EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Comisión Europea ha abierto una investigación formal para determinar si la indemnización de 23,5 millones de euros pagada por España a un fondo estadounidense tras un laudo arbitral constituye una ayuda de Estado ilegal.
- ¿Quién está detrás? La Comisión Europea, que ya en 2013 advirtió de que cualquier compensación por la reforma renovable debía contar con su visto bueno. El pago se realizó a Blasket Renewables Investment, un fondo que adquirió los derechos del laudo del grupo japonés JGC Holdings.
- ¿Qué impacto tiene? Si Bruselas concluye que hubo ayuda ilegal, podría obligar a España a recuperar el dinero, lo que abriría un nuevo frente judicial para el Gobierno en un momento de tensión por las reglas fiscales y el déficit.
La Comisión Europea ha abierto una investigación formal para determinar si la indemnización de 23,5 millones de euros pagada por España tras un laudo arbitral constituye una ayuda de Estado ilegal. La decisión, adoptada este martes, apunta directamente contra el pago ejecutado por el Gobierno español a Blasket Renewables Investment, un fondo de inversión estadounidense que adquirió los derechos del laudo emitido a favor del grupo de ingeniería japonés JGC Holdings.
Un laudo bajo sospecha: el origen del conflicto
El caso se remonta a la reforma del régimen de apoyo a las renovables que el Gobierno español impulsó en 2007 sin notificar a Bruselas. Seis años más tarde, en 2013, el Ejecutivo modificó de nuevo el sistema y esta vez la Comisión Europea validó el nuevo esquema, pero con una advertencia explícita: cualquier indemnización concedida por los tribunales arbitrales a los inversores por aquella reforma podría ser considerada una ayuda de Estado y, por tanto, requeriría su autorización previa.
JGC Holdings, presente en el sector renovable español, recurrió al arbitraje del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE) y en 2021 un tribunal condenó a España a pagar 23,5 millones de euros mas intereses. Sin embargo, la firma japonesa no llegó a cobrar la indemnización: cedió los derechos del laudo a Blasket Renewables Investment, un vehículo financiero estadounidense que ha intentado ejecutar el fallo en Países Bajos, Estados Unidos y Bélgica.
Bruselas sospecha ahora que el abono de esa cantidad —realizado finalmente por España al fondo— ha podido otorgar una ventaja económica indebida a su beneficiario, distorsionando la competencia en el mercado renovable frente a otros inversores que no recurrieron al arbitraje.
La advertencia de 2013 que España ignoró
Cuando en 2013 la Comisión aprobó el nuevo régimen retributivo de las renovables, incluyó en el texto oficial un aviso que apenas recibió atención en Madrid: “Las indemnizaciones que concedan los tribunales arbitrales nacionales o internacionales a los inversores podrían constituir ayudas de Estado y, por tanto, deben notificarse a la Comisión antes de ser abonadas”. El Gobierno de Mariano Rajoy nunca interpretó ese párrafo como una obligación de someter cada laudo al control de Bruselas.
Ahora, con la investigación abierta, el argumento del Ejecutivo choca de frente con la doctrina comunitaria. La Comisión entiende que su competencia sobre las ayudas estatales es exclusiva y que un tribunal arbitral no puede sustituirla. “El laudo del Ciadi otorgó una indemnización que nunca debió pagarse sin nuestro visto bueno”, resumen fuentes del Berlaymont consultadas por Merca2.es.
El análisis de la Comisión se centrará en tres aspectos: si la ventaja concedida es selectiva —porque solo JGC, y después Blasket, se benefició de un laudo—, si falsea la competencia y si es proporcionada. Además, Bruselas examinará el papel del TCE, un tratado que la propia UE ha ido vaciando de contenido para los litigios intracomunitarios pero que sigue plenamente vigente con inversores de terceros países como Japón.
El Eje del Poder Europeo
La decisión de abrir este expediente se enmarca en un giro estratégico de la Comisión. Desde la sentencia Achmea de 2018, Bruselas combate sin matices cualquier mecanismo de arbitraje que pueda eludir los tribunales de los Estados miembros. Pero aquí la situación es más compleja porque no se trata de un inversor europeo sino japonés, y la UE carece aún de un protocolo común para estos casos.
La Comisión deja claro que ni un laudo arbitral internacional puede vaciar su competencia exclusiva para controlar las ayudas de Estado.
Para España, las consecuencias van más allá de los 23,5 millones. Si la investigación concluye que el pago fue ilegal, el Gobierno estaría obligado a reclamar su devolución a Blasket Renewables —con la dificultad de ejecutar esa orden en Estados Unidos— y, lo que es más delicado, abriría la puerta a revisar decenas de laudos que Bruselas aún no ha fiscalizado. España acumula más de 50 condenas en arbitrajes del TCE, con indemnizaciones que superan los 1.200 millones de euros.
En este pulso, Moncloa se encuentra en una posición incómoda. Por un lado, defiende que el pago no es una ayuda sino el cumplimiento de una obligación internacional derivada de un tratado firmado por España. Por otro, la nueva regla fiscal europea le exige cada euro de gasto público. Fuentes del Ministerio de Economía consultadas por este diario no han querido comentar la investigación, aunque admiten que “se trata de un caso que puede sentar un precedente muy relevante”.
Históricamente, la Comisión ya forzó a Rumanía a recuperar 196 millones de euros del laudo Micula —análogo en muchos aspectos a este—, lo que desencadenó un enfrentamiento judicial de varios años. Ahora Bruselas parece querer aplicar la misma medicina a España. Si prospera, el mensaje para los inversores internacionales será contundente: cualquier compensación obtenida por arbitraje bajo el TCE puede ser declarada ayuda de Estado y, por tanto, confiscable. La investigación formal acaba de comenzar y se prevé un plazo de 12 a 18 meses antes de una decisión definitiva.
