El PP quiere que el nuevo fiscal general del Estado se pronuncie sobre si su cargo debe ser designado por el Ejecutivo

El PP pedirá la comparecencia del nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para que se pronuncie sobre si su cargo debe ser designado o no por el Ejecutivo, según ha anunciado este miércoles el portavoz de Justicia del Grupo Popular en el Senado, Fernando de Rosa. El senador ha explicado una batería de propuestas que va a presentar la formación en la que se incluye la modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) para que el «vínculo» entre el fiscal general del Estado y el Gobierno no «empañe la imparcialidad que debe tener» el jefe de la Fiscalía.

«Vamos a pedir la comparecencia del fiscal general del Estado para que se pronuncie si está de acuerdo con lo manifestado por la Comisión de Justicia Europea de exigir esa desvinculación del fiscal general del Gobierno que lo ha nombrado», ha señalado. En este sentido, ha indicado que preguntará García Ortiz «si entiende desde el punto de vista jurídico la desjudicialización» de su cargo y cómo ello puede afectar a la actuación de la Fiscalía.

MÁS ÓRGANOS JUDICIALES

Al hilo, el PP ha anunciado una serie de propuestas que pretende llevar al Senado para «mejorar la Administración de Justicia», entre las que ha destacado la creación de 350 órganos judiciales –es decir, 280 órganos más de los que prevé implementar este año el Ministerio de Justicia dirigido por Pilar Llop– para «hacer frente a la crisis económica». En rueda de prensa, De Rosa ha hecho hincapié en la necesidad de poner en marcha un «plan de choque» de creación de órganos judiciales y ha subrayado la importancia de reforzar los juzgados mercantiles y civiles ante el escenario económico actual.

Asimismo, el senador ha defendido la creación de más Juzgado de Violencia sobre la Mujer y ha afeado que la ‘sí es sí’ no lleve aparejada la creación de este tipo de órganos. «Una vez más una vez más una ley que va a entrar con un déficit grave», ha dicho. Según ha precisado, se corre el riesgo de una doble victimización de las mujeres al existir la posibilidad de que sus casos se retrasen por la falta de juzgados especializados.

PROTEGER A JUECES DE ATAQUES

El PP ha insistido en propuestas que lleva tiempo defendiendo: exigir la no prescripción de los delitos de terrorismo, para que pasen a considerarse delitos de lesa humanidad; modificar el delito de homenajes a grupos terroristas o a sus miembros para que se agraven las penas; y proteger a los jueces y fiscales de los «ataques que sufren como consecuencia de su ejercicio profesional».

Asimismo, ha insistido en modificar la ley del indulto, para que se tenga en cuenta el informe del órgano sentenciador y se garantice que los motivos alegados sean «razonados y razonables». «El indulto es discrecional, pero es un acto jurídico que debe ser por tanto basado siempre en cuestiones y en motivaciones plenamente jurídicas».

De Rosa ha recordado la propuesta del PP en materia de okupación, para que se lleven a cabo juicios rápidos. Y ha presentado dos iniciativas del partido para «mejorar» la vida de los operadores jurídicos: que la enfermedad o accidente laboral sea causa de suspensión de juicio y que los profesionales del turno de oficio sean considerados autoridad, para protegerles de los ataques a los que dice se ven sometidos.

«Estamos trabajando para mejorar la Administración de Justicia y, por tanto, proponemos al Gobierno y proponemos a la ministra de Justicia que acepte nuestras propuestas, nuestra mano tendida para este plan de choque de la Justicia», ha señalado De Rosa.