legal de donativos electorales a los partidos políticos.
El ex gerente de EMSV menciona asimismo al dirigente del PP madrileño Pío García Escudero, del que dice que indicaba las empresas que debían ser agraciadas con los contratos públicos porque «se financiaba así al partido regional».
Ambos describen un acceso directo de Correa a la cúpula nacional del PP por su supuesta «amistad» con dirigentes como Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas o Luis Bárcenas y dicen que usaba esa cercanía a Génova para impresionar a los dirigentes locales y regionales, consiguiéndoles «salvoconductos» para congresos nacionales donde pudieran «codearse» con ellos y agasajándoles con regalos para que luego respondieran en la misma medida a su entramado empresarial.
UNA VIS EXTORSIVA
El relato de los arrepentidos muestra asimismo una cara oculta de Correa que se traduciría en extorsiones. De hecho, Bosch –apodado ‘El Bujías’ y ‘El Neveras’ por su apellido– reveló que le llamaban ‘Don Vito’.
González Panero recordó en este sentido que cuando Correa y Crespo se sintieron traicionados porque creían que estaba haciendo negocios al margen de ‘Gürtel’ le hicieron llegar unas «Reglas de Conducta», escritas del puño y letra de este último, que el entonces alcalde interpretó como «amenazas». «No te queremos joder la vida», solo se trata de «restablecer la situación previa», decían para añadir: «Esto solo se romperá si tú lo rompes. Nada de engaños».
Cabe recordar que muchos de los que han confesado y este martes se sentarán en el banquillo ya fueron juzgados y condenados por otras ramas de ‘Gürtel’. Es el caso de Correa, Crespo, Jordán, García Pozuelo, Martínez Parra y Gordón.
