La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha calificado de «teoría de la conspiración» las declaraciones del comisario jubilado José Manuel Villarejo sobre el atentado del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils (Tarragona) y ha pedido que, por respeto a las víctimas, no se apoyen «este tipo de manifestaciones viniendo de dónde vienen y cómo vienen».
En concreto, el pasado 11 de enero durante el juicio por el caso ‘Tándem’, Villarejo afirmó que colaboró con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para «intentar arreglar el entuerto del famoso atentado del imán de Ripoll, que al final fue un error grave del señor Sanz Roldán, que calculó mal las consecuencias por darle un pequeño susto a Cataluña», en referencia al exdirector del CNI.
Precisamente por estas declaraciones ha preguntado este jueves a la ministra en la comisión de entidades locales celebrada en la Cámara Alta el senador de Junts per Catalunya, Josep Lluís Cleries, y le ha pedido que se desclasifiquen los documentos de la investigación y que se celebre una comisión de investigación que esclarezca cómo se produjeron dichos atentados.
«¿Por qué a su Gobierno le da pánico investigar a fondo cómo se produjeron los atentados en Cambrils?», le ha preguntado Cleries durante su primera intervención a la ministra.
En palabras del senador, a Villarejo no se le da credibilidad ni se le quita, sino que «hay que investigar» para que las familias de las víctimas del 17 de agosto puedan saber la verdad. «El Estado no está cumpliendo con esta obligación internacional», ha recriminado.
Al respecto, la portavoz del Ejecutivo ha recalcado que España ya ha vivido otras «teorías de la conspiración» y que por respeto a las víctimas del atentado «conviene no apoyar este tipo de manifestaciones, además viniendo de dónde vienen y cómo vienen», ha apostillado.
En este punto, ha puesto en valor el trabajo realizado por las administraciones públicas para combatir el terrorismo y por haber investigado el caso y ha hecho mención específica a la Generalitat, los Mossos d’esquadra y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como a la Justicia.
