La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha afirmado este jueves que existen vías para compartir la información sobre si España cuenta con el programa Pegasus y si se han intervenido las comunicaciones de líderes independentistas, sin poner en riesgo la seguridad nacional, al tiempo que ha recalcado que el Gobierno está sometido a la ley y por eso está limitado para dar detalles.
En declaraciones a TVE, ha señalado que hay cuestiones que están protegidas por la ley por cuestiones de seguridad y no por «capricho» del legislador. «Ya me gustaría poderles dar todos los detalles, pero me debo a la ley», ha contestado la portavoz al ser preguntada sobre si hubo espionaje y si España cuenta con dicho programa.
Así, ha pedido que se «exploren» los canales que sirven para dar respuesta a dichas cuestiones, según ha afirmado. Además, ha subrayado que el Gobierno no tiene «nada que ocultar» y que ha dado pasos «inequívocos» para desbloquear el «conflicto político» en Cataluña y recuperar la senda del diálogo y la normalidad institucional.
En la misma línea, ha añadido que el Gobierno «se somete a la ley» y por tanto ha pedido desterrar los discursos «populistas» y, a su juicio, alejados de la realidad que no se corresponden con las reglas del juego en una «democracia plena» como España.
PIDE NO ECHAR ATRÁS LO CAMINADO EN CATALUÑA
Para la portavoz, el Gobierno tiene «el aval de los hechos frente a las suposiciones» por las señas que ha dado de como quieren que sean las relaciones del Estado con la sociedad catalana y sus instituciones y que , según ha indicado, son muy valoradas por la ciudadanía en esta comunidad.
Rodríguez también ha señalado que las conversaciones con la Generalitat están «abiertas» y ha señalado que es «oportuno» que siga así. En este sentido, ha requerido que si ha habido «fracciones» como consecuencia de esta situación, se incrementen «todas las acciones que sean oportunas» para recuperar la normalidad.
Así, ha indicado que no quieren «echar atrás todo lo andado» que ha sido muy valorado por la sociedad catalana que a su juicio estima que ha de mantenerse la confianza entre el gobierno autonómico y el Central.
