El Gobierno concedió 133.000 permisos de protección a desplazados ucranianos desde el inicio de la guerra

Hasta 133.000 desplazados por la guerra de Ucrania han obtenido la protección internacional en España a través del procedimiento de urgencia activado por el Ejecutivo el pasado 9 de marzo, según ha informado este lunes el Ministerio del Interior.

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha puesto en valor este hecho, destacando que estos trámites se han llevado a cabo en un total de 70 comisarías de la Policía, así como en los cuatro centros de atención y acogida que se han habilitado en ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga o Valencia.

Interior ha destacado este dato dentro del balance que ha hecho de su actividad en lo que va de legislatura. De hecho, en este análisis, el Ministerio señala la concesión de la protección temporal a los desplazados por la invasión rusa a Ucrania como «una de las principales actuaciones que han marcado» su actividad «durante el primer semestre de 2022».

Del mismo modo, destaca su «intensa» labor en este semestre en el ámbito de la planificación con la aprobación de planes estratégicos para los próximos años.

En este sentido, ha señalado el Plan Estratégico Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos 2021-2023 que, según ha explicado el Ministerio, «establece cinco objetivos prioritarios y dieciséis líneas de acción que afectan tanto a instituciones públicas como al tercer sector y cuyo objetivo es abordar de manera multidisciplinar e integral este fenómeno criminal grave y de enorme complejidad».

Del mismo modo, ha puesto en valor el Plan Estratégico sobre Personas Desaparecidas (2022-2024). Interior, que ha indicado que se trata de «un plan pionero en Europa«, ha señalado que este «pretende incrementar las capacidades de prevención e investigación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y seguir mejorando los protocolos de actuación para ofrecer una respuesta más eficaz a las desapariciones».

«El plan presta especial atención a dos colectivos vulnerables: el de los menores tutelados, para determinar las causas de las ausencias y conocer los motivos de las reincidencias; y el de personas con algún deterioro cognitivo, con el fin de prevenir y elaborar planes de búsqueda específicos, en los que se cuente con más medidas tecnológicas para la prevención, investigación y resolución de casos», ha apuntado.

Además, ha destacado el II Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio que consta de «ochenta y seis medidas concretas para prevenir, detectar, investigar y atajar esta tipología delictiva, entre ellas la creación de grupos específicos de lucha contra los delitos de odio dentro de las unidades de información de la Policía Nacional y de la Guardia Civil».

En este balance del primer semestre del año y en el ámbito de la seguridad, el Ministerio ha recalcado también su trabajo para poner en marcha el III Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, que prolonga durante este año y el 2023 su vigencia y amplía su ámbito territorial de aplicación a las provincias de Granada, Almería y Sevilla, que se suman a las de Cádiz, Málaga y Huelva, en las que ya venía aplicándose.

Además, el departamento ha dirigido en este primer semestre dos dispositivos, que, según ha indicado Interior, han requerido «un amplio despliegue de efectivos y la coordinación de distintas instituciones y organismos«.

En concreto, se ha referido a los «cerca de 16.000 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad» que están garantizando desde el pasado 15 de junio la Operación Paso del Estrecho para gestionar el tránsito de los ciudadanos de origen magrebí entre la península y el norte de África y que, según ha apuntado, ya han superado el millón de personas.

Del mismo modo, ha destacado que «casi 9.000 agentes» han participado en la Operación Eirene, que buscaba garantizar la protección de la Cumbre de la OTAN en Madrid, durante los días 29 y 30 de junio, y que reunió en la capital de España a cincuenta jefes de Estado y de Gobierno.

Por otra parte, Interior ha señalado que, cumpliendo con los objetivos globales de la Agenda 2030, el Ministerio aprobó en junio la Estrategia Española de Seguridad Vial 2030 que pretende ser el «marco nacional de referencia en la política de seguridad vial» y que tiene como objetivo «reducir a la mitad para el año 2030 el número de muertes y lesionados graves causadas por siniestros de tráfico».

En cuanto al ámbito de los recursos humanos, Interior indica que en el último semestre se ha elevado la tasa de reposición de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hasta el 125 por ciento para revertir el proceso de reducción de plantillas que se había producido en anteriores legislaturas.

En este sentido, ha apuntado que en mayo el Consejo de Ministros aprobó la convocatoria de 4.992 plazas para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y como consecuencia de las convocatorias anteriores las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil superaron en julio los 154.500 efectivos. «La mayor cifra de los últimos diez años, rozando el máximo histórico alcanzado en 2011«, ha explicado el Ministerio.

La aprobación en Consejo de Ministros del proyecto de ley sobre precursores de explosivos o del Proyecto de Ley Orgánica que regula el acceso y uso por parte de las autoridades competentes de información financiera y de otro tipo de utilidad para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de las infracciones penales, son otras de las iniciativas destacadas por Interior.