El Pleno del Congreso ha aprobado este martes la toma en consideración de una proposición de ley impulsada por el PP en la Asamblea de Madrid para impedir que empresas y asociaciones sospechosas de antisemitismo puedan recibir dinero público, sea por contratos o por subvenciones.
La iniciativa ha superado este primera votación en el Congreso con el apoyo de los principales grupos parlamentarios del Congreso, salvo Unidas Podemos, que teme que su aplicación sirva para cortar ayudas a entidades palestinas que cuestionan al Gobierno de Tel Aviv.
En concreto, la proposición de ley implica modificar tanto la ley general de subvenciones como la de contratos del sector público, así como la ley orgánica reguladora del derecho de asociación, todo ello para combatir todo vestigio de antisemitismo.
El objetivo es que estos cambios de la normativa vigente imposibiliten que puedan recibir ayudas, contratos o subvenciones públicas «aquellas entidades que realicen prácticas discriminatorias por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, haciendo hincapié en el antisemitismo».
Así, proponen ampliar el régimen de prohibiciones establecido para la percepción de subvenciones a todo tipo de ente o entidad, de manera que los poderes públicos no facilitarán ningún tipo de ayuda a las asociaciones, entes o entidades que en su proceso de admisión o en su funcionamiento discriminen por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, por motivos antisemitas o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
DISCRIMINACIÓN AL JUDÍO
La proposición de ley ha sido defendida ante el Pleno del Congreso por los diputados autonómicos Almudena Negro y Pablo Gutiérrez de Cabiedes, del PP y de Vox, respectivamente, los dos partidos que sacaron adelante la iniciativa en la Asamblea regional.
Negro ha denunciado que «es tremendo que el antisemitismo esté repuntando en toda Europa, también en España» y ha asegurado que desde su grupo no cesarán en la lucha para erradicar «la discriminación del judío por el hecho de serlo».
Por ello, ha trasladado la «necesidad de recoger de forma expresa en la legislación aplicable española la prohibición de contratar o de obtener la condición de beneficiario de una ayuda pública, o de actuar como entidad colaboradora, para todo tipo de entidad que incurra en prácticas discriminatorias vinculadas con el antisemitismo».
«En España, decenas de municipios, entre los que se encuentran para nuestra vergüenza ayuntamientos madrileños, han aprobado en sus plenos mociones en las que se establece que los gobiernos locales no contratarán ninguna empresa, producto, entidad y organización que sea israelí o que tenga relación con el pueblo judío», ha lamentado Negro, al tiempo que ha afeado que «deportistas, cineastas o empresarios han visto rechazada su contratación por ser judíos».
Desde Vox han reafirmado su apoyo a la iniciativa, aunque su portavoz de Justicia en el Congreso, Eduardo Ruiz, ha avanzado su intención de presentar enmiendas con el fin de reforzar también el derecho a la libertad religiosa para los cristianos.
LEGISLACIÓN PARCIAL
El PSOE, que en la Asamblea de Madrid se abstuvo al considerar que la lucha contra los delitos de odio debe incluir también el racismo, la xenofobia o la homofobia, ha aceptado tomar en consideración la iniciativa del PP, pero ya ha adelantado que promoverá enmiendas para dejar claro que el antisemitismo no puede aplicarse a las críticas sobre actuaciones del Gobierno de Israel.
Y Unidas Podemos, que ya se opuso en la Asamblea de Madrid a la aprobación de la iniciativa, ha vuelto a votar en contra este martes en el Congreso al considerar que esa prohibición de subvenciones a entidades antisemitas esconde un intento por cortar ayudas a asociaciones propalestinas que cuestionan la actuación del Gobierno israelí.
