El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes 4 de agosto, en Sevilla, el decreto que transfiere a Vox las competencias en materia de violencia de género y atención a menores migrantes no acompañados, en virtud del reciente pacto de coalición suscrito la semana pasada con el Partido Popular de Juanma Moreno.
La decisión, adoptada en la sesión ordinaria del Ejecutivo autonómico con sede en Sevilla, canaliza estas nuevas funciones a través de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, liderada por Manuel Gavira, dirigente de Vox en Andalucía. Con esta medida, la formación de Santiago Abascal asume por primera vez en la comunidad la gestión directa de dos ámbitos que han definido su discurso político nacional durante los últimos años.
El decreto otorga a Vox la dirección de las políticas autonómicas contra la violencia de género —un concepto que la propia formación ha cuestionado desde sus orígenes, al considerar que la Ley Integral contra la Violencia de Género introduce un agravio comparativo por razón de sexo— y la responsabilidad sobre los centros de acogida de menores extranjeros no acompañados. Se trata de un hito político para la formación de Gavira, que hasta ahora carecía de competencias en estas materias a nivel autonómico.
El acuerdo entre el PP y Vox ha supuesto un giro en la estrategia del Gobierno de Juanma Moreno, quien durante la negociación del pacto trató de mantener cierta distancia respecto al discurso de la formación de Abascal en estos mismos asuntos. Sin embargo, la necesidad de asegurar la estabilidad parlamentaria y un gobierno de coalición ha llevado a aceptar la inclusión de estas carteras en el reparto competencial, como reconocen fuentes de la Junta de Andalucía.
Andalucía se convierte así en la primera comunidad autónoma donde Vox gestiona directamente las políticas de violencia machista y la atención a los menores migrantes, creando un precedente que podría replicarse en otros territorios con gobiernos de coalición similares. El Ejecutivo andaluz prevé una transición ordenada de estas áreas, que en los próximos días se oficializará con la publicación del decreto en el BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía).
Por primera vez, Vox asume en Andalucía la gestión de las políticas de violencia de género y de los centros de menores inmigrantes, dos ámbitos que han marcado su identidad política.
El Impacto para la Gestión Autonómica
En la práctica, el traspaso de competencias supone que la Consejería de Justicia —y no la de Igualdad, como ocurría anteriormente— pasará a coordinar los programas del Instituto Andaluz de la Mujer y las subvenciones destinadas a la lucha contra la violencia machista. Desde el Gobierno autonómico, con sede en Sevilla, se insiste en que el enfoque asistencial y de protección a las víctimas se mantendrá, aunque fuentes del propio departamento admiten que la denominación y el marco conceptual podrían revisarse en los próximos meses.
En cuanto a los menores migrantes, la competencia abarca los centros de primera acogida y los programas de inserción socio-laboral que actualmente dependen de la Dirección General de Infancia. Andalucía acoge anualmente a cientos de menores no acompañados —la mayoría procedentes de Marruecos y el África subsahariana— y la gestión de estos recursos representa un desafío logístico y presupuestario significativo. Vox ha defendido en el ámbito nacional una política más restrictiva en materia de inmigración, por lo que la comunidad andaluza se convierte ahora en un campo de pruebas para ese discurso.
La Lectura Andaluza
La aprobación de este decreto ilustra la complejidad del equilibrio político en la Junta de Andalucía. El PP, que obtuvo mayoría relativa en las elecciones autonómicas, se ha visto obligado a ceder espacios de poder al socio de Vox para mantener la gobernabilidad. El hecho de que esas nuevas atribuciones recaigan en áreas tan sensibles como la violencia de género y la acogida de menores refleja hasta qué punto la aritmética parlamentaria condiciona la agenda del Ejecutivo autonómico. No es casualidad que Sevilla, sede del Gobierno andaluz, haya sido el escenario de un pacto que acerca al ejecutivo regional a las tesis de la formación de Abascal, al tiempo que aleja al Juanma Moreno de su perfil moderado.
Para los andaluces, este movimiento tendrá consecuencias palpables en la vida cotidiana. La gestión de los albergues para menores migrantes, por ejemplo, determina los recursos destinados a los barrios donde se ubican estos centros; asimismo, la orientación que se dé a las campañas institucionales contra la violencia machista influye directamente en la prevención y en la atención a las víctimas. La implantación de las nuevas competencias, prevista para este mismo mes de agosto, obligará a reordenar equipos y partidas presupuestarias, un proceso sobre el que los agentes sociales andaluces han comenzado ya a solicitar información.
La proyección inmediata del decreto se sitúa en el Parlamento de Andalucía, donde los grupos de la oposición —en especial el PSOE y Por Andalucía— exigirán explicaciones sobre el alcance del cambio competencial. Mientras tanto, el BOJA recogerá en los próximos días el texto íntegro del acuerdo, dando inicio a una etapa inédita en la política social andaluza. El reto para la Junta será demostrar que, con independencia del signo político de quien gestiona, los estándares de protección a las mujeres y a la infancia no se rebajan. La historia reciente de esta tierra demuestra que Andalucía sabe conjugar el cambio político con la estabilidad institucional; ahora toca escribir un nuevo capítulo.
