La proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos para eliminar el delito de sedición, que sustentó las condenas a los líderes del proceso independentista de 2017, ha superado este jueves por la noche su primera votación en el Pleno del Congreso con el apoyo de una mayoría holgada de la Cámara (187 diputados). A partir de ahora se abrirá un plazo de presentación de enmiendas por si la redacción se modifica.
A instancias del PP, la votación ha sido pública y por llamamiento, lo que ha obligado a cada diputado a levantarse en su escaño y anunciar su voto a viva voz en el hemiciclo. Como se esperaba, no ha habido fugas de voto.
La tramitación de esta reforma puntual del Código Penal ha sido apoyada por los diputados del PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Bildu, PDeCAT, Más País-Equo y BNG, que sumaron 187 votos, mientras que los del PP, Vox, Ciudadanos, CC, Navarra Suma, PRC y Foro, un total de 155 votos, se han pronunciado en contra. Los independentistas de Junts y la CUP, por su parte, han optado por la abstención (6).
La primera diputada en ser llamada a votación ha sido la socialista Inmaculada Oria, que ya ha adelantado que todo el grupo iba a votar unido «sin fisuras». Los demás diputados del PSOE se han puesto también de pie para escenificar esa unidad frente a la pretensión del PP de buscar desmarques.
Esta iniciativa, que incluye también la trasposición de varias directivas europeas y un agravamiento de penas por ocultación de cadáver, va a ser objeto de una tramitación exprés con el objetivo de que esté definitivamente aprobada antes de que acabe este año.
De entrada, y al haberse optado por una proposición de ley de los grupos en lugar de por un proyecto de ley del Gobierno, no ha sido necesario solicitar informes al Consejo de Estado ni el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El texto, que consta de 21 páginas, dos artículos (uno de ellos con 19 nueve apartados) y hasta nueve disposiciones, se registró el 11 de noviembre y la Mesa de la Cámara le dio su visto bueno tres días después, con el voto en contra del PP y Vox. También se aprobó su tramitación por el trámite de urgencia, lo que reduce todos los plazos a la mitad.
Tras calificarse por parte de la Mesa, el Congreso la remitió al Gobierno para que diera su conformidad a su debate, pues el Ejecutivo tiene capacidad de veto para iniciativas legislativas que considere que alteran su política presupuestaria, sea por merma de ingresos o por exceso de gastos. Moncloa cuenta con un plazo máximo de 30 días para responder al Congreso pero en este caso le sobraron 29 porque al día siguiente ya llegó el escrito avalando su tramitación.
El siguiente paso era poner fecha a su toma en consideración, lo que hizo la Junta de Portavoces el pasado viernes, sólo una semana después de registrarse. Como el rechazo de PP, Vox y Ciudadanos a la reforma impedía la unanimidad necesaria para incluir ese debate en el pleno ya previsto de Presupuestos, lo que se hizo fue convocar otro inmediatamente después.
Para ese segundo Pleno se ha fijado también el debate de toma en consideración de dos dictámenes de comisión aprobados esta semana: el relativo a la creación de los nuevos impuestos a la banca y las energéticas y la nueva Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global.
La previsión es que tras finalizar todos esos debates se produzcan la votaciones. Las de los dictámenes de comisión se harán electrónicamente como es habitual, pero la relativa a la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos, se hará por de forma nominal por llamamiento. Es decir, cada una de sus señorías al oír su nombre tendrá que decir su voto de viva voz desde su escaño.
Así lo ha propuesto el PP, que quiere que especialmente todos los miembros del Grupo Socialista dejen constancia verbal de su posición, una iniciativa que ha sido respaldada por Vox.
Una vez que la proposición de ley ha sido aceptada por el Pleno, se abrirá un plazo de enmiendas para que los grupos puedan hacer sus aportaciones. Eso sí, el PSOE y Unidas Podemos ya solicitaron el procedimiento de urgencia, lo implica acortar estos plazos a la mitad.
Las formaciones que rechazan de plano la reforma tendrán que registrar un texto alternativo para asegurarse un nuevo debate general antes de discutir las enmiendas parciales. Por lo pronto Junts ya ha anunciado que registrará su propia propuesta –basada en la jurisprudencia de tribunales europeos en relación con el ‘procés’– y se da por hecho que otros grupos como el PP o Vox harán lo propio.
Para acelerar esta segunda fase de enmiendas existe la posibilidad de que los grupos proponentes puedan solicitar que se tramite en lectura única, es decir, acumular todas las fases parlamentarias en la misma sesión plenaria, sin pasar por ponencia ni comisión.
En cualquier caso, si se pide y el Pleno aprueba la tramitación en lectura única, todos esos debates se harán de una tacada en una semana, y la proposición de ley podrá ser remitida al Senado a mediados del mes que viene para que complete allí su tramitación la semana del 28 de diciembre.
